[*]
Efraín Jiménez Romo
Samara Lizbet Ledesma Montes
Resumen
Los grupos originarios, también conocidos como grupos indígenas, han sido discriminados a lo largo de los años. Ante la emergencia global de salud debida al covid–19 esas comunidades se enfrentaron una vez más a un escenario de desigualdades, tanto en el aspecto de las políticas públicas como en el de las leyes puestas en marcha para combatir la epidemia. Conocer a través de los ojos de los grupos originarios los diferentes contextos, como el de la salud, la economía, la educación y el medioambiente que se vivieron en esta pandemia, es de gran importancia para poder aminorar la gran brecha que hay entre su situación y la del resto de la población. Por esto, en el presente capítulo se muestran las dificultades que se tuvieron en cada uno de los contextos, así como la forma en que las comunidades indígenas propusieron alternativas para poder contestar cuestionamientos como: ¿Qué va a suceder? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo nos vamos a organizar? Y el más importante: ¿Cómo vamos a hacer frente a los diferentes escenarios que se están planteando en el país?
Palabras clave: comunidades indígenas, pandemia, desigualdad social.
Abstract
Native groups, also known as indigenous groups, have been discriminated against over the years. Currently, we are faced with a declared global health emergency in which these communities once again face a scenario of inequalities, both in terms of public policies and the laws implemented to combat covid–19. Knowing the different contexts such as health, economy, education and the environment that were experienced in this pandemic through the eyes of the original groups is of great importance in order to reduce the great gap between the differences of their contexts with those of urban areas before public policies and laws. That is why this article shows the difficulties encountered in each of the contexts, as well as the way in which the indigenous communities proposed alternatives to be able to answer the questions of What is going to happen? How are we going to react? How are we going to organize ourselves? And the most important was: How are we going to deal with the different scenarios that are being considered in the country?
Key words: indigenous communities, pandemic, social inequality.
Cuando se habla de los pueblos originarios se hace alusión a una cultura prehispánica que tiene un trasfondo histórico y social, es decir, una vasta riqueza cultural plasmada en sus simbolismos, prácticas sociales, tradiciones y costumbres (Fabro, 2019; Álvarez, 2013). De una manera más específica, se puede definir con base en el artículo 2°, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) a los grupos indígenas como “aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.
Un rasgo característico de México es su gran multiculturalidad y plurilingüismo (Pérez & Rivera, 2011). A pesar de ello, se contempla a los indígenas como un grupo homogéneo, como un grupo conformado por una sola cultura o un solo pueblo, pero diversificado; se invisibilizan así las diferencias y la historia de cada una de estas comunidades. Actualmente en nuestro país se han identificado 68 pueblos indígenas; entre ellos se encuentran los mayas, los tarahumaras, los zapotecas, los huicholes, los coras, los tzeltales, los mixtecas y los totonacas (Del Val et al., 2021; Instituto Nacional de las Mujeres, 2006). Cada uno de ellos tiene una lengua originaria propia, la cual puede ser clasificada en una de las 11 familias lingüísticas, que se ramifican en 364 variantes registradas. La lengua principal es el náhuatl (Instituto Nacional de las Mujeres, 2006).
Tanto su lengua materna como las costumbres, cosmovisiones, características regionales, etcétera, demuestran que, a pesar de que hablemos de una misma cultura o una zona geográfica, hay una gran diversidad entre una localidad o región y otra.
Durante muchos años se pensó que la dispersión geográfica y la variedad de estos grupos era un problema, el cual se resolvería con su integración a la sociedad mestiza mediante diferentes procesos; uno de ellos era la uniformidad lingüística. El Censo de 2020 arrojó el dato de 7.3 millones de personas de tres años en adelante que hablan alguna lengua indígena en México; de ellos, 3.5 millones son hombres y 3.7 millones son mujeres (Inegi, 2020). Por otro lado, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas indicó que 25 millones de personas se identifican como pertenecientes a un pueblo indígena (2019). Los números indican que estas comunidades no representan una minoría que se pueda integrar a la sociedad mestiza. El verdadero problema es la imposición del lenguaje, que se convierte en un impedimento para su propio crecimiento (Álvarez, 2013) y viola su derecho a la autonomía y autodeterminación.
Otro reto que afrontan las comunidades originarias para su desarrollo es su lugar de residencia y su dispersión en el país. La mayoría de los grupos viven en estados sureños, especialmente en Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero e Hidalgo (Inegi, 2020; Coneval, 2020). Es bien sabido que en el sur de México la situación económica es más baja con respecto a otros estados ubicados en el centro o en el norte. Desafortunadamente, al hablar de pueblos indígenas no solo hablamos de riqueza cultural, sino también de su relación estrecha con la cuestión de la pobreza.
A pesar de las diferencias que se aprecian en cada una de estas comunidades, todas coinciden en la marginación: 51.5% de los municipios indígenas tienen un grado de marginación alto (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2015). Esta situación apareció en la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación realizada por la Secretaría de Desarrollo en 2005, cuyos datos indican que este segmento de la población se identifica como un grupo marginado. Aproximadamente 90.8% de las personas que fueron entrevistadas cree que sí hay una situación de discriminación por ser indígena, además de reconocer que son el segundo grupo social más desprotegido (Álvarez, 2013).
Desgraciadamente, a pesar de que desde 1990 se firmó el convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), el cual acepta que los pueblos indígenas y tribales deberán de gozar sin algún obstáculo o discriminación de los derechos humanos y sus libertades (Organización Internacional del Trabajo, 2014), sigue existiendo una lucha para conseguir la armonización de las leyes vigentes en el país con ese convenio. Estos pueblos comparten el contexto derivado de un marco legal y políticas públicas en las que al final no se les toma en cuenta y solamente crean una marginación mayor en la educación, la lengua, el territorio, la salud, la organización de las comunidades, etc. Todo esto afecta la toma de decisiones para seguir desarrollándose.
En los últimos años se vivió una pandemia global, la cual afectó a todas y cada una de las personas, sin importar en dónde o en qué situación vivieran. Sin embargo, los pueblos originarios de México se vieron aún más perjudicados debido a que las políticas públicas y el marco legal no eran los apropiados para su realidad. La gran marginación en la que se encuentran estos grupos ha provocado desde hace tiempo una batalla por el derecho a la autonomía y la autodeterminación de los indígenas en la educación, la lengua, el territorio y la salud.
La finalidad de este capítulo es presentar los diferentes contextos que se vivieron y siguen presentes en las comunidades indígenas, así como las propuestas que los mismos actores hicieron y aplicaron en el sector salud, educacional, económico y de medioambiente mediante diálogos y acuerdos a lo largo de esta emergencia de salud pública conocida como covid–19.
Salud
Al comienzo de la pandemia no se tenía certeza de lo que era este virus, cómo afectaba, a qué afectaba y la forma en que se propagaba, lo cual volvió difícil la toma de decisiones y las políticas públicas para combatirlo. Se decretó de inmediato el aislamiento en casa para evitar las aglomeraciones, estar en espacios cerrados, el contacto con las demás personas y otras medidas que pudieran prevenir los contagios, todo esto basado en la simple lógica. Sin embargo, no se tomaron en cuenta los diferentes contextos del país; se dejaron de lado los entornos rurales e indígenas en los que es totalmente distinta la concentración de población por metro cuadrado, los espacios abiertos y las dinámicas y actividades que se tienen en estos, entre otros aspectos.
Asimismo, se sugirieron medidas sanitarias, que al final se volvieron obligatorias, como el lavado de manos, el uso de gel y el cubrebocas. El problema era que no toda la gente en México tenía —ni tiene aún— fácil acceso al agua, el cual es un elemento básico no solo para combatir la pandemia, sino para vivir con dignidad. Únicamente 2.4 millones de viviendas indígenas de 2.7 millones disponen de agua entubada (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2015). La cobertura de este servicio en las zonas rurales en 2015 fue inferior a las zonas urbanas por 12.2% (97.2% urbanas y 85.0% rurales). A esto habrá que aunar el hecho de que muchas comunidades indígenas residen en el sur del país, que es donde hay una menor disponibilidad de ese servicio elemental (Soares, 2021).
Con respecto al uso de cubrebocas, se encontraba fuera de contexto en las zonas indígenas. Además, las mascarillas estándar tienen una vida útil de cuatro horas; las quirúrgicas, entre cuatro y seis, y las N95 y KN95 un máximo de 24 (Secretaría de Salud Pública de Sonora, s.f.; IMSS, 2020). Así pues, la adquisición de este dispositivo sanitario representó un gasto para comunidades en las que podría no haber sido necesario del todo.
En lo referente a la aplicación de pruebas ante sospechas de contagio, posiblemente era un requerimiento innecesario para la mayoría de los trabajadores de los grupos originarios. A esto habrá que añadir que a veces no se podía cumplir con este requisito debido a que en las localidades en donde se encuentran estas personas no se contaba con esas pruebas.
Además de las deficiencias señaladas en cuanto a las políticas públicas para la fase de dispersión comunitaria, estaba la problemática de la falta de infraestructura hospitalaria y suministros médicos. Esta situación devastó a la gente tanto en la zona urbana como en las zonas rurales e indígenas. No bastaba el hecho de que no en todos los hospitales se atendía a personas con covid, sino que muchos de los enfermos debían movilizarse fuera de su comunidad para que se les pudieran ofrecer el servicio médico necesario.
Todo esto agravaba la situación, pues implicaba un traslado que para algunos era muy difícil y conllevaba un gasto que en ocasiones no se podía sufragar. Y, como si fuera poco, muchas veces los pacientes llegaban a la ciudad y eran rechazados en el centro hospitalario. Con esto se violó una y otra vez el derecho a la vida consignado en el convenio 169 de la OIT anteriormente mencionado.
Debido a que todas estas políticas públicas dejaban fuera de contexto a las comunidades originarias, estas tomaron otras medidas para combatir la emergencia sanitaria. A fin de reducir el riesgo de contagio, decidieron aislarse, pero no en casa, sino en comunidad. Se controlaba la entrada al pueblo; sus habitantes estaban atentos para ver quién ingresaba y quién salía. Una de las poblaciones que se pueden mencionar como ejemplo de esta estrategia fue Jaltepec de Candayoc, Oaxaca.
Otra de las políticas puestas en marcha por grupos originarios fue la de recurrir no solo a la medicina alopática, sino también a la medicina alternativa y a la tradicional, así como buscar ayuda moral en sus creencias y fortalecer su protección mediante celebraciones, incluyendo danzas y ceremonias.
Economía
Con la llegada del covid–19 muchas cosas dieron un giro radical y se presentó lo que por mucho tiempo se temía: la escasez de insumos y alimentos. Este fenómeno fue casi imperceptible en las grandes ciudades, pues recibieron subsidios al ser consideradas zonas prioritarias; sin embargo, en las zonas rurales e indígenas pronto empezó a ser muy notorio.
Además de la escasez, los grupos originarios urbanos comenzaron a quedarse sin ingresos, ya que muchos de ellos se dedican a la elaboración y comercialización de artesanías en espacios como tianguis o mercados. Debido a la pandemia, estos espacios fueron suspendidos, dejando a estos comerciantes sin la posibilidad de allegarse recursos. A pesar de esto, los grupos indígenas buscaron otra opción para sobrevivir dentro de las ciudades. Desgraciadamente, los índices de desempleo eran altos y no había nada que ofrecerles.
Ante esta difícil situación las comunidades empezaron a dialogar y a escuchar propuestas con el objetivo de fortalecer las redes de comercio alternativo y las prácticas solidarias comunitarias. Gracias al regreso de algunos integrantes de las comunidades a su lugar de origen y al apoyo de las familias era factible reactivar la vida agrícola. Esta era un área de oportunidad para conseguir la subsistencia y evitar la pérdida completa de ingresos.
Por otro lado, nuestra universidad, el ITESO, con diversos proyectos y programas, tiene consolidadas desde hace tiempo colaboraciones con colectivos a los que ayudan en sus ingresos ofreciéndoles oportunidades de comercialización, fortalecimiento de redes y estrategias de economías alternativas, autonomía alimentaria, salud comunitaria, agrotecnologías, pequeñas y medianas empresas y tecnología para la incidencia social, es decir, enfocada en el buen vivir. Por razones obvias, ante la pandemia esas vinculaciones se volvieron más pertinentes y urgentes.
Educación
La educación representa uno de los temas de mayor complejidad, por lo que el ITESO ha colaborado desde hace 30 años con algunos centros educativos interculturales para afrontar y resolver esta problemática en los grupos indígenas. Como es bien sabido, durante la emergencia sanitaria la Secretaría de Educación Pública instrumentó estrategias de educación a distancia. Inicialmente se presentaron imprevistos y retrasos por falta de organización. Además, las clases virtuales requieren internet, servicio del cual carecen muchos alumnos de las comunidades originarias. Para solventar este problema la SEP decidió televisar las clases; sin embargo, la situación no se resolvió completamente, pues en las zonas rurales muchos también carecen de televisores.
Un buen número de estudiantes indígenas abandonaron su proceso educativo debido a que no podían hacer los reportes o tareas que indicaban los profesores y que era necesario presentar en la asesoría presencial.
Con la finalidad de ayudar a un mayor número de alumnos la Secretaría de Educación puso en marcha otra estrategia, que consistía en la entrega de cuadernillos a las familias; pero tampoco funcionó, pues muchos padres y parientes no tenían las herramientas escolares para ayudar a los estudiantes.
En cuanto a los indígenas que realizaban estudios en el ITESO en los años de la pandemia de covid–19, fue muy complicado continuar su preparación bajo estas circunstancias. Su economía era tan precaria que al final se registró una deserción del 20%, porcentaje realmente alto.
Pero no todo fue negativo. Algunas comunidades originarias decidieron romper el aislamiento en casa para poder trabajar no únicamente en los programas de las materias del currículo, sino en el enriquecimiento de los saberes que algunos centros educativos indígenas no tenían incluidos en su modelo educativo, como la agricultura, la siembra y la lengua materna. Igualmente, se abrieron espacios de intercambio de ideas entre los docentes y directivos para compartir y mejorar las prácticas pedagógicas, además de crear sus propios materiales, brindar asesorías a grupos pequeños y difundir lo aprendido entre los mismos alumnos.
El ITESO, haciendo frente a la deserción de estudiantes y como apoyo a ellos, colaboró en espacios de diálogo, materiales educativos, fortalecimiento en las estrategias de regularización académica y acompañamiento psicoafectivo. Asimismo, la universidad, otorgó becas para que sus estudiantes indígenas tuvieran acceso a dispositivos esenciales, como las computadoras, o cubrir gastos básicos como el pago de internet o luz en casa. De esta manera se intentó mitigar la desigualdad.
Medioambiente
Por desgracia, diversas comunidades indígenas no solamente se vieron afectadas en su persona, sino también en el lugar en donde habitan. No es una situación nueva que los grupos indígenas sean atacados, por no decir amenazados, por los megaproyectos. Este problema se agravó a causa de la emergencia de salud pública, pues los grupos que están detrás de esos proyectos se aprovecharon de que el sistema jurídico y los procesos legales se volvieron mucho más lentos y burocráticos para corromper a funcionarios. Ellos aceleraron el paso en el desarrollo de sus planes e invadieron el territorio de algunos grupos originarios.
Y aún más. Muchos indígenas no solamente fueron amenazados, sino asesinados por ser activistas defensores de su territorio. México es el segundo país con más crímenes en defensa a la tierra y el medioambiente (Enciso, 2021). En 2020 ocurrieron 30 asesinatos contra ambientalistas; un tercio de estos casos estuvieron vinculados con la tala. A la cuenta habrá que agregar 90 agresiones. Estas cifras representan 67% de aumento respecto a 2019, cuando ocurrieron 18 asesinatos. Una posible causa del incremento de personas agredidas pudo ser la pandemia (Enciso, 2021). Por otro lado, en 2021 se registraron al menos 28 asesinatos contra defensores ambientales y líderes indígenas (Ramírez, 2021). Una situación poco mencionada, pero bien conocida, es el caso de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en donde se han provocado incendios intencionales para hacer inhabitable una zona y así poder expulsar a las comunidades de su territorio. Con acciones de este tipo se muestra el dominio que se tiene sobre la población y los gobiernos locales y estatales.
Por otro lado, y de manera impune, se encuentra la tala inmoderada que va haciendo que ganen terreno los grupos armados y el narcotráfico. Este último se ha vuelto tan importante que no solo tiene que ver con el comercio de drogas, sino con todas las actividades ilícitas propias del crimen organizado, entre ellas la trata de personas. En muchos territorios indígenas los grupos delictivos han cooptado absolutamente todo; la siembra, la pesca, la madera o cualquier recurso natural, así como los negocios en general. Se apoderan y controlan una a una las fuentes de trabajo y de ingreso cobrando derecho de piso. Despojan las tierras por medio de amenazas, se llevan a los adolescentes para integrarlos a sus grupos y realizan toda clase de fechorías, cuyo resultado es que la gente huya de su lugar de origen.
Cuando hablamos de territorios, vale la pena mencionar que el concepto de tierra que tienen las comunidades originarias es diferente al occidental. Para los grupos indígenas no es una pertenencia o un insumo, sino el lugar vivo que da y que comparte todo lo que contiene; incluso el ser humano le pertenece, junto con la flora, la fauna, la vida y la deidad. En las comunidades Wixaritari, conocidas con el nombre de huicholes, la tierra se concibe como Tatei Yurienaka, es decir, un espacio sagrado. Por tanto, existe un vínculo estrecho entre las comunidades y la naturaleza. Los espacios, por ser sagrados, merecen veneración y respeto. No se trata, pues, de un recurso que está al servicio del hombre, sino de un lugar que se cohabita y se defiende porque el hombre es parte de él.
Desgraciadamente, el acecho y la amenaza aumentó en los años de pandemia, ya que los ojos del mundo estaban enfocados en el covid–19, y era natural que así sucediera. Sin embargo, se dejó de pensar en estos grupos, que como es costumbre fueron marginados de una u otra manera en muchos aspectos, además de negárseles el derecho a la vida y a un hogar. La pandemia invisibilizó todas estas luchas y urgencias. Aquellos sucesos, como el asesinato de los líderes o de los activistas y las invasiones, no tuvieron eco en los medios de comunicación, porque fue la pandemia la que estuvo llenando las primeras planas en las redes y los medios. Todo esto contribuyó a que aumentara la vulnerabilidad de las comunidades originarias.
Para poder combatir estas problemáticas las comunidades abrieron espacios para dialogar y proponer alternativas. Estas se basaron en romper el aislamiento y reactivar las estrategias de defensa y organización. Visibilizar y denunciar las violaciones a los derechos humanos y el abuso de poder en sus territorios fue una parte de la construcción de un plan de desarrollo integral regional en el que se reunieron las principales autoridades de las comunidades de Jalisco, Durango y Nayarit. De esta manera se intentó reactivar la organización comunitaria y poder evitar los ataques, defender sus tierras, pero sobre todo habitarlas, creando así proyectos y programas de fortalecimiento cultural y comunitario. Así pues, la defensa de las tierras y la resistencia se realizó sembrando, danzando, organizándose y teniendo asambleas. De esta forma las comunidades llevaron sus procesos jurídicos e hicieron uso del derecho de vivir o del buen vivir en sus territorios.
Conclusiones
En este recorrido de la vivencia del covid–19 en las comunidades originarias se conocieron los diferentes contextos en los que estos grupos enfrentaron la emergencia sanitaria (salud, educación, medioambiente y economía). Las circunstancias adversas en las que vivieron esta enfermedad expusieron aún más la situación de marginación en la que se encuentran y la vulnerabilidad que tienen frente a la delincuencia organizada.
Como sociedad, es importante luchar para que se den a conocer las diferentes situaciones que se tienen en el país para, además de apoyar y hacer que se cumplan las leyes y políticas, integrar a cada una de las personas con sus diferentes contextos y poder así ejercer el derecho del buen vivir.
Sin duda, la pandemia dejó en evidencia las desigualdades históricas, sistemáticas y estructurales a las que han sido sometidas las comunidades originarias de nuestro país, así como la violación de los derechos humanos que, a pesar de ser declarados y promovidos por convenios internacionales, nuestras leyes no han sido armonizadas con ellos y las políticas públicas distan mucho de generar condiciones de equidad.
Hay que mencionar que, aunque hicimos un análisis de las implicaciones y del impacto que tuvo el covid–19 en los grupos originarios, dentro de ellos también existen matices. Es necesario considerar la interseccionalidad, es decir, las personas que aparte de ser indígenas cumplen con otras condiciones como el género, la edad, el contexto de movilidad o alguna discapacidad; estas variables provocan que aumente la situación de vulnerabilidad.
Es importante señalar la gran capacidad de organización de los grupos indígenas, lo cual les permitió afrontar esta y otras situaciones complejas por medio del diálogo y el consenso. En sus asambleas todos los miembros tienen un papel importante y ejercen con responsabilidad los cargos comunitarios y las representaciones.
La historia de estos pueblos da cuenta de una lucha y resistencia que no solo exige el respeto de los derechos, sino que propone otras maneras de vivir y comprender el mundo; que rompe con las lógicas basadas en el consumo y acumulación de la riqueza y antepone el cuidado de la persona, de la comunidad y del territorio. Con base en ello, y desde una mirada intercultural, es posible generar alianzas con organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y universidades que desde sus funciones sustanciales como lo es la investigación, formación y vinculación, apuestan a la construcción de alternativas y colaboración.
Referencias
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[*] El presente capítulo también está basado en las aportaciones realizadas para el IX Encuentro de la RED de Centros educativos interculturales Wixárika y Na’ayeri (CEYWINA), llevado a cabo el 19 y 20 de agosto de 2021 en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit, en Tepic, así como en el Seminario de Alternativas y Resistencias “Escenarios ante covid–19 en las comunidades y los pueblos indígenas”, del 30 de abril de 2020, organizado por Ibero Ciudad de México, ITESO, ISIA, Comunarr e Instituto Intercultural Ñöñho.