Complexus 12: Reflexiones ambientales y socioespaciales a partir del Covid-19

Las medidas sanitarias impuestas por los diferentes países para contener el covid–19 han generado modificaciones en las actividades y dinámicas cotidianas. Hemos cambiado conductas y la interacción social en el trabajo, el hogar, en los comercios y servicios, pero principalmente en el espacio público, por lo tanto, hemos cambiado nuestra relación con el medio ambiente y la ciudad. La presente edición de Complexus analiza los impactos y vulnerabilidades sobre el territorio, cambios y posibles transformaciones, así como los procesos de adaptación y resiliencia a escala urbano–rural a partir de tres perspectivas: 1) la reconfiguración urbano–territorial; 2) el espacio público y el medio ambiente, y 3) las desigualdades y dinámicas sociales. Asimismo, invita a imaginarnos los posibles instrumentos para la recuperación integral de estos territorios postpandemia.

Andrea Fellner Grassmann

 

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2023

 

Contenido

Presentación
Andrea Fellner Grassmann
Introducción
Mónica Solórzano Gil, Marinés De La Peña Domene y Pablo Vázquez Piombo
Las cuatro grandes crisis y la importancia del espacio público
Daniel Ignacio Arriaga Salamanca
Eje 1. Perspectiva de la reconfiguración urbano–territorial
La pandemia por covid–19, un fenómeno para la reconfiguración territorial. El caso del área metropolitana de Guadalajara
Pablo Vázquez Piombo y Mónica Solórzano Gil
Ruralidad y resistencia en la construcción de territorio(s) de periferia. El caso de las comunidades locales de Tumaco, Colombia, en la postpandemia
Natalie Rodríguez Echeverry y David Burbano González
Plataformas, logísticas y redefiniciones de la ruralidad. Reflexiones a partir de los territorios rurales del norte de Apulia y del sur de Milán
Antonio Di Campli, Camilla Rondot y Antonio José Salvador
Reimaginar la ciudad. La salud como punto de inflexión para la rehabilitación urbana
Carlos Romero Sánchez, Francisco Adonai Hernández Vázquez y Rubén Blasco Talaván
Eje 2. Perspectivas de espacio público y medio ambiente
Aplicaciones de políticas públicas para el uso del espacio público y movilidad a partir de la pandemia de covid–19
Gabriel Michel Estrada
El acceso a espacios verdes públicos en el área metropolitana de Guadalajara. Impacto de pandemia covid–19 en hábitos y percepciones de la población
Stephanie Zúñiga Esparza y Marinés De La Peña Domene
Costa plástica. Crisis pandémica y cambio climático en el distrito costero–rural de la “franja transformada” en Sicilia: la carretera rural como clave de regeneración
Chiara Nifosì
El impacto por la pandemia de covid–19 en el manejo de los residuos sólidos urbanos en México
Nancy Merary Jiménez Martínez y Teresita Eliza Ruiz Pantoja
Eje 3. Perspectiva de las desigualdades y dinámicas sociales
Movilidad humana —precaria y vulnerable— en contexto del covid–19: tendencias internacionales y de la región Centro–Norteamericana
Adriana González–Arias y Miguel Vilches Hinojosa
Referentes conceptuales para el análisis sociourbano de la pandemia por covid–19 en el área metropolitana de Guadalajara, México
Mara Alejandra Cortés Lara, Luis Raúl Rodríguez Reyes, Mónica Esperanza López Franco, Oscar Humberto Castro Mercado y Alejandro Mendo Gutiérrez
El contexto de los grupos originarios frente a la emergencia sanitaria de covid–19
Efraín Jiménez Romo y Samara Lizbet Ledesma Montes
Las Redes Alimentarias Alternativas en el occidente de México ante la contingencia sanitaria por covid–19
Rodrigo Rodríguez Guerrero y Gregorio Leal Martínez
Acerca de los autores

Acerca de los autores

Mónica Solorzano Gil es doctora en Arquitectura por la UNAM. Coordinadora de los posgrados de Sustentabilidad del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO. Miembro del grupo de investigación Transiciones Territoriales, coordinado por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y coordinadora del proyecto de investigación interinstitucional Territorios Postpandemia. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Conahcyt. Sus líneas de investigación son: patrimonio, territorio, sustentabilidad y economías creativas. Correo electrónico: monicasg@iteso.mx

Marinés de la Peña Domene es doctora en Ecología y Evolución por la Universidad de Illinois en Chicago, maestra en Ciencias Biológicas por la UNAM y profesora e investigadora del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social del ITESO. Sus líneas de investigación son la restauración ecológica y agroecología para la adaptación al cambio climático. Correo electrónico: marinespd@iteso.mx

Pablo Vázquez Piombo es doctor en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Adscrito al Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO. Miembro del proyecto de investigación interinstitucional Territorios Postpandemia y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Conahcyt. Sus líneas de investigación son: arquitectura, diseño y urbanismo; conservación del patrimonio arquitectónico; paisaje urbano. Correo electrónico: piombo@iteso.mx

Daniel Ignacio Arriaga Salamanca  es arquitecto de la Universidad de América; magister en Saneamiento y Desarrollo Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana; docente por más de 30 años en diversas universidades de Colombia; consultor nacional y ante organismos como Hábitat, Programa Mundial de Alimentos, Unión Europea, Birf–Aif, PNUD, la Empresa de Desarrollo Urbano de Quito–Ecuador y el área metropolitana de Lima–Callao. Correo electrónico: danielarriagasalamanca@gmail.com

Rubén Blasco Talaván tiene un máster en Ciudad y Urbanismo por la Universidad Oberta de Cataluña y un posgrado en Diseño Creativo por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente ejerce como director de estudios técnicos de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. Es coordinador en el Laboratorio de Innovación Urbana de la Univa, académico en la misma institución y en la Universidad Panamericana. Correo electrónico: ruben.blasco@univa.mx

David Burbano González es doctor arquitecto en Periferias y Sostenibilidad Urbana de la Universidad Politécnica de Madrid, docente e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana. Líder del grupo de investigación Transiciones Territoriales. Sus líneas de investigación son: periferias, conflicto y territorio. Correo electrónico: dburbano@javeriana.edu.co

Óscar Humberto Castro Mercado es maestro en Diseño Ambiental e Ingeniería por la University College London y licenciado en Arquitectura por el ITESO; profesor–investigador titular de tiempo fijo en el Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO. Ha realizado diversos estudios de condiciones ambientales, físicas y de seguridad en conjuntos habitacionales de interés social. Actualmente trabaja en el proyecto Bosque Interuniversitario La Primavera, en el Observatorio Interdisciplinario del Ruido del ITESO y en el Grupo Interdisciplinario del Agua ITESO (GIA ITESO). Correo electrónico: rigel@iteso.mx

Mara Alejandra Cortés Lara es doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara, maestra en Prácticas Humanitarias y Desarrollo por la Oxford Brookes University y arquitecta por la Universidad Veracruzana. Profesora titular e investigadora del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO. Colabora con varios grupos de investigación interinstitucionales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel i. Sus líneas de investigación son la sustentabilidad y resiliencia urbana y habitacional, el desarrollo urbano y la vivienda sustentable. Es coordinadora del proyecto Resiliencia y sustentabilidad del hábitat desde la seguridad y la equidad socio–espacial en la nueva normalidad. Vivienda + barrio + ciudad después del covid–19. Correo electrónico: maracortes@iteso.mx

Antonio di Campli es doctor en Planificación Urbana y Territorial por la Universidad de Chieti y Pescara, arquitecto por la Universidad IUAV de Venecia y profesor–investigador en Urbanismo en el Politécnico de Turín. Sus temas de investigación se encuentran en la intersección de estudios urbanos, planificación urbana y ciencias sociales, y se refieren al tema de la “coexistencia de diferencias”, del conflicto y la interacción entre múltiples ecologías, prácticas del habitar y de interacción espacial. Correo electrónico: antonio.dicampli@polito.it

Adriana González–Arias es doctora en Migraciones Internacionales e Integración Social por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid; profesora e investigadora en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO; miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel i y colaboradora de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica. Sus líneas de investigación son: migraciones internacionales, migración de tránsito por México, redes migratorias y vulnerabilidad, política migratoria, y refugiados en México. Correo electrónico: adri@iteso.mx

Francisco Adonai Hernández Vázquez es maestro en Administración de la Construcción por el ITC y maestrante en Urbanismo por la Universidad de Guadalajara, académico de la Univa y representante de la misma institución ante el Observatorio Ciudadano de Movilidad del Estado de Jalisco. Actualmente es subdirector del área jurídica de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. Correo electrónico: adonai.hernandez@univa.mx

Nancy Merary Jiménez–Martínez es doctora en Estudios Urbanos y Ambientales por El Colegio de México. Actualmente es investigadora asociada en el CRIM–UNAM. Sus líneas de investigación son la gestión integral de residuos sólidos y la sustentabilidad universitaria. Correo electrónico: njimenez@crim.unam.mx

Efraín Jiménez Romo es licenciado en Recursos Humanos por la Universidad de Guadalajara, maestro en Prestación de Servicios Rurales por el Colegio de Postgraduados y maestro en Gestión Directiva de Instituciones Educativas por el ITESO. Sus líneas de investigación son: educación intercultural, pueblos originarios y autonomía, incidencia social y ambiental. Correo electrónico: efrainjim@iteso.mx

Gregorio Leal Martínez es maestro en Economía Social por la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina, y profesor del Centro Interdisciplinario para la Formación y la Vinculación Social del ITESO. Sus líneas de trabajo son: economía social y solidaria; soberanía alimentaria; educación popular. Correo electrónico: gregorioleal@iteso.mx

Samara Lizbet Ledesma Montes es estudiante de Ingeniería Ambiental en el iteso. Participó en la investigación y el análisis geoespacial de la reforestación de bosques para la publicación de un artículo en la revista Sustainability. Colabora en el Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social del ITESO. Sus líneas de investigación son: sustentabilidad, educación y medio ambiente, preservación y conservación de áreas naturales protegidas y ecosistemas. Correo electrónico: ab725506@iteso.mx

Mónica Esperanza López Franco es doctora en Estudios de Planeación Urbana por la Bartlett School of Planning en University College London, maestra en Restauración de Sitios y Monumentos por la Universidad de Guanajuato y arquitecta por el ITESO. Actualmente es profesora e investigadora en el Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO. Su investigación se centra en políticas de conservación urbana, planeación urbana y procesos de desplazamiento de vivienda que aborda temas como la gentrificación y comodificación urbana. Correo electrónico: monicalof@iteso.mx

Alejandro Mendo Gutiérrez es doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara, maestro en Investigación, Gestión y Desarrollo Local por la Universidad Complutense de Madrid y arquitecto por el ITESO. Fue académico titular y numerario de tiempo completo en el Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano de 2000 a 2022, miembro fundador del Observatorio Metropolitano de Guadalajara en 2003 y del Observatorio Urbano de la Región Centro–Occidente. Correo electrónico: amendo@iteso.mx

Gabriel Michel Estrada es arquitecto con terminal en Asentamientos Humanos, maestro en Filosofía Social por el ITESO; académico del ITESO y de la ESARQ. Sus líneas de trabajo son los temas de espacio público y movilidad no motorizada. Dirigió los programas de Vía RecreActiva de los municipios de Guadalajara y Zapopan, así como el programa Vías Verdes del Estado de Jalisco. Se ha desempeñado como asesor para la Organización Panamericana de la Salud/OMS en el desarrollo de ciclovías recreativas. Participa en la Red de Ciclovías Recreativas de las Américas, de la que actualmente es su secretario ejecutivo. Correo electrónico: gmichel@iteso.mx

Chiara Nifosì es profesora e investigadora en urbanismo en el Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DASTU) del Politecnico di Milano. Se interesa y participa en el diseño arquitectónico, urbano y territorial por medio de un método multiescalar y multidisciplinar. En los últimos años, su trabajo de investigación se ha centrado en el diseño de los espacios públicos cotidianos y las infraestructuras, interpretados como un artefacto decisivo para la transición verde de los territorios. Sus trabajos de enseñanza e investigación se han publicado en numerosos libros y revistas científicas. Es autora de las monografías «Ecologie Rurali», 2023  y «Territori in divenire», 2020 para Lettera Ventidue. Correo electrónico: chiara.nifosi@polimi.it

Natalie Rodríguez Echeverry es doctora en Ciencias Sociales y Humanas, arquitecta y magister en Restauración de Monumentos Arquitectónicos de la Pontificia Universidad Javeriana, docente e investigadora del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana, y miembro del grupo de investigación Transiciones Territoriales. Sus líneas de investigación son: patrimonio, territorio, espacio y poder. Correo electrónico: rodríguezn@javeriana.edu.co

Rodrigo Rodríguez Guerrero es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Profesor del Programa de Economía y Soberanía Alimentaria, Centro Universitario de Incidencia Social del ITESO. Sus líneas de trabajo son: economía social y solidaria; soberanía alimentaria; redes alimentarias alternativas. Correo electrónico: rodrigorodriguez@iteso.mx

Luis Raúl Rodríguez Reyes es doctor en Economía, PhD en Economía por la University of Essex, maestro en Economía en el CIDE y contador público en la UJED. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conahcyt con la categoría de Candidato a Investigador Nacional desde 2018. Actualmente se desempeña como profesor e investigador del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO, se especializa en las materias de Finanzas Internacionales, Inversiones, Derivados y Análisis Financiero. Su principal línea de investigación es la economía financiera y la economía monetaria e internacional. Correo electrónico: luisreyes@iteso.mx

Carlos Romero Sánchez es maestro en Arquitectura por la UAG, en Ciencias para la Familia por la Universidad Anáhuac, y en Gerencia de Proyectos por el ITC, cuenta con especialidades en Urbanismo, Diseño de Vivienda Urbana e Ingeniería Económica Financiera y de Costos. Es académico en la Univa, el ITESO y la Universidad Panamericana. Actualmente es titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. Correo electrónico: carlos.romero@univa.mx

Camilla Rondot es arquitecta por el Politécnico de Turín, actualmente doctoranda en Planificación Urbana en la Universidad IUAV de Venecia. Desarrolla actividades de investigación en el Politécnico de Turín, Departamento Interuniversitario de Ciencias, Diseño y Políticas Territoriales (DIST). Sus temas de investigación están enfocados en la relación entre transformaciones de los territorios rurales y movimientos migratorios. Correo electrónico: crondot@iuav.it

Teresita Elisa Ruiz Pantoja es actuaria por la UNAM y maestra en Demografía por El Colegio de México. Actualmente es técnica académica en el CRIM–UNAM. Se especializa en la aplicación e interpretación de modelos matemáticos aplicados a fenómenos sociales. Correo electrónico: teruizp@crim.unam.mx

Antonio José Salvador es arquitecto por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos y la Real Academia de Dinamarca. Actualmente es doctorando en Planificación Urbana, Diseño y Políticas en el Politécnico de Milán, Departamento de Arquitectura y Estudios Urbanos (DASTU). Sus temas de investigación se enfocan en las formas y el papel del proyecto, prácticas y producción en zonas periurbanas, la interfaz urbano–rural, paisajes agrícolas y productivos. Correo electrónico: antoniojose.salvador@polimi.it

Miguel Vilches Hinojosa es doctor en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo por la Pontificia Universidad de Comillas; profesor investigador de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato; miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I y colaborador de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica. Sus líneas de investigación son: políticas migratorias, migraciones internacionales y sociedad civil. Correo electrónico: m.vilches@ugto.mx

Stephanie Zúñiga Esparza es maestra en Ciudad y Espacio Público Sustentable por el ITESO y arquitecta por la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación son la distribución y el acceso a espacios verdes públicos en zonas urbanas; el diseño urbano participativo y la regeneración urbana sostenible. Correo electrónico: stephanie.zuniga@iteso.mx

Las Redes Alimentarias Alternativas en el occidente de México ante la contingencia sanitaria por covid–19

Rodrigo Rodríguez Guerrero
Gregorio Leal Martínez

 

Resumen

Ante los efectos negativos del actual modelo agroalimentario, y las desigualdades que genera, las Redes Alimentarias Alternativas (REALT) se han configurado como un actor clave en la construcción de un modelo más justo y sustentable de producción, distribución y consumo de alimentos. Estas redes fortalecen procesos territoriales, abonan a la conservación del medio ambiente, ayudan a mejorar la salud nutricional y consolidan relaciones sociales horizontales entre quienes producen los alimentos y quienes los consumen.
La contingencia sanitaria derivada de la pandemia de covid–19 ha impactado fuertemente a estas redes y ha obligado a generar innovaciones que les permitan seguir funcionando. La comunicación a través de redes sociales o la generación de estrategias para hacer entregas a domicilio son algunas de las prácticas que han ido instrumentando para conservar canales de distribución entre sus usuarios.
El presente trabajo hace un abordaje de las REALT en el occidente de México en donde a través de tres ejes conceptuales (Economía Social y Solidaria, Agroecología y Soberanía Alimentaria) y distintas categorías analíticas se establece el funcionamiento y los retos que se han presentado en estas organizaciones a partir de la contingencia sanitaria.

Palabras clave: Redes Alimentarias Alternativas, covid–19, economía social y solidaria.

 

Abstract

In response to the negative effects of the current agri–food model and the inequalities that it imposes, the Alternative Food Networks (REALT, in its initials in Spanish) have positioned themselves as key players in the construction of a fairer and more sustainable model of food production, distribution and consumption. These networks reinforce territorial processes, contribute to the conservation of the environment, help to improve nutritional health and consolidate horizontal social relations between those who produce food and those who consume it.
The health contingency caused by the covid–19 pandemic has had a strong impact on these networks, forcing them to come up with innovations in order to continue functioning. Communication through social networks and the formulation of strategies for home delivery are some of the practices that have been implemented to keep distribution channels open among users.
This paper looks at the REALTs in Western Mexico, using three conceptual axes (Social and Solidarity Economy, Agroecology and Food Sovereignty) and different analytical categories to give an account of the functioning and the challenges that have emerged in these organizations because of the health contingency.

Key words: Alternative Food Networks, covid–19, social and solidarity economy.

 

El final de 2019 sorprendió al mundo con los primeros reportes que alertaron brotes de una neumonía atípica, los cuales tuvieron como epicentro la ciudad de Wuhan, China. Casi de inmediato resultaría en el anuncio de la aparición del virus sars–CoV–2, causante de la enfermedad covid–19. Rápidamente se anunció que la propagación del virus era inminente hasta ser catalogada como una pandemia; la ola de contagios alcanzó a México el 2 de febrero de 2020 cuando se reportó el primer caso en este país, con lo que se inició un ascenso acelerado que ya en la segunda mitad del año 2022 acumula la cifra de siete millones de mexicanos[1] que han padecido la enfermedad. Sin duda, la “normalidad” que conocimos estaba cambiando.

Si bien la salud física se convirtió en un tema prioritario, junto con ello comenzó a evidenciarse que todas las esferas de la vida humana estaban siendo afectadas de alguna manera, constituyendo un hecho social total (Ramonet, 2020). La obligada convivencia con este nuevo virus ha desencadenado toda una reflexión sobre nuestros patrones de relación social y con la propia naturaleza, sobre todo, en torno a lo que se ha llamado la “nueva normalidad” (Pérez, 2022.)

Hemos sentido los estragos de este virus al mismo tiempo que tratamos de entenderlo para actuar en consecuencia. Boaventura de Sousa reflexiona que el virus se vino a representar en tres metáforas: “el virus como enemigo, el virus como mensajero y el virus como pedagogo” (De Sousa Santos, 2021, p. 38), metáforas con las cuales se refiere a esos imaginarios postpandémicos, considerando que este proceso aún no termina y que las reflexiones escritas por múltiples autores hasta hoy dan cuenta de iniciativas que se van configurando de forma insipiente.

Según argumenta De Sousa Santos, la metáfora de un virus enemigo llama a la rápida eliminación de este desde una lógica de guerra, en la cual lo que importa es exterminarlo, reunir fuerzas y combatirlo en el entendido de que el virus representa la gran amenaza ante la cual no se necesita mayor reflexión de su origen, sino aplicar contra él toda la fuerza posible. En la metáfora de guerra, la responsabilidad de actuar contra el virus recae en los estados, que comandan y dirigen las estrategias, mientras que entendemos que no se quiere “dialogar” con el virus, sino exterminarlo. Por otro lado, la metáfora del virus como mensajero responde al impulso de eliminar al mensajero, en este caso el propio virus. El virus puede tener un mensaje que dar, pero eso genera tal angustia que el impulso no será escucharlo, sino eliminar al que lleva el mensaje. En este caso el mismo virus representa la amenaza de muerte y la muerte misma, con lo cual no importa quién envía al mensajero ni qué es lo que intenta decir; parece que al eliminar al mensajero se evita la catástrofe. Por último, presenta al virus con la metáfora del pedagogo, esta última coloca al virus y al hombre ante la posibilidad de diálogo, obliga a no negar la interacción y a comprender el origen, el significado y la enseñanza posible. Esta nueva normalidad tendrá algo que decirnos y deberíamos ser capaces de escuchar y aprender de ello.

Probablemente sea esta última metáfora con la cual debamos guiar las reflexiones ante un escenario postpandémico, y será posiblemente la metáfora que permita comprender por qué se ha dado este escenario, qué transformaciones requiere afrontar esta nueva normalidad y cómo se van configurando las adaptaciones necesarias en nuestra espacialidad y socialización.

 

Planteamiento de la investigación

Este fue el sentido de emprender la investigación sobre Redes Alimentarias Alternativas,[2] es decir, la comprensión de cómo los sistemas locales de alimentos podrían hacer frente al escenario de crisis, particularmente en el occidente de México. Para lograrlo se planteó como objetivo general la comparación de experiencias de redes alimentarias locales, para buscar en ellas prácticas destacadas con las cuales se podrían beneficiar proyectos colectivos fortaleciendo la economía local, el empleo rural, la seguridad alimentaria y, con esto, tratar de disminuir riesgos ante contingencias ambientales y de salud.

Finalmente, se logró contactar a 96 organizaciones distribuidas en cuatro estados: Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, con las cuales se concretó el trabajo de campo utilizando tanto recursos digitales como los encuentros cara a cara cuando esto fue posible; así, se realizaron entrevistas semiestructuradas con representantes de colectivos, trabajo con grupos focales, y se aplicaron cuestionarios para recoger datos que cada organización proporcionó. Por último, se completó la información necesaria con la georreferenciación de iniciativas, complementando así bases de datos que facilitaron la sistematización y análisis.

 

Enfoques teóricos desde donde abordamos las Redes Alimentarias Alternativas

Comenzaremos definiendo las Redes Alimentarias Alternativas (REALT) como espacios conformados por diversos actores que, tras mirar críticamente el modelo hegemónico de producción–circulación–consumo de alimento, proponen alternativas a este centradas en la agroecología y la economía social y solidaria con miras a lograr la soberanía alimentaria que ponga en el centro el derecho humano a una alimentación adecuada.

Para mirar a estas redes destacaremos en este texto tres enfoques considerados durante la investigación: la Economía Social y Solidaria, la Agroecología y la Soberanía Alimentaria, los cuales sirvieron de marco conceptual para la organización y análisis de resultados.

El primer enfoque refiere a la Economía Social y Solidaria (ESS), la cual entendemos como un proyecto de acción colectiva que busca la construcción de un sistema económico alternativo que tenga como centro la reproducción ampliada de la vida de todas y todos (Hinkelammert & Mora Jiménez, 2009), incluyendo a la naturaleza (Coraggio, 2011).

Partiendo de esta definición, vemos que estas redes pueden estar enmarcadas en ella ya que gran parte de sus prácticas se integran dentro del heterogéneo mundo de la ESS:

    • Parten de lo local y buscan que los procesos de producción–circulación–consumo fortalezcan al territorio y a los actores que lo integran.
    • Ponen en el centro la vida, es decir, que lo que mueve a estas prácticas dentro del sistema agroalimentario no es el lucro (como pasa en los procesos agroindustriales con fines meramente mercantiles), sino el bien común.
    • Apuestan por tener una relación más armónica con la naturaleza y ponen en marcha prácticas que cuidan el medio ambiente (muestra de ello es la centralidad que tiene la agroecología).
    • Su accionar se apega en múltiples sentidos a los principios de la economía solidaria promovidos por la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) o del movimiento cooperativo, por ejemplo:
      °  Promueven la equidad y una mejor distribución de la riqueza al interior de cada red.
      °  Dan centralidad al trabajo digno promoviendo formas para lograrlo.
      °  Muchas de las experiencias son de propiedad colectiva y la toma de decisiones se da de forma democrática mediante asambleas.

Otro rasgo central que enmarca a las REALT es la agroecología, ciencia y práctica que relaciona los circuitos agroalimentarios con los circuitos ecosistémicos, es decir, que la producción de alimentos está enmarcada en los ciclos de los ecosistemas locales.

En contraposición al modelo de producción agroindustrial que mediante el monocultivo prioriza el rendimiento y para ello utiliza insumos sintéticos (fertilizantes, insecticidas, herbicidas, etcétera), la agroecología plantea agro–ecosistemas en los que existe una relación entre las diversas plantas y seres vivos que integran el ciclo productivo. Por lo tanto, se buscan procesos endógenos, en los cuales los suelos se enriquecen a partir de los insumos que la propia parcela genera, y un control biológico de plagas partiendo de la combinación de cultivos.

En la agroecología se produce un diálogo de saberes, entendido como “la hibridación entre las ciencias objetivas y los saberes que condensan los sentidos prácticos y existenciales que han fraguado en el ser a través del tiempo (Leff, 2007, p. 30). Este diálogo retoma una serie de prácticas en las que campesinos e indígenas rescatan sus formas tradicionales de producción y van experimentando nuevos procesos a partir de la interacción con otros campesinos, poniendo un especial énfasis en las comunidades locales y su capacidad para experimentar, evaluar y ampliar su margen de innovación.

Por último, la Soberanía Alimentaria como enfoque nos presenta un horizonte hacia donde vemos que se dirige el accionar de las organizaciones que conforman las REALT, poniendo en el centro a la agricultura familiar y a los circuitos cortos agroalimentarios. Cabe decir que el concepto de Soberanía Alimentaria[3] no se opone al comercio agrícola como tal, sino a que sea el mercado internacional (y por ende la especulación) el que dicte el funcionamiento de ese comercio. De manera que las REALT, como parte de las organizaciones que promueven una Soberanía Alimentaria, priorizan a los mercados locales enfatizando que la producción agrícola es antes que nada un asunto de alimentación y solo en segundo término de comercio. Una vez que se garantice la alimentación se pueden comercializar los excedentes y no antes.

El punto de partida radica en que la construcción de alternativas a la crisis alimentaria actual no puede estar basada únicamente en el mercado como institución reguladora de las relaciones sociales, ya que el origen de esa crisis está en el modelo económico neoliberal que promueve la autorregulación de los mercados y la no intervención de los gobiernos.

Así, la revisión teórica y su contraste con los resultados de campo nos llevó a proponer ocho categorías analíticas, con la intención de lograr mayor claridad al mostrar la complejidad y heterogeneidad de las tareas que realizan las organizaciones abordadas. Aunque los límites entre categorías no son tajantes y muchas de éstas se tocan en la práctica, para fines analíticos permiten reconocer rasgos esenciales de sus modelos organizativos, así como de las dificultades que encuentran y las acciones que realizan para hacerles frente.

Las categorías se dividen de la siguiente manera: 1) distribuidores/ consumidores; 2) grupos de productores; 3) huertos urbanos; 4) mercados y tianguis; 5) producción familiar; 6) redes de semillas; 7) sistemas participativos de garantía (SPG), y 8) tiendas de productos orgánicos. En cada una de ellas encontramos repercusiones diferenciadas, así como variedad en la manera de abordarlas.

 

Reconfiguraciones necesarias

Aun en el periodo previo a la reciente pandemia, los sistemas agroalimentarios presentaban ya consecuencias negativas en sus entornos y en dirección a situaciones de crisis. Varios sectores sociales venían señalando y criticando las prácticas de producción de alimentos que consideran sólo criterios de mercado. Es decir, el modelo que pone en la cima de prioridades la generación de ganancias económicas al tiempo que desestima los impactos sociales y ambientales negativos es el que ha tratado a los alimentos como una mercancía más, ignorando que la alimentación es un derecho humano que debe garantizarse.

La utilización excesiva de pesticidas y químicos sintéticos que pretende controlar plagas y arvenses no deseados pone en riesgo la salud de las personas que trabajan en el campo, además de que los escurrimientos al subsuelo terminan con la microfauna que lo nutre y contamina los mantos freáticos. La agricultura concentrada en grandes extensiones de monocultivos deja de lado las especies menos valoradas en el mercado, provocando pérdidas en la diversidad biológica de los ecosistemas e ignorando que las especies con menos valor económico también forman parte de las dietas culturalmente aceptadas.

Resulta preocupante la pérdida de autonomía de los pueblos para producir sus propios alimentos, ya que el modelo agroindustrial demanda la compra de semillas tratadas y grandes cantidades de agroquímicos para el manejo de la producción, lo que aumenta los costos de inversión y deja en desventaja al pequeño productor.

Aunque para algunos sectores el tema de las afectaciones en el campo ha sido sensible, suele ignorarse que el consumidor final no queda exento de riesgos, y particularmente durante los primeros meses del inicio de la pandemia fue evidente el desabasto y encarecimiento de alimentos e insumos, cuando se detuvieron las cadenas de suministro debido a las medidas de cierre de fronteras que intentaron frenar el avance de los contagios (Fuentes–Pérez, 2020).

Es precisamente en las cadenas de suministro de insumos, pero también en la cadena de suministros de alimentos en general, donde desde el primer momento se dejaron sentir las consecuencias del manejo de la crisis sanitaria. Esto devino en el cierre de fronteras para tratar de impedir una propagación rápida, lo cual se acompañó de escasez en los insumos y de compras de pánico que encarecieron los propios alimentos. Junto a esto, se hizo un llamado al “distanciamiento social”, con lo cual se recomendaba que la población permaneciera en sus casas, evitando salir lo menos posible, impidiendo las aglomeraciones y dejando espacios públicos semivacíos. La consecuencia evidente de estas medidas en lo económico significó la pérdida de empleos y la reducción de horas de trabajo (OIT, 2020), situación que afectó de manera diferenciada a los distintos grupos, de tal manera que los empleados informales se vieron más afectados que los formales, las mujeres vieron una reducción más significativa en sus horas de trabajo que los hombres y, en general, aquellos grupos de por sí ya en condiciones de vulnerabilidad vieron complicarse su situación laboral y de ingresos.

 

Respuestas y reconfiguraciones ante la crisis

Como en todo proceso económico y social, la pandemia ha tenido fuertes impactos en las organizaciones que conforman las REALT. Productores, distribuidores o consumidores han visto limitada la labor que realizaban en torno a la construcción de alternativas alimentarias y han tenido que reconfigurar sus prácticas para adaptarse a una nueva normalidad.

Para efectos prácticos, en este análisis se trabaja con dos grandes categorías que agrupan las ocho categorías que identificamos al realizar la investigación.[4] La primera categorización refiere a la producción de alimentos, que agrupa a la agricultura familiar, los grupos de productores y los huertos urbanos. La segunda es la distribución o comercialización de alimentos, que se centra principalmente, aunque no exclusivamente, en las ciudades, agrupando a las tiendas de productos orgánicos, los mercados o tianguis de productores y los colectivos de consumidores (o canastas solidarias).

Si bien en el trabajo de campo realizado las organizaciones pusieron mucho énfasis en los impactos positivos, a la hora de enunciar las afectaciones que tuvieron se pudo apreciar la diversidad de implicaciones negativas que les ocasionó el prolongado aislamiento que se vivió en la primera etapa de la pandemia, de las cuales hay que partir para comprender las reconfiguraciones que vivieron para adaptarse a un nuevo contexto.

La gran mayoría de las REALT tuvieron que reconfigurar fuertemente sus actividades para adaptarse al confinamiento en un primer momento, y posteriormente a la llamada “nueva normalidad”. Un claro ejemplo de esto fue la imposibilidad de trabajar en los espacios donde normalmente realizaban sus labores. Esto afectó sobre todo a los colectivos centrados en la comercialización/distribución de alimentos, en especial a los mercados y tianguis que en muchos casos tuvieron que mudarse de sede, o transitar hacía modalidades de venta a domicilio con un número menor de productores.

En este sentido destacaremos dos casos concretos:

    • El primero es “Pochtécatl”, tianguis de economía solidaria, que se llevaba a cabo semanalmente dentro del Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán, Jalisco. Este espacio ya tenía un mercado afianzado debido a la gran afluencia de estudiantes, profesores y personal administrativo de la universidad. Además, impartían diversos talleres por estar ubicados dentro de una instancia educativa. El cierre de su espacio tradicional de trabajo les obligó a buscar nuevas estrategias para comercializar los productos a través de canastas solidarias y a darle difusión a los productos locales por otros medios.
    • El segundo caso es el del “Mercado de la Buena Cosecha”, el cual operó durante dos años en la ciudad de Colima. Sin embargo, las condiciones impuestas por la pandemia, en especial el temor a contagiarse al asistir al punto de venta, volvieron muy vulnerable la operación semanal debido a la incertidumbre con respecto a la afluencia tanto de productores como de consumidores. Por tal razón, se tomó la decisión de cerrar el mercado. Una de las organizadoras decidió continuar de manera individual estableciendo entregas a domicilio, facilitando la conexión entre productores y consumidores.

Otro impacto negativo está relacionado con las dificultades logísticas para operar, situación que afectó en mayor medida a los colectivos enfocados en la producción de alimentos debido a las complicaciones de acudir a sus parcelas a trabajar, la dificultad de contar con fletes para enviar los alimentos producidos a los puntos de venta o colectivos de comercialización y el cierre de puntos de venta o espacios de entrega de alimentos. Los siguientes testimonios dan cuenta de ello.

Nosotros tuvimos una baja en nuestra distribución, porque muchos de nuestros puntos de distribución son en instituciones con trabajadores y profesionales como de la Universidad de Guadalajara y, pues, bueno, cerraron las oficinas y nuestros puntos de distribución también […] por ese lado pues tuvimos como esta falta de espacio para distribuir (Carlos Chávez, Red de Alternativas Solidarias, Rasol. Grupo focal, octubre de 2020).

Pues en parte sí nos afectó, porque, por ejemplo, de donde vengo yo, que es Tepic, Nayarit, y donde tenemos nuestra siembra de maíz azul, de maíces criollos que está a 35 o 40 kilómetros […] había un retén, y entonces no nos dejaban pasar (Gilberto, productor agroecológico. Grupo focal, octubre de 2020).

A pesar de estar centradas en la producción, distribución y consumo de alimentos locales, uno de los ejes centrales de las REALT son los procesos formativos, tanto al interior de cada iniciativa como con un público más abierto. Estos espacios ayudan a generar una identidad y una mirada común sobre temas como la alimentación, la agroecología o la economía social y solidaria. Si bien algunos de estos espacios formativos u organizativos pudieron migrar a formatos en línea, muchas otras actividades dependen de la presencialidad y tuvieron que aplazarse por un tiempo prolongado.

Un claro ejemplo de esto se da en los Sistemas Participativos de Garantías (SPG), los cuales son espacios organizados por productores, consumidores y técnicos que verifican las condiciones en las que se producen alimentos en una determinada parcela para certificar que la producción en ese lugar se da desde una perspectiva agroecológica, y al mismo tiempo acompañan a los productores para caminar en una transición hacia una lógica agroecológica.

Para los SPG la visita a las parcelas y en trabajo de campo con los productores es una actividad esencial, la cual tuvo que ser interrumpida. En el caso del “Mercado Agroecológico El Jilote”, SPG que trabaja en Jalisco y algunos estados vecinos, esto se vivenció prácticamente deteniendo el trabajo de campo por un largo periodo, volcando sus esfuerzos en otras actividades, como la búsqueda de financiamiento.

[…] en primera no hicimos ninguna visita en este año y eso afecta porque si ya teníamos la intención de analizar el nombre del Jilote, pues no hicimos ninguna visita. Apenas estamos retomando el curso del trabajo y nos pusieron el alto y ahí quedó todo […] y entonces como que sí fue un año perdido creo yo, aunque no del todo, porque estuvimos metiendo proyectos y todo eso y esperemos uno, ya luego vamos a ver el año que entra si pega pues ya tendríamos financiamiento y podríamos trabajar (Blanca Arellano, Mercado Agroecológico el Jilote. Entrevista a profundidad, diciembre de 2020).

Otro tipo de organizaciones que no pudo trasladar sus procesos a formatos en línea fueron las organizaciones de productores. En el caso de la “Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias (RASA)”, esto significó pausar talleres formativos[5] entre productores (los cuales en muchos casos no tienen acceso a las herramientas para trabajar en línea) y cancelar encuentros con una fuerte carga simbólica para sus integrantes, como el encuentro del maíz que se realiza anualmente.

[…] las afectaciones que tuvimos sí han sido fuertes, por ejemplo, mañana teníamos un taller de formación ahí en la escuela justo en Ixtlahuacán de los Membrillos, que se tuvo que cancelar porque no se pueden hacer reuniones de más de 20 personas. A algunos de ustedes les ha tocado ir al encuentro anual que se hace con la rasa, que este año iba a ser allá con el Rodo y toda la gente de Limón, y se tuvo que cancelar porque, otra vez, no se permiten las reuniones. Entonces por esa parte se ha estado complicado (Jaime Morales, rasa. Grupo focal, octubre de 2020).

La presencialidad también es clave para configurar la identidad colectiva en ciertos proyectos. En el caso de la “Cooperativa de Consumo Consciente Milpa”, los espacios de encuentro, ya sea en la entrega de canastas, en los procesos formativos o en las asambleas, ayudan a cohesionar al colectivo. Limitar la cantidad de gente que podía estar junta durante las entregas quincenales, o trasladar las asambleas y espacios formativos a la virtualidad, afectaron la cohesión del grupo.

Esto desgraciadamente también se ha visto afectado por lo de la pandemia y nos ha forzado a hacer muchas cosas. Las asambleas ahora son virtuales, las reuniones son virtuales, eso creo que nos ha afectado un poco porque creo que parte de lo bonito de la cooperativa es esa parte de la convivencia, reconocer, de platicar, de ver a los productores, y pues sí nos hemos visto afectados por esa parte (Oscar Loreto, CCC Milpa. Grupo focal, octubre de 2020).

No todos los impactos en las REALT han sido negativos. Retomando la lectura que hace Boaventura de Souza Santos sobre la pandemia, podemos ver que el virus como pedagogo ha puesto el foco en el cambio de hábitos entre la población, entre ellos, poner mayor atención en los alimentos que consumimos y su origen. En este sentido, tanto los productores como los distribuidores identifican que la pandemia ha atraído nuevos consumidores y ha despertado un mayor interés por la adquisición de alimentos naturales (sobre todo agroecológicos) y de productores locales.

En palabras de una organización que vincula a productores con consumidores en el sur de Jalisco:

¿Qué he visto yo que ha sido positivo? Creo que esta crisis de salud definitivamente ha sido un llamado en el que tomó tiempo que las personas tomaran conciencia de que es una crisis a consecuencia de los malos hábitos de nuestro modo de vida, por lo menos a los productores que yo conozco y que comienzan a perfilarse hacia este tipo de alimentos […] esta alerta de la hipertensión de la diabetes y todas estas enfermedades que generan un cuadro crítico de la enfermedad, que nos está impactando en nuestra cotidianidad, ha sido un aliciente, si no por conseguir alimentos orgánicos, [sí por] preocuparse por la calidad de los alimentos o para dejar alimentos industrializados o procesados (Helen Juárez, Alimento Sano, Grupo focal, octubre de 2020).

A su vez, además del consumo de alimentos naturales, la pandemia despertó interés en algunos consumidores urbanos por empezar a producir sus propios alimentos. Para los colectivos enfocados en la agricultura urbana, esto, además de permitirles ampliar la demanda de sus productos, también les ayudó a crecer en la instalación de huertos productivos.

[…] en nuestro caso, como productores de hortalizas orgánicas, y también como proveedores de servicio de instalación de huertos productivos, fue una respuesta benéfica. De repente el interés aumentó muchísimo en este tipo de productos en este tema de cambiar la alimentación porque estamos hablando de la salud y, a pesar de que se tiene claro de que es un virus en particular, muchas de las personas comenzaron a cuestionarse su estilo de vida en términos de cómo estar ayudando a su sistema inmune (Rafael Corro, Red de Agricultura Urbana. Grupo focal, octubre de 2020).

Esta “cruel pedagogía del virus” también permitió a las organizaciones reconfigurarse, tejer redes, voltear a ver a otros colectivos y a otros posibles consumidores. En este proceso de “replegarse hacia adentro” se pudo poner el foco en otras actividades que la propia dinámica de trabajo hacía complicada. La realización de conversatorios, seminarios y cursos (todo en línea) ayudó a darle difusión al trabajo que se estaba realizando, y al mismo tiempo, a repensar las propias prácticas de muchos de los colectivos. Otro impacto positivo identificado por las propias organizaciones fue la visibilización del trabajo del campo. La labor de las y los campesinos se volvió una actividad esencial de la economía, lo que puede aportar a otra visión de lo rural y una mirada y relación más equitativa desde la ciudad.

 

Conclusiones

Las Redes Alimentarias Alternativas constituyen formas no convencionales de producción, distribución y consumo de alimentos que, apegadas a principios de agroecología y economía solidaria, buscan generar nuevos esquemas para abordar la alimentación poniendo en el centro el cuidado del medio ambiente y el bien común.

Estas prácticas ponen el acento en la vida, es decir, la alimentación adecuada como un derecho a cumplirse, en la que debe caber la exigibilidad, pero también las condiciones para que los propios pueblos tengan acceso pleno por sí mismos. En este sentido, el arraigo territorial se convierte en un componente clave para entender el funcionamiento de las realt.

Este acento en la vida se puede ver desde múltiples perspectivas.

    • La producción libre de insumos sintéticos o agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas, etcétera) en manos de familias campesinas o de pequeños productores, además de ayudar a la conservación de suelos y agua, permite el rescate de semillas y plantas localmente pertinentes;
    • la organización colectiva para la distribución de estos alimentos permite la consolidación de estructuras horizontales que abonen, por un lado, a la disminución de costos, y al mismo tiempo la toma democrática de decisiones;
    • la suma de consumidores conscientes que busquen no solo cuidar su salud mediante productos orgánicos, sino que quieran incidir en los impactos positivos en los territorios abona a la sostenibilidad de todo un circuito corto agroalimentario.

Como gran parte de las actividades humanas, el funcionamiento de las REALT se vio fuertemente afectado por el surgimiento de la pandemia por el covid–19. Por un lado, se generó un incremento en la demanda de productos orgánicos o agroecológicos por los efectos positivos que estos tienen en la salud, pero, paradójicamente, se cerraron temporalmente puntos de venta, lo que limitó para los productores la venta de sus productos, y para los consumidores el acceso a estos.

Esta situación obligó a que se reconfiguraran las formas de distribución para garantizar que estos circuitos sigan funcionando. La organización de espacios virtuales para la promoción y venta de alimentos, las entregas a domicilio o la generación de nodos de consumo fueron algunas de las estrategias que se siguieron en las realt, y que permitieron que se sostengan en esta complicada etapa.

 

Referencias

Coraggio, J. L. (2011). Economía Social y Solidaria. El trabajo antes que el capital. Abya Yala/Flacso.

De Sousa Santos, B. (2021). El futuro comienza ahora. De la pandemia a la utopía. Akal.

Fuentes–Pérez, E. M. (2020). La industria alimentaria frente a la nueva normalidad post covid–19. CienciAmérica, 9(2), 45–50. https://doi.org/10.33210/ca.v9i2.290

Hinkelammert, F. J. Franz, J., & Mora Jiménez, H. (2009). Economía, sociedad y vida humana: Preludio a una segunda crítica de la economía política. Editorial Altamira. http://repositorio.uca.edu.sv/jspui/handle/11674/2108

Leff, E. (2006). Complejidad, racionalidad ambiental y diálogo de saberes. [Ponencia presentada en el I Congreso internacional interdisciplinar de participación, animación e intervención socioeducativa, Barcelona, noviembre de 2005].

OIT (2020). Informe Mundial sobre Salarios 2020–2021: Los salarios y el salario mínimo en tiempos de la covid–19 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_762317.pdf

Pérez, G. (2022). Reflexiones en torno a la nueva normalidad. Revista de Investigación Psicológica, 27, 11–14.

Ramonet, I. (2020). La pandemia y el sistema–mundo. Un hecho social total. Estudios venezolanos de comunicación, 190–91, 95–124.

 

[1].     Casos Acumulados Estimados (máximo) según la Plataforma de información geográfica de la UNAM sobre covid–19 en México, consultada el 27 agosto 2022 en https://covid19.ciga.unam.mx/

[2].    El texto deriva de la investigación “Redes alimentarias alternativas como respuesta en los sistemas agroalimentarios locales para atender riesgos en el acceso a alimentos”, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el marco de la Convocatoria 2020–1 “Apoyo para proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en salud ante la contingencia por covid”.

[3].    Este concepto ha sido promovido en primera instancia por La Vía Campesina, organización internacional que agrupa a diferentes organizaciones del campo integradas por campesinos, pequeños agricultores rurales, trabajadores agrícolas, comunidades agrarias indígenas y mujeres del campo.

[4].    Las categorías de trabajo en la investigación fueron 1) distribuidores/consumidores; 2) grupos de productores; 3) huertos urbanos: 4) mercados y tianguis; 5) producción familiar (agricultura familiar); 6) redes de semillas; 7) Sistemas Participativos de Garantía (SPG), y 8) tiendas de productos orgánicos.

[5].    Los cuales son uno de los ejes centrales de esta organización. La rasa trabaja desde la metodología “de campesino a campesino”, lo que implica forzosamente reunirse en el campo y dialogar en torno a la parcela.

El contexto de los grupos originarios frente a la emergencia sanitaria de covid–19

[*]

Efraín Jiménez Romo
Samara Lizbet Ledesma Montes

 

Resumen

Los grupos originarios, también conocidos como grupos indígenas, han sido discriminados a lo largo de los años. Ante la emergencia global de salud debida al covid–19 esas comunidades se enfrentaron una vez más a un escenario de desigualdades, tanto en el aspecto de las políticas públicas como en el de las leyes puestas en marcha para combatir la epidemia. Conocer a través de los ojos de los grupos originarios los diferentes contextos, como el de la salud, la economía, la educación y el medioambiente que se vivieron en esta pandemia, es de gran importancia para poder aminorar la gran brecha que hay entre su situación y la del resto de la población. Por esto, en el presente capítulo se muestran las dificultades que se tuvieron en cada uno de los contextos, así como la forma en que las comunidades indígenas propusieron alternativas para poder contestar cuestionamientos como: ¿Qué va a suceder?  ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo nos vamos a organizar? Y el más importante: ¿Cómo vamos a hacer frente a los diferentes escenarios que se están planteando en el país?

Palabras clave: comunidades indígenas, pandemia, desigualdad social.

 

Abstract

Native groups, also known as indigenous groups, have been discriminated against over the years. Currently, we are faced with a declared global health emergency in which these communities once again face a scenario of inequalities, both in terms of public policies and the laws implemented to combat covid–19. Knowing the different contexts such as health, economy, education and the environment that were experienced in this pandemic through the eyes of the original groups is of great importance in order to reduce the great gap between the differences of their contexts with those of urban areas before public policies and laws. That is why this article shows the difficulties encountered in each of the contexts, as well as the way in which the indigenous communities proposed alternatives to be able to answer the questions of What is going to happen? How are we going to react? How are we going to organize ourselves? And the most important was: How are we going to deal with the different scenarios that are being considered in the country?

Key words: indigenous communities, pandemic, social inequality.

 

Cuando se habla de los pueblos originarios se hace alusión a una cultura prehispánica que tiene un trasfondo histórico y social, es decir, una vasta riqueza cultural plasmada en sus simbolismos, prácticas sociales, tradiciones y costumbres (Fabro, 2019; Álvarez, 2013). De una manera más específica, se puede definir con base en el artículo 2°, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) a los grupos indígenas como “aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.

Un rasgo característico de México es su gran multiculturalidad y plurilingüismo (Pérez & Rivera, 2011). A pesar de ello, se contempla a los indígenas como un grupo homogéneo, como un grupo conformado por una sola cultura o un solo pueblo, pero diversificado; se invisibilizan así las diferencias y la historia de cada una de estas comunidades. Actualmente en nuestro país se han identificado 68 pueblos indígenas; entre ellos se encuentran los mayas, los tarahumaras, los zapotecas, los huicholes, los coras, los tzeltales, los mixtecas y los totonacas (Del Val et al., 2021; Instituto Nacional de las Mujeres, 2006). Cada uno de ellos tiene una lengua originaria propia, la cual puede ser clasificada en una de las 11 familias lingüísticas, que se ramifican en 364 variantes registradas. La lengua principal es el náhuatl (Instituto Nacional de las Mujeres, 2006).

Tanto su lengua materna como las costumbres, cosmovisiones, características regionales, etcétera, demuestran que, a pesar de que hablemos de una misma cultura o una zona geográfica, hay una gran diversidad entre una localidad o región y otra.

Durante muchos años se pensó que la dispersión geográfica y la variedad de estos grupos era un problema, el cual se resolvería con su integración a la sociedad mestiza mediante diferentes procesos; uno de ellos era la uniformidad lingüística. El Censo de 2020 arrojó el dato de 7.3 millones de personas de tres años en adelante que hablan alguna lengua indígena en México; de ellos, 3.5 millones son hombres y 3.7 millones son mujeres (Inegi, 2020). Por otro lado, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas indicó que 25 millones de personas se identifican como pertenecientes a un pueblo indígena (2019). Los números indican que estas comunidades no representan una minoría que se pueda integrar a la sociedad mestiza. El verdadero problema es la imposición del lenguaje, que se convierte en un impedimento para su propio crecimiento (Álvarez, 2013) y viola su derecho a la autonomía y autodeterminación.

Otro reto que afrontan las comunidades originarias para su desarrollo es su lugar de residencia y su dispersión en el país. La mayoría de los grupos viven en estados sureños, especialmente en Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero e Hidalgo (Inegi, 2020; Coneval, 2020). Es bien sabido que en el sur de México la situación económica es más baja con respecto a otros estados ubicados en el centro o en el norte. Desafortunadamente, al hablar de pueblos indígenas no solo hablamos de riqueza cultural, sino también de su relación estrecha con la cuestión de la pobreza.

A pesar de las diferencias que se aprecian en cada una de estas comunidades, todas coinciden en la marginación: 51.5% de los municipios indígenas tienen un grado de marginación alto (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2015). Esta situación apareció en la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación realizada por la Secretaría de Desarrollo en 2005, cuyos datos indican que este segmento de la población se identifica como un grupo marginado. Aproximadamente 90.8% de las personas que fueron entrevistadas cree que sí hay una situación de discriminación por ser indígena, además de reconocer que son el segundo grupo social más desprotegido (Álvarez, 2013).

Desgraciadamente, a pesar de que desde 1990 se firmó el convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), el cual acepta que los pueblos indígenas y tribales deberán de gozar sin algún obstáculo o discriminación de los derechos humanos y sus libertades (Organización Internacional del Trabajo, 2014), sigue existiendo una lucha para conseguir la armonización de las leyes vigentes en el país con ese convenio. Estos pueblos comparten el contexto derivado de un marco legal y políticas públicas en las que al final no se les toma en cuenta y solamente crean una marginación mayor en la educación, la lengua, el territorio, la salud, la organización de las comunidades, etc. Todo esto afecta la toma de decisiones para seguir desarrollándose.

En los últimos años se vivió una pandemia global, la cual afectó a todas y cada una de las personas, sin importar en dónde o en qué situación vivieran. Sin embargo, los pueblos originarios de México se vieron aún más perjudicados debido a que las políticas públicas y el marco legal no eran los apropiados para su realidad. La gran marginación en la que se encuentran estos grupos ha provocado desde hace tiempo una batalla por el derecho a la autonomía y la autodeterminación de los indígenas en la educación, la lengua, el territorio y la salud.

La finalidad de este capítulo es presentar los diferentes contextos que se vivieron y siguen presentes en las comunidades indígenas, así como las propuestas que los mismos actores hicieron y aplicaron en el sector salud, educacional, económico y de medioambiente mediante diálogos y acuerdos a lo largo de esta emergencia de salud pública conocida como covid–19.

 

Salud

Al comienzo de la pandemia no se tenía certeza de lo que era este virus, cómo afectaba, a qué afectaba y la forma en que se propagaba, lo cual volvió difícil la toma de decisiones y las políticas públicas para combatirlo. Se decretó de inmediato el aislamiento en casa para evitar las aglomeraciones, estar en espacios cerrados, el contacto con las demás personas y otras medidas que pudieran prevenir los contagios, todo esto basado en la simple lógica. Sin embargo, no se tomaron en cuenta los diferentes contextos del país; se dejaron de lado los entornos rurales e indígenas en los que es totalmente distinta la concentración de población por metro cuadrado, los espacios abiertos y las dinámicas y actividades que se tienen en estos, entre otros aspectos.

Asimismo, se sugirieron medidas sanitarias, que al final se volvieron obligatorias, como el lavado de manos, el uso de gel y el cubrebocas. El problema era que no toda la gente en México tenía —ni tiene aún— fácil acceso al agua, el cual es un elemento básico no solo para combatir la pandemia, sino para vivir con dignidad. Únicamente 2.4 millones de viviendas indígenas de 2.7 millones disponen de agua entubada (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2015). La cobertura de este servicio en las zonas rurales en 2015 fue inferior a las zonas urbanas por 12.2% (97.2% urbanas y 85.0% rurales). A esto habrá que aunar el hecho de que muchas comunidades indígenas residen en el sur del país, que es donde hay una menor disponibilidad de ese servicio elemental (Soares, 2021).

Con respecto al uso de cubrebocas, se encontraba fuera de contexto en las zonas indígenas. Además, las mascarillas estándar tienen una vida útil de cuatro horas; las quirúrgicas, entre cuatro y seis, y las N95 y KN95 un máximo de 24 (Secretaría de Salud Pública de Sonora, s.f.; IMSS, 2020). Así pues, la adquisición de este dispositivo sanitario representó un gasto para comunidades en las que podría no haber sido necesario del todo.

En lo referente a la aplicación de pruebas ante sospechas de contagio, posiblemente era un requerimiento innecesario para la mayoría de los trabajadores de los grupos originarios. A esto habrá que añadir que a veces no se podía cumplir con este requisito debido a que en las localidades en donde se encuentran estas personas no se contaba con esas pruebas.

Además de las deficiencias señaladas en cuanto a las políticas públicas para la fase de dispersión comunitaria, estaba la problemática de la falta de infraestructura hospitalaria y suministros médicos. Esta situación devastó a la gente tanto en la zona urbana como en las zonas rurales e indígenas. No bastaba el hecho de que no en todos los hospitales se atendía a personas con covid, sino que muchos de los enfermos debían movilizarse fuera de su comunidad para que se les pudieran ofrecer el servicio médico necesario.

Todo esto agravaba la situación, pues implicaba un traslado que para algunos era muy difícil y conllevaba un gasto que en ocasiones no se podía sufragar. Y, como si fuera poco, muchas veces los pacientes llegaban a la ciudad y eran rechazados en el centro hospitalario. Con esto se violó una y otra vez el derecho a la vida consignado en el convenio 169 de la OIT anteriormente mencionado.

Debido a que todas estas políticas públicas dejaban fuera de contexto a las comunidades originarias, estas tomaron otras medidas para combatir la emergencia sanitaria. A fin de reducir el riesgo de contagio, decidieron aislarse, pero no en casa, sino en comunidad. Se controlaba la entrada al pueblo; sus habitantes estaban atentos para ver quién ingresaba y quién salía. Una de las poblaciones que se pueden mencionar como ejemplo de esta estrategia fue Jaltepec de Candayoc, Oaxaca.

Otra de las políticas puestas en marcha por grupos originarios fue la de recurrir no solo a la medicina alopática, sino también a la medicina alternativa y a la tradicional, así como buscar ayuda moral en sus creencias y fortalecer su protección mediante celebraciones, incluyendo danzas y ceremonias.

 

Economía

Con la llegada del covid–19 muchas cosas dieron un giro radical y se presentó lo que por mucho tiempo se temía: la escasez de insumos y alimentos. Este fenómeno fue casi imperceptible en las grandes ciudades, pues recibieron subsidios al ser consideradas zonas prioritarias; sin embargo, en las zonas rurales e indígenas pronto empezó a ser muy notorio.

Además de la escasez, los grupos originarios urbanos comenzaron a quedarse sin ingresos, ya que muchos de ellos se dedican a la elaboración y comercialización de artesanías en espacios como tianguis o mercados. Debido a la pandemia, estos espacios fueron suspendidos, dejando a estos comerciantes sin la posibilidad de allegarse recursos. A pesar de esto, los grupos indígenas buscaron otra opción para sobrevivir dentro de las ciudades. Desgraciadamente, los índices de desempleo eran altos y no había nada que ofrecerles.

Ante esta difícil situación las comunidades empezaron a dialogar y a escuchar propuestas con el objetivo de fortalecer las redes de comercio alternativo y las prácticas solidarias comunitarias. Gracias al regreso de algunos integrantes de las comunidades a su lugar de origen y al apoyo de las familias era factible reactivar la vida agrícola. Esta era un área de oportunidad para conseguir la subsistencia y evitar la pérdida completa de ingresos.

Por otro lado, nuestra universidad, el ITESO, con diversos proyectos y programas, tiene consolidadas desde hace tiempo colaboraciones con colectivos a los que ayudan en sus ingresos ofreciéndoles oportunidades de comercialización, fortalecimiento de redes y estrategias de economías alternativas, autonomía alimentaria, salud comunitaria, agrotecnologías, pequeñas y medianas empresas y tecnología para la incidencia social, es decir, enfocada en el buen vivir. Por razones obvias, ante la pandemia esas vinculaciones se volvieron más pertinentes y urgentes.

 

Educación

La educación representa uno de los temas de mayor complejidad, por lo que el ITESO ha colaborado desde hace 30 años con algunos centros educativos interculturales para afrontar y resolver esta problemática en los grupos indígenas. Como es bien sabido, durante la emergencia sanitaria la Secretaría de Educación Pública instrumentó estrategias de educación a distancia. Inicialmente se presentaron imprevistos y retrasos por falta de organización. Además, las clases virtuales requieren internet, servicio del cual carecen muchos alumnos de las comunidades originarias. Para solventar este problema la SEP decidió televisar las clases; sin embargo, la situación no se resolvió completamente, pues en las zonas rurales muchos también carecen de televisores.

Un buen número de estudiantes indígenas abandonaron su proceso educativo debido a que no podían hacer los reportes o tareas que indicaban los profesores y que era necesario presentar en la asesoría presencial.

Con la finalidad de ayudar a un mayor número de alumnos la Secretaría de Educación puso en marcha otra estrategia, que consistía en la entrega de cuadernillos a las familias; pero tampoco funcionó, pues muchos padres y parientes no tenían las herramientas escolares para ayudar a los estudiantes.

En cuanto a los indígenas que realizaban estudios en el ITESO en los años de la pandemia de covid–19, fue muy complicado continuar su preparación bajo estas circunstancias. Su economía era tan precaria que al final se registró una deserción del 20%, porcentaje realmente alto.

Pero no todo fue negativo. Algunas comunidades originarias decidieron romper el aislamiento en casa para poder trabajar no únicamente en los programas de las materias del currículo, sino en el enriquecimiento de los saberes que algunos centros educativos indígenas no tenían incluidos en su modelo educativo, como la agricultura, la siembra y la lengua materna. Igualmente, se abrieron espacios de intercambio de ideas entre los docentes y directivos para compartir y mejorar las prácticas pedagógicas, además de crear sus propios materiales, brindar asesorías a grupos pequeños y difundir lo aprendido entre los mismos alumnos.

El ITESO, haciendo frente a la deserción de estudiantes y como apoyo a ellos, colaboró en espacios de diálogo, materiales educativos, fortalecimiento en las estrategias de regularización académica y acompañamiento psicoafectivo. Asimismo, la universidad, otorgó becas para que sus estudiantes indígenas tuvieran acceso a dispositivos esenciales, como las computadoras, o cubrir gastos básicos como el pago de internet o luz en casa. De esta manera se intentó mitigar la desigualdad.

Medioambiente

Por desgracia, diversas comunidades indígenas no solamente se vieron afectadas en su persona, sino también en el lugar en donde habitan. No es una situación nueva que los grupos indígenas sean atacados, por no decir amenazados, por los megaproyectos. Este problema se agravó a causa de la emergencia de salud pública, pues los grupos que están detrás de esos proyectos se aprovecharon de que el sistema jurídico y los procesos legales se volvieron mucho más lentos y burocráticos para corromper a funcionarios. Ellos aceleraron el paso en el desarrollo de sus planes e invadieron el territorio de algunos grupos originarios.

Y aún más. Muchos indígenas no solamente fueron amenazados, sino asesinados por ser activistas defensores de su territorio. México es el segundo país con más crímenes en defensa a la tierra y el medioambiente (Enciso, 2021). En 2020 ocurrieron 30 asesinatos contra ambientalistas; un tercio de estos casos estuvieron vinculados con la tala. A la cuenta habrá que agregar 90 agresiones. Estas cifras representan 67% de aumento respecto a 2019, cuando ocurrieron 18 asesinatos.  Una posible causa del incremento de personas agredidas pudo ser la pandemia (Enciso, 2021). Por otro lado, en 2021 se registraron al menos 28 asesinatos contra defensores ambientales y líderes indígenas (Ramírez, 2021). Una situación poco mencionada, pero bien conocida, es el caso de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en donde se han provocado incendios intencionales para hacer inhabitable una zona y así poder expulsar a las comunidades de su territorio. Con acciones de este tipo se muestra el dominio que se tiene sobre la población y los gobiernos locales y estatales.

Por otro lado, y de manera impune, se encuentra la tala inmoderada que va haciendo que ganen terreno los grupos armados y el narcotráfico. Este último se ha vuelto tan importante que no solo tiene que ver con el comercio de drogas, sino con todas las actividades ilícitas propias del crimen organizado, entre ellas la trata de personas. En muchos territorios indígenas los grupos delictivos han cooptado absolutamente todo; la siembra, la pesca, la madera o cualquier recurso natural, así como los negocios en general. Se apoderan y controlan una a una las fuentes de trabajo y de ingreso cobrando derecho de piso. Despojan las tierras por medio de amenazas, se llevan a los adolescentes para integrarlos a sus grupos y realizan toda clase de fechorías, cuyo resultado es que la gente huya de su lugar de origen.

Cuando hablamos de territorios, vale la pena mencionar que el concepto de tierra que tienen las comunidades originarias es diferente al occidental. Para los grupos indígenas no es una pertenencia o un insumo, sino el lugar vivo que da y que comparte todo lo que contiene; incluso el ser humano le pertenece, junto con la flora, la fauna, la vida y la deidad. En las comunidades Wixaritari, conocidas con el nombre de huicholes, la tierra se concibe como Tatei Yurienaka, es decir, un espacio sagrado. Por tanto, existe un vínculo estrecho entre las comunidades y la naturaleza. Los espacios, por ser sagrados, merecen veneración y respeto. No se trata, pues, de un recurso que está al servicio del hombre, sino de un lugar que se cohabita y se defiende porque el hombre es parte de él.

Desgraciadamente, el acecho y la amenaza aumentó en los años de pandemia, ya que los ojos del mundo estaban enfocados en el covid–19, y era natural que así sucediera. Sin embargo, se dejó de pensar en estos grupos, que como es costumbre fueron marginados de una u otra manera en muchos aspectos, además de negárseles el derecho a la vida y a un hogar. La pandemia invisibilizó todas estas luchas y urgencias. Aquellos sucesos, como el asesinato de los líderes o de los activistas y las invasiones, no tuvieron eco en los medios de comunicación, porque fue la pandemia la que estuvo llenando las primeras planas en las redes y los medios. Todo esto contribuyó a que aumentara la vulnerabilidad de las comunidades originarias.

Para poder combatir estas problemáticas las comunidades abrieron espacios para dialogar y proponer alternativas. Estas se basaron en romper el aislamiento y reactivar las estrategias de defensa y organización. Visibilizar y denunciar las violaciones a los derechos humanos y el abuso de poder en sus territorios fue una parte de la construcción de un plan de desarrollo integral regional en el que se reunieron las principales autoridades de las comunidades de Jalisco, Durango y Nayarit. De esta manera se intentó reactivar la organización comunitaria y poder evitar los ataques, defender sus tierras, pero sobre todo habitarlas, creando así proyectos y programas de fortalecimiento cultural y comunitario. Así pues, la defensa de las tierras y la resistencia se realizó sembrando, danzando, organizándose y teniendo asambleas. De esta forma las comunidades llevaron sus procesos jurídicos e hicieron uso del derecho de vivir o del buen vivir en sus territorios.

Conclusiones

En este recorrido de la vivencia del covid–19 en las comunidades originarias se conocieron los diferentes contextos en los que estos grupos enfrentaron la emergencia sanitaria (salud, educación, medioambiente y economía). Las circunstancias adversas en las que vivieron esta enfermedad expusieron aún más la situación de marginación en la que se encuentran y la vulnerabilidad que tienen frente a la delincuencia organizada.

Como sociedad, es importante luchar para que se den a conocer las diferentes situaciones que se tienen en el país para, además de apoyar y hacer que se cumplan las leyes y políticas, integrar a cada una de las personas con sus diferentes contextos y poder así ejercer el derecho del buen vivir.

Sin duda, la pandemia dejó en evidencia las desigualdades históricas, sistemáticas y estructurales a las que han sido sometidas las comunidades originarias de nuestro país, así como la violación de los derechos humanos que, a pesar de ser declarados y promovidos por convenios internacionales, nuestras leyes no han sido armonizadas con ellos y las políticas públicas distan mucho de generar condiciones de equidad.

Hay que mencionar que, aunque hicimos un análisis de las implicaciones y del impacto que tuvo el covid–19 en los grupos originarios, dentro de ellos también existen matices. Es necesario considerar la interseccionalidad, es decir, las personas que aparte de ser indígenas cumplen con otras condiciones como el género, la edad, el contexto de movilidad o alguna discapacidad; estas variables provocan que aumente la situación de vulnerabilidad.

Es importante señalar la gran capacidad de organización de los grupos indígenas, lo cual les permitió afrontar esta y otras situaciones complejas por medio del diálogo y el consenso. En sus asambleas todos los miembros tienen un papel importante y ejercen con responsabilidad los cargos comunitarios y las representaciones.

La historia de estos pueblos da cuenta de una lucha y resistencia que no solo exige el respeto de los derechos, sino que propone otras maneras de vivir y comprender el mundo; que rompe con las lógicas basadas en el consumo y acumulación de la riqueza y antepone el cuidado de la persona, de la comunidad y del territorio. Con base en ello, y desde una mirada intercultural, es posible generar alianzas con organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y universidades que desde sus funciones sustanciales como lo es la investigación, formación y vinculación, apuestan a la construcción de alternativas y colaboración.

 

Referencias

Álvarez, L. H. (2013). Corazón indígena: lucha y esperanza de los pueblos originarios de México. Fondo de Cultura Económica.

Coneval. (2020). Medición de la pobreza. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Resultados_Pobreza_Interactivo.aspx

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (2015). Numeralia 2015. Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015 (pp. 21–26). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239921/01-presentacion-indicadores-socioeconomicos-2015.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [Const]. Artículo 2. 5 de febrero de 1917 (México). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Del Val, J., Pérez, J., Sánchez, C. & Romero, M. (2021). El mundo indígena 2021. (35ª ed., pp. 434–442). https://www.iwgia.org/es/mexico/4149-mi-2021-mexico.html

Enciso, A. (2021, 13 de septiembre) Asesinaron a 30 ambientalistas en México durante 2020: Global Witness. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/13/politica/asesinaron-a-30-ambientalistas-en-mexico-durante-2020-global-witness/

Fabro, M. (2019, 7 de agosto). Pueblos originarios, una cultura viva en México. Gaceta UNAM. https://www.gaceta.unam.mx/pueblos-originarios-una-cultura-viva-en-mexico/

IMSS. (2020). Para prevenir contagios por covid–19 cubrebocas debe cubrir nariz y boca, señalan epidemiólogos del IMSS. http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202006/373

Inegi. (2020, 7 de agosto).  Estadísticas a propósito del día internacional de los pueblos indígenas (9 de agosto) [Comunicado de prensa 392/2020]. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/indigenas2020.pdf

Inegi. (2020). Población de 3 años y más hablante de lengua indígena por entidad federativa según sexo, años censales de 2010 y 2020. https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=LenguaIndigena_Lengua_01_3d9fd443-d336-4897-ae45-d78c0ef85a30&idrt=132&opc=t

Instituto Nacional de las Mujeres. (2006). La población indígena mexicana. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100782.pdf

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. (2019). En el país, 25 millones de personas se reconocen como indígenas: INALI [Comunicado de prensa 03]. https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-08-15-22-50.html

Organización Internacional del Trabajo. (2014). Convenio Núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf

Pérez, M., & Rivera, M. (2011). Los pueblos originarios de México. Estudios agrarios, 17(47), 15–60. https://www.pa.gob.mx/publica/rev_47/an%C3%A1lisis/los_pueblos_originarios.pdf

Ramírez, J. (2021, 15 de julio). Alarman los asesinatos contra defensores ambientales e indígenas en México. Swissinfo. https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A9xico-d-humanos–previsi%C3%B3n-_alarman-los-asesinatos-contra-defensores-ambientales-e-ind%C3%ADgenas-en-m%C3%A9xico/46789434

Secretaría de Salud Pública de Sonora. (s.f.) Uso correcto del cubreboca. http://covid19.saludsonora.gob.mx/?page_id=288

Soares, D. (2021). El agua en zonas rurales de México: Desafíos de la Agenda 2030. EntreDiversidades: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 8(2), 191–211. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8022083

 

[*] El presente capítulo también está basado en las aportaciones realizadas para el IX Encuentro de la RED de Centros educativos interculturales Wixárika y Na’ayeri (CEYWINA), llevado a cabo el 19 y 20 de agosto de 2021 en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit, en Tepic, así como en el Seminario de Alternativas y Resistencias “Escenarios ante covid–19 en las comunidades y los pueblos indígenas”, del 30 de abril de 2020, organizado por Ibero Ciudad de México, ITESO, ISIA, Comunarr e Instituto Intercultural Ñöñho.

Referentes conceptuales para el análisis sociourbano de la pandemia por covid–19 en el área metropolitana de Guadalajara, México

Mara Alejandra Cortés Lara
Luis Raúl Rodríguez Reyes
Mónica Esperanza López Franco
Oscar Humberto Castro Mercado
Alejandro Mendo Gutiérrez

 

Resumen

La pandemia por covid–19 y sus efectos, que en distintas facetas de la vida fueron evidentes y obligaron a establecer estrategias emergentes en el sistema urbano internacional. La mayoría de los gobiernos, hogares y personas no estaban preparados para enfrentar de forma exitosa esta emergencia. Aún ahora, cuando ya transitamos hacia la nueva normalidad, los efectos de esa situación crítica son evidentes en diversos ámbitos del entorno urbano y la vida cotidiana. Este trabajo es parte de una reflexión desde distintos puntos de vista del ámbito socio–urbano producto de la pandemia y el confinamiento por covid–19 en el contexto del área metropolitana de Guadalajara. El texto tiene por objeto discutir los grandes retos que la pandemia estableció en lo económico, social y urbano, con la visión transversal de la sustentabilidad y la resiliencia, a partir de los referentes conceptuales de diversas disciplinas que permitan vislumbrar alternativas para recuperar la calidad de vida urbana.

Palabras clave: análisis socio–urbano, calidad de vida urbana, pandemia por covid–19.

Abstract

The covid–19 pandemic and its effects were felt in different aspects of life and forced governments to establish emergency strategies in urban systems around the world. Most governments, households and individuals were ill–prepared to deal successfully with this emergency. Even today, as we move toward the new normal, the effects of that critical situation are still evident in different spheres of the urban environment and everyday life. This paper is part of a reflection from different points of view of the socio–urban context regarding the pandemic and confinement caused by covid–19 in the Guadalajara Metropolitan Area. The aim of the text is to discuss the main social, economic and urban challenges that grew out of the pandemic, with a cross–sectional vision of sustainability and resilience, making use of conceptual referents from different disciplines that help to discern alternatives for recovering urban quality of life.

Key words: socio–urban analysis, urban quality of life, covid–19 pandemic.

 

La dimensión universal que cobró la pandemia por covid–19 obligó al sistema urbano internacional a responder con medidas de salud pública que garantizaran la seguridad de las poblaciones. A partir de marzo de 2020 se aplicaron en México disposiciones oficiales de carácter obligatorio en materia de transporte colectivo, espacios públicos, planteles educativos, puestos de empleo y centros de abasto que alteraron las rutinas en domicilios, entornos barriales y distritos urbanos. Ante ese contexto la vivienda rebasó su carácter doméstico tradicional para reconvertirse como espacio multifuncional adaptado para cuidados médicos, actividades laborales, tareas escolares, ejercicios físicos y momentos de ocio. Sin embargo, pronto se evidenció que la mayoría de los hogares no estaban preparados para enfrentar emergencias de este nivel y que tampoco lo estaban las urbes.

A pesar de que, en Guadalajara, una de las áreas metropolitanas más importantes de México, se instrumentaron acciones de diversa índole pensadas para proteger a los habitantes reduciendo su exposición al contagio, hoy se reconoce que no pocas intervenciones resultaron insuficientes. Es el caso de ciertos servicios clave —como el transporte urbano colectivo—, lo que representó una fuente de infección masiva para los sectores que no pudieron permanecer en casa. El cierre temporal de espacios públicos (abiertos o cerrados, privados o sociales) tampoco favoreció la disminución de contagios y la precariedad de la calidad arquitectónica de las viviendas no contribuyó a la satisfacción residencial de las mayorías.

En este trabajo se sugieren algunos elementos clave convenientes para abordar el análisis socio–urbano de los distintos espacios que resultaron críticos durante el confinamiento colectivo por la pandemia de SARS–CoV–2. El texto sintetiza parte de un proyecto de investigación que pretende encontrar cómo la sustentabilidad, la equidad socio–territorial, la resiliencia, la construcción social del hábitat y la seguridad pueden aportar soluciones socio–espaciales pertinentes a las ciudades mexicanas. En este caso, la capital de Jalisco será enfocada con la finalidad de reconocer cómo la vivienda, el barrio y la conurbación favorecieron, o no, la calidad de vida de sus ocupantes, por lo que en las siguientes páginas se discuten aspectos económicos, técnicos, sociales y urbanos en torno a la reconfiguración de los ámbitos de vida con que la gente sobrellevó esta calamidad.

 

Factores socioeconómicos: vivienda y covid–19

El surgimiento del covid–19 trajo consigo una pérdida en el bienestar para los habitantes del planeta, generando enfermedad, pobreza y muerte, tanto en países ricos como pobres, saturando los servicios de salud y afectando la actividad económica general. Sin embargo, a pesar de que la pandemia fue provocada por un virus similar, sus efectos fueron significativamente diferentes en diferentes países, y hasta en regiones, ciudades y grupos dentro de un mismo país.

Entre las hipótesis planteadas para el análisis de los factores socioeconómicos se consideró que esos impactos diferenciados son el resultado de la interacción del covid–19, como un factor externo, con un sistema prevaleciente en una ubicación geográfica, como lo es el área metropolitana de Guadalajara, en el cual la heterogeneidad socioeconómica entre sus habitantes es una característica relevante.

Para construir esta hipótesis principal y las hipótesis asociadas se utiliza el modelo de análisis sistémico propuesto por Shultz et al. (2017). Desde esta perspectiva, se puede entender al covid–19 como un factor macro externo que interactúa con otros factores macro sistémicos, como infraestructura, sistema político y económico, población y vivienda, y con las acciones de instituciones catalíticas (gobierno, empresas, sociedad civil) y produce resultados específicos asociados a ese sistema. La principal contribución de este análisis es la adaptación del modelo a un ambiente urbano, en el cual la heterogeneidad de condiciones socioeconómicas desempeña un papel importante en conjunto con otros factores generales que concurren en el área metropolitana de Guadalajara.

Entre la bibliografía revisada se destacan Cummings et al. (2022), quienes muestran que, en California, los trabajadores manuales y de servicios personales enfrentaron tasas de mortalidad por covid–19 desproporcionadamente altas, y Aceo–Gomez et al. (2022), quienes, en su estudio sobre México, encuentran que las personas con acceso a seguridad social (IMSS) del decil más bajo de ingresos tienen una probabilidad de muerte cinco veces mayor que los individuos del decil superior de ingresos. Esta evidencia presentada en la bibliografía apunta a una relación entre las características socioeconómicas de las personas y la gravedad del impacto del covid–19 en ellas.

Las principales hipótesis de trabajo, derivadas del análisis sistémico y cimentadas en la bibliografía existente sobre el tema, son las siguientes:

A) Trabajo/Resiliencia laboral y covid–19. (A.1) La forma en que se llevó a cabo el trabajo durante la pandemia (trabajo en casa, no pago/despido, actividad esencial, no paró de trabajar) tuvo un impacto en enfermarse de covid–19 o en la gravedad de la enfermedad enfrentada (infección leve, infección grave, fallecimiento). (A.2) La pobreza o el hacinamiento tuvieron un efecto en el tiempo para encontrar un trabajo de condiciones similares al trabajo perdido antes de la pandemia.

B) Acceso a salud y covid–19. (B.1) El acceso a la salud (IMSS, ISSSTE, farmacias, hospitales privados) para atenderse durante la pandemia tuvo un impacto directo en la gravedad de la enfermedad enfrentada.

C) Indicadores socioeconómicos y covid–19. (C.1) Hacinamiento, pobreza y otros aspectos socioeconómicos tuvieron un impacto en la gravedad de la enfermedad enfrentada.

D) Financiamiento de la vivienda y covid–19. (D.1) El tipo de financiamiento de la vivienda impactó en la gravedad de la enfermedad enfrentada y en la resiliencia económica mostrada a lo largo de la crisis de covid–19.

Finalmente, como investigación en proceso, se relacionan directamente con la información que se levantará en el área metropolitana de Guadalajara en los próximos meses.

 

El derecho a la vivienda durante la pandemia covid–19

El derecho a la vivienda fue establecido por la Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en su observación general número 4 (1991). Al ratificar la “Declaración Universal de los Derechos Humanos’’ de la ONU (art. 25), naciones–estado como México también han ratificado el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales’’ (1981). Se reconoce el derecho a una vivienda adecuada con “una importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales’’ (1991, art.1). En el folleto informativo número 21 sobre El derecho a una vivienda adecuada establece que este “no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo’’, sino como el derecho a vivir en “seguridad, paz y dignidad en alguna parte’’ (2009, art.1). En 1994 se definieron siete elementos indispensables para cumplir con el derecho a la vivienda: 1. Seguridad de tenencia, 2. Infraestructura habitacional, 3. Asequibilidad, 4. Habitabilidad, 5. Accesibilidad, 6. Ubicación, y 7. Adecuación cultural (UN–CESCR, 1999). Siguiendo las consideraciones de Hohmann (2014), tenencia es el punto focal del derecho de la vivienda (2014, p. 21).

Sin embargo, autores como Hohmann (2014) presentan la complejidad del derecho a la vivienda en su aplicación transnacional con interpretaciones dependientes del contexto desde los cuales se estudian y aplican (2014, p. 18). De esta manera, se reconoce la subyacente subjetiva apropiación del derecho en planos nacionales y locales para su instrumentación. Por ejemplo, en América Latina y México el derecho ha sido vastamente apropiado como “vivienda digna’’ tomando en cuenta solo una porción de los aspectos básicos para cumplir el derecho a la vivienda (2014, p. 85). En la “Ley de Vivienda’’ mexicana se define la vivienda digna y decorosa como “la que cumpla con las disposiciones jurídicas […] salubridad […] espacios habitables y auxiliares […] servicios básicos y […] seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes’’ (2019, art.2 con última reformación en 2015). Es de notar que en esta definición se cuenta con aspectos como tenencia, habitabilidad, accesibilidad, infraestructura habitacional y elementos climáticos relacionados con la ubicación y cultura de la vivienda. Sin embargo, el aspecto de asequibilidad no es mencionado.

Más recientemente, la Encuesta Nacional de Vivienda (Envi, Inegi) contempla las siguientes características para evaluar la situación de la vivienda en el país (2020, p. 03):

• Características físicas de la vivienda (habitabilidad)

• Situación de tenencia (seguridad tenencia)

• Financiamiento de las viviendas (asequibilidad)

• Gastos en construcción, reparación, mantenimiento y remodelación (asequibilidad e infraestructura)

• Satisfacción con la vivienda y con el entorno (accesibilidad y ubicación)

• Necesidades y demanda de vivienda (habitabilidad y adecuación cultural)

De manera directa e indirecta la Envi aborda los siete elementos del derecho a la vivienda, lo cual señala un avance evaluativo por parte del Inegi contra la “Ley de Vivienda’’ para abordar las condiciones de la vivienda. Por otro lado, este documento se realizó durante la primera oleada de la pandemia covid–19 de 2020 y es claro su impacto en los cambios de dinámicas y condiciones de la vivienda en México. A pesar de esto, en la ciudad de Guadalajara se ha visto incremento de la inversión inmobiliaria vertical (Flores, 2021) pero también un incremento en el encarecimiento de la vivienda (Jiménez, 2022). Este último se ha relacionado con el alza de precios para renta de inmuebles, encarecimiento de costos de vida, y pérdida de empleos en los hogares.

En esta aproximación se plantea el derecho a la vivienda como una estructura evaluativa para conocer la situación de vivienda durante la pandemia covid–19 en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara. Esta estructura ha sido trabajada para evaluar políticas de vivienda y su instrumentación en ciudades mexicanas (López, 2021) para descubrir y analizar patrones tanto de la normativa de vivienda vigente como de los impactos debido a las dinámicas socio–urbanas derivadas de la pandemia covid–19.

 

Resiliencia urbano–habitacional a escala barrial

La pandemia por covid–19 representó un cambio drástico en las formas de vida urbana y los procesos de socialización, uso y valorización de las interacciones y los espacios que determinan o fomentan no solamente las relaciones comunitarias, sino que también constituyen elementos esenciales para la habitabilidad y satisfacción residencial, así como el desarrollo humano y la salud física y social. En este sentido, vale la pena reflexionar sobre el potencial y el aporte del espacio público a la resiliencia urbana, no únicamente desde la visión social de la crisis experimentada, sino también como la oportunidad que representa la transición hacia a un enfoque transformativo y de adaptación hacia la crisis ambiental por el cambio climático.

El espacio público, sumado a la infraestructura y los servicios urbanos, emergieron como aquellos elementos que posibilitaron una mejora sustantiva en la calidad de vida, la salud y el bienestar generalizado de la población, o bien, la mala calidad o falta de provisión de estos incrementaron aún más la brecha y la condición de vulnerabilidad de algunas comunidades. Acorde con el BID (Piedrafita, Madera & Richter, 2022) los espacios públicos han sido reconocidos como espacios clave de apoyo a las comunidades que durante la pandemia de covid–19 tuvieron desafíos económicos y de salud como consecuencia de la disminución de la actividad urbana.

La respuesta de la población al uso y valoración del espacio público y las infraestructuras fue muy diferente en los distintos sectores socioeconómicos. Los gobiernos tuvieron posturas divergentes respecto de este tema también, mientras que en los países desarrollados en general hubo un resurgimiento de estrategias que trataban de aprovechar la realidad pandémica para apostarle a la generación de planes de inversión a futuro en la infraestructura verde, infraestructura de movilidad y espacio público; en los países en vías de desarrollo las prioridades de manejo de la pandemia fueron más urgentes e inmediatas, como mantener la salud de la población y los daños a la economía reducidos al mínimo posible.

Ahora en la nueva normalidad, y una vez pasada la emergencia inicial por el confinamiento, nos hemos dado a la tarea de revisar, desde diferentes perspectivas e indicadores, conceptos como el de resiliencia, que nos permitan generar indicadores para evaluación de la calidad del espacio público, la infraestructura y los servicios hacia la resiliencia urbana y así crear líneas estratégicas para el futuro de las ciudades. Cabe señalar que, en contextos como el nuestro, la resiliencia urbana aplicada en la agenda pública generalmente se entiende como estrategias de mitigación de los efectos negativos que un evento externo, como lo fue la pandemia por covid–19 y sus efectos en las ciudades. La transición hacia la posibilidad de adaptabilidad y transformación considerando la resiliencia urbana como el objetivo central de la ciudad del futuro.

En este marco, el BID propone una metodología para evaluar los espacios públicos con base en provisión, accesibilidad y calidad e inclusión. Tales conceptos van de la mano con lo que hemos analizado en otros autores, como Hamdi (2010), en relación con lograr un diseño equitativo y eficiente de la ciudad considerando una planeación y gestión urbana desde una perspectiva participativa. Los beneficios proporcionados por los espacios públicos, acorde con esta metodología del BID, se clasifican en sociales, relacionados con la calidad de vida y el bienestar personal físico y mental, así como la cohesión social; los ambientales, que tienen por objetivo reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, y los económicos, cuya función es conectar a las personas e impulsar la actividad económica (Piedrafita, Madera & Richter, 2022).

De acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (2020), algunos datos preliminares de la población del área metropolitana de Guadalajara manifiestan que la pandemia incrementó las inequidades en cuanto a la provisión de infraestructura, servicios y espacio público. A pesar de estas tendencias, en el sondeo realizado, el desempleo, la pobreza, la falta de servicios urbanos y la violencia e inseguridad fueron las problemáticas más apremiantes desde la percepción de la población en plena pandemia.

Finalmente, en la edición más reciente del Reporte de las Ciudades del Mundo 2022, en su capítulo cinco, destaca la importancia de asegurar un futuro más verde, para contrarrestar la crisis ambiental y el cambio climático que ya se manifiesta en desastres naturales, olas de calor, deslaves, sequías y pérdida de biodiversidad como consecuencia de las emisiones de carbono. Destaca la importancia del espacio verde en las transiciones urbanas hacia la resiliencia y siempre acompañado de una estrategia de inclusión y disminución de la inequidad urbana (un–Hábitat, 2022).

 

Sustentabilidad en la vivienda

Desde una perspectiva amplia y en el sentido del pensamiento de Leonardo Boff, la sustentabilidad en la vivienda debe contribuir a salvaguardar “las condiciones que sustentan la vida en la Tierra y permitir atender las necesidades y bienestar de la generación actual y de las generaciones futuras, mientras que preserva las comunidades vivas que las acompañan, y mantiene y enriquece la capacidad de regeneración, reproducción y co–evolución de los sistemas en que conviven esas comunidades” (Boff, 2012, p. 107).

El reto de transformar la vivienda en un hábitat más sustentable requiere considerar tanto a la vivienda nueva como a la vivienda ya existente. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 (Inegi, 2021), el parque habitacional en México contó en el año 2020 con 43.9 millones de viviendas, de las cuales 35.2 millones (que corresponden a 80%) estaban habitadas, 6.15 millones estaban deshabitadas (14%) y 2.5 millones eran de uso temporal (5.7%). Por su parte, el Consejo Nacional de Población estimó que para el año 2050 el número de hogares en el país alcanzará los 45.1 millones (Partida, 2008), mientras que, en un estudio más reciente, el banco bbva estimó que se requerirá aumentar el parque habitacional a 47 millones de unidades para satisfacer la demanda en el año 2050 (Torres, 2013).

La información anterior sugiere en primer lugar que la tendencia de crecimiento de vivienda nueva se mantendrá durante las siguientes dos décadas, lo que podría aprovecharse como una oportunidad para que esta vivienda nueva se construya en forma más sustentable a lo largo de todo su ciclo de vida (conceptualización y diseño, construcción, mantenimiento y disposición final). En segundo lugar, esta información también resalta la importancia de diseñar y poner en marcha políticas públicas que permitan aprovechar mejor los 6.15 millones de viviendas que ya están construidas pero que permanecen deshabitadas en nuestro país. Finalmente, el tercer componente de oportunidad para la sustentabilidad en la vivienda lo integran la gran mayoría de viviendas ya existentes que requerirán adecuaciones a lo largo de su vida útil.

Respecto de la dimensión socio–ambiental de la sustentabilidad en la vivienda, algunos de los principales retos por enfrentar tienen que ver con: I) niveles básicos de confort; II) la calidad de vida; III) el acceso equitativo a servicios básicos; IV) la asequibilidad de estos servicios, y V) el diseño universal de los espacios.

En materia de diseño universal (pensado para ser utilizado por todas las personas) la Encuesta Nacional de Vivienda (Inegi, 2021) detectó que arriba de 12% de las viviendas particulares habitadas (Vivph) necesitan adaptaciones para personas con discapacidad.

En materia de servicios básicos el acceso a agua potable de calidad no solo sigue siendo un pendiente en sector de la vivienda, ya que en 2020 solo 77.6% tenía acceso a agua entubada dentro de esta (Inegi, 2021), sino que en el futuro es altamente probable que ese acceso se dificulte más conforme más zonas del país presenten mayor estrés hídrico, como ya sucedió en el AMG en 2021 y en el área metropolitana de Monterrey en 2022.

En el diseño y construcción de la vivienda son fundamentales el confort higrotérmico y la calidad de vida de sus habitantes, ya que influyen en el consumo de recursos energéticos e hídricos y generan fuertes impactos económicos, sociales y ambientales. El inadecuado diseño bioclimático de la vivienda impulsa el uso de sistemas de climatización artificial (ventiladores, aires acondicionados, etc.) con el consecuente incremento en: I) el consumo de electricidad; II) en la cuota bimestral, y III) en las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2020 el porcentaje de viviendas con aire acondicionado en México ascendió a 17.1%, el de viviendas con calentadores solares de agua fue de 10.3% y aquellas con instalación de paneles fotovoltaicos fue de apenas 0.8% (Inegi, 2021). Hay una importante área de oportunidad en la introducción de tecnología apropiada y en la modificación de los hábitos de consumo en la vivienda para reducir sus múltiples impactos.

Un tipo de contaminación que se ha incrementado y afecta en forma importante a los habitantes en sus viviendas es el ruido. Si bien algunos municipios del AMG cuentan con un instrumento normativo para atender las denuncias por exceso de ruido y sancionar a quienes rebasen los niveles permitidos en la norma mexicana, una hipótesis de este trabajo aborda el aumento de reportes por ruido derivadas por el confinamiento en la vivienda durante la pandemia por SARS–CoV–2.

Las características y el tipo de espacios de la vivienda y en particular los espacios tratados de manera residual, por ejemplo, cocheras, patios y azoteas, deberían estar en el centro de las futuras transformaciones en la vivienda, si tomamos en cuenta las experiencias derivadas de la pandemia por SARS–CoV–2. La Encuesta Nacional de Vivienda (Inegi, 2021) detectó que, para diciembre de 2020, el 26.6% de las VivPH en México identificaron la necesidad de adaptar, remodelar o construir algún espacio de la vivienda por causa del confinamiento.

La perspectiva de la sustentabilidad en el hábitat humano requiere considerar los retos anteriores y aquellos que de manera adicional fueron puestos en evidencia por la pandemia por SARS–CoV–2.

 

Asimetrías intrametropolitanas y desequilibrios socioterritoriales en la conurbación: la exacerbación por covid–19

En este apartado se proponen algunos conceptos fundamentales considerados convenientes para impulsar mejores respuestas urbanas a las asimetrías intrametropolitanas y desequilibrios socioterritoriales que disminuyeron la calidad de vida en las conurbaciones durante contextos de trance crítico universal, como el ocurrido en el bienio 2020–2021.

 

Indicios sugerentes

Durante la pandemia por covid–19 copiosos informes científicos e investigaciones académicas dieron cuenta de crisis sistémicas inéditas que experimentaron las grandes urbes, situación que golpeó particularmente a los sectores más vulnerables de la población mundial. Trabajos anteriores compilan indicios sugerentes que apuntan cómo la ausencia o cobertura deficitaria de infraestructura metropolitana, equipamiento especializado y servicios urbanos básicos aumentó la exposición social a la enfermedad (Mendo, 2021; unesco, 2020; Wainer, 2020). Estas limitaciones estructurales a la salud pública restringieron la capacidad ciudadana para hacer frente al SARS–CoV–2 en varias de las zonas conurbadas mexicanas (Christaller, 2021).

 

Conjetura inicial

Los sistemas urbanos ofrecen las mejores oportunidades de desarrollo y bienestar a las poblaciones porque son los “motores impulsores del crecimiento económico” en el mundo (Naciones Unidas, 2017). Entre la diversidad de asentamientos humanos las megaciudades concentran instalaciones, recintos, facilidades y recursos altamente especializados para proveer alimentación, vivienda, salud, educación y empleo, razón por la cual la gente prefiere radicar en metrópolis. No obstante, a lo largo de la pandemia por covid–19 las conurbaciones acusaron importantes disfuncionalidades en la prestación de servicios básicos y satisfactores primarios que menoscabaron la calidad de vida de los residentes urbanos, por lo que es necesario identificar referentes conceptuales de utilidad para corregir en las grandes aglomeraciones urbanas las asimetrías intrametropolitanas y los desequilibrios socioterritoriales que emergen durante los periodos de estrés sistémico generalizado.

 

Referentes de utilidad

Para facilitar el tránsito social hacia la ‘nueva normalidad’ tras el covid–19 aparecen tres nociones clave en el ámbito territorial: I) flexibilidad espacial; II) construcción autogestionaria de la ciudad, y III) resiliencia urbana. Esta tríada facilita la formulación de acciones sociourbanas estratégicas en diferentes ámbitos —la vivienda, el entorno barrial y el conjunto urbano—, por lo que es aprovechable para reconocer el desempeño global de una entidad metropolitana en materia de habitabilidad, participación social y sostenibilidad urbana.

La flexibilidad espacial se define como el grado de modificabilidad adaptativa con que pueden reconfigurarse los elementos espaciales que sirven de hábitat a los pobladores (Chaillou, 2018). La construcción autogestionaria de la ciudad se entiende como el proceso colectivo de producción del hábitat sin fines de lucro (Rolac, citado en Arébalo et al., 2006), y la resiliencia urbana remite al potencial de cambio con que una ciudad puede reaccionar ante cualquier situación que altere su entorno vital y dinámicas funcionales (Ng Alemán & Mendo, 2008).

 

Conclusiones

Como se ha expuesto antes, la irrupción de la pandemia por covid–19 generó contextos inéditos en el plano internacional que obligaron a que gobiernos, urbes y ciudadanos ajustaran sus condiciones de existencia habitual. Estas modificaciones se acataron masivamente por tratarse de disposiciones oficiales de observancia forzosa, pero también hubo adaptaciones individuales y colectivas de carácter espontáneo que amoldaron prácticas y espacios para facilitar la vida diaria y mantener el orden previo sin exposición al riesgo. Estos cambios en los patrones cotidianos y estas transformaciones en la configuración física de los entornos de vida resultan de suma importancia para las ciencias de la ciudad pues representan claves hacia la llamada “nueva normalidad” postpandemia.

Para el caso específico mexicano conviene identificar cómo las poblaciones y las autoridades gubernamentales adecuaron el hábitat doméstico, barrial y urbano en su afán por asegurar la fluidez de las dinámicas funcionales críticas de las ciudades a lo largo de esta contingencia extraordinaria. Por ello, el proyecto de investigación en que se ocupa este equipo de trabajo enfoca lo ocurrido en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco, para reconocer qué intervenciones sociourbanas pueden impulsarse ahora en términos de políticas públicas urbanas, programas de mejoramiento barrial y proyectos habitacionales concretos.

Así, en el abordaje investigativo de este objeto de estudio parece útil recurrir a nociones disciplinares como los factores socioeconómicos, el derecho a la vivienda, la resiliencia urbano–habitacional, la sustentabilidad en la vivienda o la flexibilidad espacial —expuestas páginas arriba— debido a sus poderosas posibilidades explicativas y aplicativas para la construcción de asentamientos humanos más preparados ante nuevas eventualidades.

 

Referencias

Arceo–Gomez, E. O., Campos–Vazquez, R. M., Esquivel, G., Alcaraz, E., Martinez, L. A., & Lopez, N. G. (2022). The income gradient in covid–19 mortality and hospitalisation: An observational study with social security administrative records in Mexico. The Lancet Regional Health–Americas, 6, 100115.

Arébalo, M., Bazoberry, G., & Landaeta, G. (2006). La producción social del hábitat en Bolivia. En M. Arébalo, G. Bazoberry, C. Blanco, S. Díaz, R Fernández, A. Florián, R. García, El camino posible. Producción social del hábitat en América Latina, (pp. 127–147). Ediciones Trilce.

Boff, L. (2012). La sostenibilidad; qué es y qué no es. Ediciones Dabar.

Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. (2020). Estudio de seguimiento sobre la pandemia de covid–19 en Jalisco. https://www.jaliscoafuturo.mx/wp-content/uploads/2020/07/2020.07.24-Encuesta-seguimiento-covid–19-jalisco.pdf

Chaillou, S. (2018, 16 de febrero). Metabolism(s). Space Flexibility in the 21st Century. Built Horizons. https://medium.com/built-horizons/metabolism-s-spatial-flexibility-in-the-21st-century-d7cef8aaaf84  [fecha de consulta: 22 de agosto de 2022].

Christaller. Estación de Inteligencia Territorial. (2021). Análisis de casos positivos a la prueba covid–19. http://www.christaller.org.mx/index.php [fecha de consulta: 15 de agosto de 2022].

Cummings, K. J., Beckman, J., Frederick, M., Harrison, R., Nguyen, A., Snyder, R., et al. (2022). Disparities in covid–19 fatalities among working Californians. PLoS ONE, 17(3): e0266058. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266058

Hamdi, N. (2010). The Placemaker’s Guide to Building Community. Earthscan.

Hohmann, J. (2014). The right to housing: Law, concepts, possibilities. Bloomsbury Publishing.

Inegi (2020). Encuesta Nacional de Vivienda (Envi).

Inegi (16 de marzo de 2021). Recuperado el 22 de agosto de 2022, de https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Documentacion

Inegi. (2021, 26 de agosto). Encuesta Nacional de Vivienda 2020. https://www.inegi.org.mx/programas/envi/2020/ Recuperado el 24 de febrero de 2022.

Inegi. (201, 16 de marzo). Censo Nacional de Población y Vivienda. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Documentacion Recuperado el 21 de agosto de 2022.

Jiménez, B., & García, M. (2014). Corrupción y caos urbano en Guadalajara, Jalisco, México. En A. Hira & J. Serrudo, J. (Eds.), Cómo disminuir la corrupción y mejorar la gobernabilidad en países de desarrollo, Tópicos Selectos de Recursos, vol. 1. pp. 69–78. Ecorfan. 

López, M. (2021). Frameworks for Urban Conservation: Social Equality Through Housing Tenure in Mexican Historic Cities. Cases of Mexico City and Guadalajara. [Tesis de doctorado University College London].

Mendo, A. (2021). Ciudades y pandemia. Retos emergentes. Clavigero, 20. https://clavigero.iteso.mx/2021/06/08/suplemento-clavigero-num-20/

Naciones Unidas. (2017). Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles para todos. Secretaría de Hábitat III. https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf [fecha de consulta: 22 de agosto de 2022].

Ng Alemán, D. F. y Mendo, A. (2018, 7 de septiembre). Resiliencia urbana y espacio público en un barrio de Guadalajara. Creatividad social en Balcones de Oblatos [Ponencia]. 2do. Congreso Internacional sobre Sustentabilidad en los Hábitats. ITESO, México.

Partida, V. (2008, 15 de enero). Consejo Nacional de Población. http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/hogares_viviendas/hogares.pdf Recuperado el 31 de enero de 2022.

Piedrafita, C., Madera, R., & Richter Elías, A. (2022). Los espacios públicos en América Latina y el Caribe: guía práctica para su reactivación en la pospandemia. Banco Interamericano de Desarrollo. http://dx.doi.org/10.18235/0004139

Shultz, C., Rahtz, D., & Sirgy, J. (2017). Distinguishing flourishing from distressed communities: Vulnerability, resilience and a systemic framework to facilitate well–being. En R. Phillips & C. Wong (Eds.), The handbook of community well–being. Springer.

Torres, E. (2013, agosto). Una mirada a las necesidades de vivienda de mediano plazo: 1. El factor demográfico. https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/mult/130822_PresentacionesMexico_106_tcm346-399815.pdf

CESCR (1999). General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of  the Covenant), 13 de diciembre de 1991, E/1992/23. https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html 

UN–HABITAT. (2022). World Cities Report. Envisaging the Future of Cities. https://unhabitat.org/world-cities-report-2022-envisaging-the-future-of-cities

UN-OHCHR. (2009). Fact Sheet No. 21, The Human Right to Adequate Housing, noviembre de 2009, Fact Sheet No. 21/Rev.1. https://www.refworld.org/docid/479477400.html

Unesco. (2020). Urban Solutions: Learning from Citie’s Responses to covid–19. https://en.unesco.org/urban-solutions-Learning-from-cities-responses-to-COVID19

Wainer, R. (2020, 25 de junio). The metropolis and mental life in the age of covid–19: Delaying descent into the blasé attitude. Somatosphere. http://somatosphere.net/2020/metropolis-mental-life.html/

Movilidad humana —precaria y vulnerable— en contexto del covid–19: tendencias internacionales y de la región Centro–Norteamericana

Adriana González–Arias
Miguel Vilches Hinojosa

 

Resumen

En el proyecto de investigación Movilidad humana por la ruta Centro–Norte del Occidente de México: vulnerabilidades, alternativas y políticas públicas,[1] coordinado desde el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, nos dimos a la tarea de analizar el impacto de la pandemia de covid–19 en la gestión de los movimientos humanos en el ámbito internacional y las consecuencias en movilidades interrumpidas, remesas disminuidas y dificultad para el acceso a derechos básicos.
En consecuencia, nos planteamos el objetivo de analizar el aumento de vulnerabilidad que padecían las personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes indocumentados y desplazados internacionales, en específico en la región Centro–Norteamericana (CN&NA).
Para lograr ese propósito analizamos las problemáticas más sobresalientes de estos procesos de movilidad humana a escala internacional y en la región CA&NA, así como las consecuencias negativas que viven estos grupos de personas vulnerables y vulneradas a partir de los efectos de la pandemia y de las acciones tomadas por los estados. Esto se logró a partir del análisis de documentos realizados por organismos y organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, así como de artículos académicos.
Como parte de los resultados de la información analizada se pudo observar tendencias internacionales que ocurren en este contexto de movilidad humana durante la pandemia covid–19, y desde las movilidades humanas forzadas en la región ca&na. Estos resultados son el producto de una reflexión colectiva del grupo de investigación, y que presentamos en este capítulo.

Palabras clave: movilidad humana, pandemia covid–19, vulnerabilidad

 

Abstract

In the research project Human Mobility Along the Central–Northern Route of Western Mexico: Vulnerabilities, Alternatives and Public Policies,[2] coordinated from ITESO, the Jesuit University of Guadalajara, we set out to analyze the impact of the covid–19 pandemic on the management of human movements at the international level and the consequences in terms of interrupted mobility, diminished remittances, and difficulties in securing basic rights.
Consequently, we defined as our objective an analysis of the increase in vulnerability experienced by refugees, asylum–seekers, undocumented migrants, and international displaced people, specifically in the Central–North American (CN&NA) region.
To fulfill this objective, we analyzed the most pressing issues of these human mobility processes at the international level and in the (CN&NA) region, as well as the negative consequences experienced by these groups of vulnerable and victimized people due to the effects of the pandemic and the actions taken by states. Specifically, we analyzed documents produced by national and international non–governmental organizations, as well as academic documents.
Among the results of the information analyzed we observed international trends that occur in this context of human mobility during the covid–19 pandemic, and of forced human mobility in the (cn&na) region. These results, which came out of a process of collective reflection by the research group, are presented in this chapter.

Key words: human mobility, covid–19 pandemic, vulnerability

 

La movilidad humana internacional se estructura y supedita a diversas variables como la nacionalidad, la capacidad económica, los controles migratorios restrictivos y las características étnicas, entre otros muchos factores que condicionan el cruce de fronteras nacionales. La pandemia de covid–19 generó una variable más: el riesgo de que las personas en movilidad internacional fueran un agente de propagación del nuevo coronavirus. Esta idea afectó y evidenció la movilidad humana precaria y vulnerable de millones de personas en el mundo, principalmente de aquellas que se trasladan sin autorización más allá de los territorios en los que nacieron con la finalidad de sobrevivir y encontrar mejores condiciones de vida.

Estas personas en contexto de movilidad humana precaria se han enfrentado a mayores retos de los que ya sorteaban antes de la pandemia, con difíciles condiciones de vida en sus países de origen, los peligros, la violencia y la precarización laboral que enfrentan en sus trayectos migratorios y en la llegada a los países de destino. La discriminación que los vulnera y complica su acceso a derechos básicos se ha incrementado, provocando mayores dificultades en la convivencia sociocultural de las sociedades de origen, tránsito, destino y retorno.

A pesar de las políticas migratorias con carácter restrictivo y endurecidas por la pandemia global, la movilidad humana no se ha detenido. Hemos visto que algunos grupos han alcanzado cifras récord, como las personas que viven en situación de desplazamiento interno, quienes llegaron a ser 55 millones a escala mundial a finales de 2020, como lo señala el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados (IDMC, por sus siglas en inglés) (GRID, 2021). Por otro lado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señaló que a mediados del año 2020 se alcanzaron cifras que no se habían visto antes, 80 millones de personas a escala global en situación de desplazamiento forzoso y refugio (ACNUR, 2020), cifra que ha superado los 100 millones en junio 2022 (ACNUR, 2022). Estas realidades han desbordado los sistemas de asilo estatales y las previsiones institucionales del sistema de gobernanza internacional.

Desde este contexto convulso, un grupo de investigación conformado por académicos, organizaciones de la sociedad civil organizada y estudiantes nos cuestionamos sobre las consecuencias de la pandemia y sobre cómo gestionar movimientos migratorios internacionales desde una perspectiva de derechos humanos, para encontrar alternativas a los procesos de migración más humanos.  Fue entonces como en el proyecto Movilidad humana por la ruta  Centro–Norte del Occidente de México: vulnerabilidades, alternativas y políticas públicas,[3] coordinado desde el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, nos dimos a la tarea de analizar esos impactos y sobre cómo se estaban gestionando los movimientos humanos en el plano internacional y en la región Centro–Norteamericana (CA&NA) desde un contexto regional y desde prácticas específicas ejecutadas por actores en diferentes países de la región.[4]

El artículo que se presenta es producto de una reflexión colectiva, el cual tiene como objetivo analizar las problemáticas más sobresalientes de estos procesos de movilidad humana a escala internacional y en la región CA&NA, así como las consecuencias negativas que viven estos grupos de personas vulnerables y vulneradas a partir de los efectos de la pandemia y de las acciones tomadas por los estados.

El texto se divide en tres apartados que intentan explicar el contexto de movilidad humana internacional durante la pandemia covid–19. El primero centra el análisis en una realidad global de políticas migratorias con tendencias al control migratorio y fronterizo en procesos de securitización que vemos replicarse en estados que son territorios de tránsito y destino de personas migrantes. El segundo apartado explica cuatro consecuencias que emanan de estas políticas restrictivas y que se observan como tendencias internacionales y, el tercer apartado, analiza las tendencias estructurales que generan movilidades humanas forzadas en la región CA&NA; se decide hablar de la región por necesidad de entender el contexto macro de la investigación que realizamos. Para finalizar, se integran algunas consideraciones finales a manera de conclusiones.

 

Control migratorio y fronterizo en tiempos de pandemia covid–19

Las medidas restrictivas a la movilidad humana que impusieron los estados con el decreto de crisis sanitaria a escala internacional, con la llegada de la pandemia por covid–19 a finales del año 2019 y principios de 2020, se dictaron como una medida de política doméstica para la contención del virus. Sin embargo, esto ocasionó afectaciones internacionales, principalmente por el cierre de fronteras, y uno de los grupos que se afectó en mayor medida es el de personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad, como refugiados, solicitantes de asilo, migrantes indocumentados y desplazados —internos e internacionales.

Estas acciones atentan contra los derechos humanos y vulneran a las personas. Además, se genera una opinión pública en donde la migración se ve como problema de seguridad, lo que la equipara con otras problemáticas internacionales como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado; las que, por su naturaleza e implicaciones deben atenderse desde diferentes principios y políticas de seguridad.

Las operaciones específicas que se observaron en distintas regiones del mundo fueron el cierre de fronteras por vías terrestres, detención y deportación de personas sin documentos migratorios y sin protocolos de salud en condiciones de hacinamiento, cierre parcial o total en la atención de solicitudes de asilo y refugio, y prácticas de represión policiaca en regiones fronterizas que sirven para la contención de migración indocumentada a países de destino migratorio —polos de atracción—, como es el caso de las fronteras de México y Estados Unidos, y Turquía y Marruecos con la Unión Europea.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Oficina Regional de San José Costa Rica (2020), documentó que las restricciones impuestas por los estados como respuesta al brote de covid–19 no detiene a las personas migrantes para que sigan realizando trayectos migratorios en la región Centro–Norteamericana, y hacen trayectos más peligrosos al buscar rutas menos vigiladas, pero están más expuestos al crimen organizado y a situaciones extremas donde el medio ambiente puede atentar con la vida de las personas.

Estas situaciones también se observan en otros lados del mundo, como es el caso de los pasos fronterizos de Marruecos con Ceuta y Melilla, en donde la vigilancia de las vallas aumentó, se reforzaron las fuerzas de seguridad en las costas del norte y se desmantelaron campamentos de migrantes en los bosques y en las grandes ciudades marroquíes, lo que ha conducido a que las personas busquen otros puntos de salida menos controlados, como son el sur de Marruecos y el Sáhara Occidental (Moreno, 2020).

La crisis sanitaria ha dejado observar con mayor nitidez un manejo generalizado de los flujos migratorios indocumentados o con necesidades de protección internacional, desde políticas restrictivas que se basan en el paradigma de securitización y con acciones de externalización de fronteras. Estas prácticas, en combinación con la crisis sanitaria global, ha generado una exacerbación de tendencias perversas ya preexistentes en la migración y el desplazamiento internacional de grupos migratorios vulnerables (González–Arias & Aikin, 2021).

 

Tendencias internacionales de la movilidad humana durante la pandemia covid–19

Cuatro tendencias se han identificado en el plano internacional en la mayoría de los estados hegemónicos y que son consecuencia de las políticas de control migratorio y fronterizo, acciones de gestión migratoria para endurecer la entrada y salida de los países.[5]

    1. Atrapamiento con precarización y violencia de la vida de desplazados, migrantes y aspirantes al asilo
      El cierre generalizado de fronteras, con los acuerdos de Tercer País Seguro,[6]  con programas como el de “Quédate en México”[7] y la aplicación del Título 42 de Estados Unidos han provocado que miles de personas quedaran atrapadas en países que no eran su destino de migración. Con estas acciones, a estas personas se les ha expuesto a una mayor vulnerabilidad, ya que se les deja en condiciones de pobreza, situación de calle y exposición a situaciones de violencia, especialmente del crimen organizado y las fuerzas del orden.
    1. Aumento de la peligrosidad de las rutas y el tráfico de personas
      Cuando las personas migrantes son orilladas a tomar rutas más peligrosas se aumentan los riesgos y el costo del viaje. Los apoyos humanitarios y el rescate de las personas no están fácilmente disponibles (UNODC, 2020). La Organización Internacional de las Migraciones (OIM, 2020) registró 1,200 muertes de migrantes en movimiento en la primera parte del año 2020, y asume que la recolección de datos no ha sido suficiente, por lo que las cifras podrían haber sido superiores, pues existen naufragios invisibles, que cada vez son más frecuentes, por ejemplo, en el Mediterráneo o la Bahía de Bengala.
      La suma de la crisis económica mundial generada por la pandemia, las barreras a la movilidad y el incremento del desempleo generan un contexto de necesidades variadas por diversos actores que ha terminado a un incremento en el tráfico de personas (UNODC, 2020). Por ejemplo, según Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (US Customs and Border Protection, 10 de marzo de 2021), entre febrero y abril de 2021 la entrada irregular al país a través de la frontera sur se incrementó en 28%. El reporte de la UNODC (2020) afirma que las rutas que se han activado más entre África y Europa han sido la del occidente del Mediterráneo hacia las Islas Canarias como nueva ruta de escape y la del Mediterráneo central.
    1. Incremento en la violencia contra las mujeres, niñas y otros grupos vulnerables en situación de movilidad
      Amnistía Internacional (2020b) documenta que con el cierre de fronteras y el incremento de pasos irregulares (no controlados) ha expuesto a mayores situaciones de violencia, abuso, tráfico y trata con fines de explotación sexual a personas que realizan una movilidad humana internacional. ONU Mujeres (2020) ha expuesto que las medidas de aislamiento y confinamiento en los hogares o albergues para migrantes han generado un aumento de casos de violencia sexual basada en motivos de género; las víctimas tienen miedo de denunciar debido a su estatus migratorio o por la falta de acceso a canales de denuncia.
      Por otro lado, el reporte de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2020) observa que, dentro de los grupos migrantes especialmente vulnerables durante la pandemia, están las personas LGBTI, que se enfrentan a discriminaciones acentuadas, discursos de odio y ataques personales, tanto por ser migrantes como por su identidad de género u orientación sexual; además de la dificultad especial para acceder a servicios de salud y a discriminación para obtener trabajo.
    1. Aumento de la desigualdad y agudización de las causas estructurales del desplazamiento humano y la migración
      El aumento de la desigualdad se vincula desde dos contextos: de los países de origen migratorio, lo que se relaciona con las causas estructurales que generan la necesidad de movilidad humana (migración y desplazamiento), y desde lo que sucede en los países de destino, donde se da el establecimiento de población en procesos de migración irregular, con bajos recursos y relacionado con múltiples violencias (estructurales y sociales).
      Sobre las causas de emigración que se exacerban en contexto de pandemia, en diferentes regiones del mundo OXFAM (2021) documenta que, en el sur de Asia, en Asia Oriental y en el Pacífico, más de dos tercios de las personas se verán arrastradas a la pobreza; se estima que 40 millones de personas en América Latina y el Caribe perdieron su empleo en 2020, y 52 millones más tienen altas probabilidades de acabar en situación de pobreza. En India 40 millones de migrantes internos regresaron a sus comunidades de origen por causa del desempleo que se vivía en la informalidad.
      En referencia a los países que reciben población desplazada y en contexto de migración Amnistía Internacional (2020a) declara que refugiados, migrantes y solicitantes de asilo son los que tienen mayores desafíos en tiempos de pandemia, todo relacionado con “su estatus legal y migratorio, situaciones laborales precarias y acceso restringido a beneficios públicos y sistemas de atención médica” (traducción de los autores, p. 1).

 

Tendencias de la región Centro–Norteamericana durante la pandemia covid–19

En este apartado seguimos la regionalización que la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJM CANA) ha propuesto por más de 10 años para articular un trabajo de acompañamiento pastoral, de investigación e incidencia que rebasa las delimitaciones territoriales de los estados nación. Esta región se conforma por 10 países con realidades diversas pero conectados por ciertos patrones de migración internacional ((Vilches, 2020). Según el Índice de desarrollo humano 2019, en el sur de Centroamérica se encuentran países clasificados como de muy alto desarrollo humano, como Costa Rica y Panamá, mientras que en el norte de la región encontramos países clasificados como de medio desarrollo humano: Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. México y Belice se encuentran clasificados como de alto desarrollo humano. Finalmente, Estados Unidos y Canadá se ubican como los de mayor desarrollo humano en la región —en el mismo nivel de desarrollo humano que Costa Rica y Panamá—, pero muy por encima en el ranking mundial, ya que ocupan el lugar 17 y 16, respectivamente; mientras que Panamá está en el lugar 57 y Costa Rica en el 62 (PNUD, 2020).

Este indicador nos ayuda a entender que ciertos países sean considerados como destinos migratorios, no solo por razones económicas, sino porque objetivamente existen posibilidades para desarrollar vidas más largas, saludables y con ingresos suficientes para adquirir conocimientos valiosos que generen bienestar. En la figura 9.1 se puede observar la tasa neta de migración, es decir, cuáles países reciben más inmigrantes que los que se van por cada 1,000 habitantes. En este sentido, se puede considerar países de inmigración a Canadá, Belice, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica; en tanto que en El Salvador, Nicaragua, Honduras, México y Guatemala serían países de emigración. Sin embargo, en países como México se observa un cambio paulatino a país de inmigración. Esto no quiere decir que no existan personas migrantes que provienen de otras regiones del mundo, por el contrario, la diversidad de nacionalidades de origen que llegan y transitan por esta región del mundo tiene una alta diversidad, pero en este trabajo queremos señalar que en el ámbito regional existe un patrón migratorio dominante hacia los países de Norteamérica condicionado por fuerzas de atracción y expulsión, que combinados con redes sociales transnacionales y factores históricos de relación entre los países configuran un sistema migratorio.

Estos indicadores nos ayudan a mostrar de modo panorámico la desigualdad y las complejas dinámicas migratorias entre los países de la región. Pese a las diferencias entre los países, se observa un sistema migratorio regional, en el que Estados Unidos se constituye como país determinante que condiciona el volumen, la dirección, la rapidez y el modo como se controlan los flujos de migrantes documentados e indocumentados. En este sentido, el sistema migratorio implica dinamismos históricos entre los países involucrados en el origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Los procesos de violencia, pobreza, extracción de materias primas, circulación de mercancías, bienes y servicios a través de las fronteras de estos países se relacionan con la necesidad de millones de personas de trasladarse más allá de sus territorios para sobrevivir y buscar opciones de desarrollo por corredores, circuitos y rutas migratorias que producen una movilidad humana precaria y vulnerable en geografías periféricas (Vilches, Rivas, & Vidal, 2021).

Una de las manifestaciones de esta movilidad humana periférica y no autorizada en la región son las llamadas caravanas migrantes, que acontecieron con mayor notoriedad en octubre de 2018, cuando cerca de una decena de miles de personas franquearon la frontera sur de México para intentar llegar a territorio estadounidense (Torre, Cantalapiedra, 2021), pero que han seguido sucediendo incluso a pesar de la pandemia de covid–19. En este contexto, la dinámica de la movilidad humana internacional en la región ca&na se ha visto impactada principalmente por las restricciones sanitarias y su utilización para contener–expulsar personas migrantes no deseadas.

En los principales países de la región las medidas de protección a la salud pública se han utilizado para robustecer los controles migratorios y obstaculizar el acceso al derecho al asilo, así como elevar los costos de movilidad internacional e incrementando los riesgos a las personas migrantes que intentan hacerlo sin autorización. Este es el caso del Título 42 de la Ley de Servicios de Salud Pública puesto en vigor en marzo de 2020 en Estados Unidos, que fortaleció el sistema de contención migratoria en la frontera sur de ese país y ha posibilitado que las autoridades migratorias fronterizas de ese país expulsarán sistemática y arbitrariamente a personas a las cuales se consideró como un riesgo de transmitir enfermedades en territorio estadounidense.  Esta medida, aunada a otras, ha impulsado las expulsiones de unos dos millones de personas extranjeras en la frontera México–Estados Unidos entre marzo de 2020 y abril de 2022 (Isacson, 2022).

El derecho a migrar legal y ordenadamente se ha ratificado como un privilegio para pocas personas en toda la región.

El volumen de la movilidad humana no autorizada disminuyó en los primeros meses de la pandemia, aunque esta alteración ha sido provisional y focalizada durante los primeros meses. Una manera de identificar esta disminución es analizar el número de detenciones de personas migrantes en los países de la región. En el caso de México, el número de eventos de personas extranjeras presentadas e ingresadas en una estación migratoria por alguna irregularidad migratoria disminuyó durante 2020, principalmente entre los meses de abril y julio. Pero en los siguientes meses estas presentaciones, que en los hechos se trata de detenciones que en su mayoría terminan en expulsiones del territorio nacional (procedimientos de devolución o retorno asistido), han ido creciendo hasta superar en 2021 los 185 mil eventos de presentación (véase la figura 9.2). Durante el 2022 al parecer el volumen de personas que transitarán por el territorio nacional sin documentos superará lo registrado en los años previos a la pandemia.

La mayoría de las personas que son registradas en estos eventos de detención en México provienen de tres países del norte de Centroamérica: Honduras, Guatemala y El Salvador. La mayoría de ellas son hombres jóvenes en edad de trabajar y que viajan en condiciones de alto riesgo para intentar no ser detectados por las fuerzas policiales y militares que se han ido expandiendo en la labor de contención migratoria, pese a las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil organizada que alertan sobre los altos costos humanos que conlleva el enfoque de seguridad nacional para gestionar las migraciones internacionales (Redodem, 2021).

Este análisis nos sirve para identificar cinco tendencias de la región CA&NA:

    1. Se mantiene la migración masiva, irregular, forzada, en condiciones de alta vulnerabilidad con destinos cambiantes, pero con una orientación firme hacia las regiones de mayor concentración de capital y mejores condiciones de desarrollo.
    2. Las medidas de protección a la salud pública se han utilizado para robustecer los controles migratorios y obstaculizar el acceso al derecho al asilo.
    3. Durante la pandemia se ha mostrado con crudeza la paradoja en la gestión de las migraciones internacionales, pues se manifiesta un cierre de fronteras para migrar y solicitar asilo, aunque las fronteras están abiertas para expulsar personas sin autorización a migrar o que se consideran discrecionalmente amenazas para la salud pública.
    4. Persiste la desigualdad, el autoritarismo y la violencia entre los países de la región que generan movilidad humana forzada.
    5. La oferta de los gobiernos de la región expulsores de personas migrantes para su población es el confinamiento, la inmovilidad y la espera de programas de desarrollo, además de soportar la violencia y la pobreza porque está prohibido migrar.
      Esta política de contención de la movilidad humana de población vulnerable y sin autorización para cruzar fronteras nacionales produce territorios de orillamiento, de contención de circulación que conjugan los verbos de la maquinaria de control migratorio para inmovilizar: detener, expulsar, deportar, demorar, orillar, confinar a las personas.

 

Conclusiones. ¿Tendencias por la crisis de la pandemia covid–19?

La crisis de salud mundial generada por la pandemia covid–19 ha exacerbado tendencias preexistentes, que conducen a territorios de exclusión en donde se incrementa la violencia al interior y exterior de las fronteras. Por esto, se puede ver un mayor sufrimiento humano durante los diversos trayectos de migración que se realizan en condiciones precarias, en ausencia de condiciones de seguridad humana, afrontando riesgos y violencias por las políticas de contención.

La pobreza, la exclusión y la desigualdad estructural no solo se observa como causa de estas migraciones forzadas, sino también se evidencia en los territorios de destino, en personas que llegan a los países de destino con limitadas oportunidades laborales y escaso acceso a derechos. La movilidad humana precaria y vulnerable se recrudece por la desigualdad entre personas y regiones del mundo y muestra mayor asimetría en el contexto de la pandemia de covid.

Hay que repensar el viejo dilema de la Seguridad Nacional frente a la necesidad de ofrecer acceso a millones de personas en movilidad humana. El respeto de los derechos humanos en el contexto migratorio es fundamental. Es necesario hacer especial énfasis en generar “formas” diferentes que logren una gestión de la migración desde la cooperación entre los estados, en diálogo con otros, en los que se usen y respeten los instrumentos internacionales para lograr procesos más justos y humanos.

 

Referencias

ACNUR. (2022, 16 de junio). ACNUR: Las cifras de desplazamiento forzado en el mundo alcanzan un nuevo máximo y confirman una década de incrementos. Comunicado de prensa disponible en https://www.acnur.org/noticias/press/2022/6/62aa42164/acnur-las-cifras-de-desplazamiento-forzado-en-el-mundo-alcanzan-un-nuevo.html

ACNUR. (2020, 3 de abril). Expertos de Naciones Unidas piden a los gobiernos que ante amenaza del covid–19 tomen medidas urgentes para proteger a los migrantes y víctimas de la trata de seres humanos. https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25774&LangID=S

Amnistía Internacional. (2020a). Entre la vida y la muerte. Refugiados y Migrantes atrapados en la espiral de abusos en Libia. https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1930842020SPANISH.pdf

Amnistía Internacional. (2020b). Guía para proteger los Derechos de las Mujeres y Niñas durante la Pandemia Covid 19. https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR0121412020SPANISH.PDF

CEPAL. (2020). Los efectos del covid 19: una oportunidad para reafirmar la centralidad de los derechos humanos de las personas migrantes en el desarrollo sostenible. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46353/4/S2000618_es.pdf

GRID. (2021). Internal Displacement in a Changing Climate. https://www.internal-isplacement.org/sites/default/files/publications/documents/grid2021_idmc.pdf#page=64

González–Arias, A., & Aikin, O. (2021). The Impact of the covid–19 Pandemic on Human Mobility among Vulnerable Groups: Global and Regional Trends. Journal of Poverty, (25c)7, 567–581. 10.1080/10875549.2021.1985867

Isacson, A. (2022, 23 de mayo). Tres consecuencias de mantener el Título 42 (en la frontera entre México y Estados Unidos). Washington Office on Latin America (WOLA). https://www.wola.org/es/analisis/tres-consecuencias-de-mantener-el-titulo-42-en-la-frontera-entre-mexico-y-estados-unidos/

Moreno, S. (2020, 16 de agosto). Marruecos cierra el paso de migrantes al sur de Espana: así  es la nueva y peligrosa ruta a Canarias. El Español. https://www.elespanol.com/espana/20200816/marruecos-cierra-migrantes-espana-nueva-peligrosa-canarias/513199121_0.html, visitado 31/03/2021

OIM. (2020). Tendencias migratorias durante la covid–19 en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. https://kmhub.iom.int/es/biblioteca-virtual/tendencias-migratorias-durante-la-covid-19-en-centroamerica-norteamerica-y-el

ONU Mujeres. (2020). Mujeres migrantes y refugiadas en el contexto de la covid–19. https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/abril%202020/mujeres%20migrantes-%20covid19-%20onumujeres.pdf?la=es&vs=3703

OXFAM. (2021, enero). El virus de la desigualdad. Cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus a través de una economía equitativa, justa y sostenible https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/el-virus-de-ladesigualdad.pdf

PNDU. (2020). Informe sobre Desarrollo Humano 2020. La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno. https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2020

Redodem. (2022). Movilidad humana en confinamiento: contención, vulneración de derechos y desprotección en México. Informe 2020. https://www.comecso.com/publicaciones/movilidad-humana-en-confinamiento

Torre, E. (2021). Caravanas: sus políticas ante las políticas migratorias. Tijuana. El Colegio de la Frontera Norte.

UNODC. (2020). How covid–19 restrictions and the economic consequences are likely to impact migrant smuggling and cross-border trafficking in persons to Europe and North America. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-related-impact-on-SoM-TiP-web3.pdf

OIM (2020, 14 de agosto). 1,200 Missing Migrants Recorded Thus Far in 2020 May Well Undercount Totals Since covid–19 Outbreak. https://www.iom.int/news/1200-missing-migrants-recorded-thus-far-2020-may-well-undercount-totals-covid-19-outbreak

US Customs and Border Protection. (2021, 10 de marzo). CBP Announces February 2021 Operational Update. https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-announces-february-2021-operational-update

Vilches, M., Rivas, J., & Vidal, M. (2021). International Migration in the Central and North American Regions in the covid–19 Pandemic Context. Journal of Poverty 25(7), 582–597. https://doi.org/10.1080/10875549.2021.1978609

Vilches, M. (2020). Escenarios de la migración internacional en la región Centroamérica–Norteamérica 2020. Antes y después del covid–19. https://21475655-932b-4f16-93c9-e4289a9616ac.filesusr.com/ugd/526227_4caca49ec8814e9cbdf80aee6b5f42de.pdf

 

[1].     Para más información del proyecto de investigación se puede consultar el sitio: https://transformaciones.iteso.mx/proyectos/movilidad-humana/

[2].    For more information on the research project, visit: https://transformaciones.iteso.mx/proyectos/movilidad-humana/

[3].    Para más información del proyecto de investigación se puede consultar el sitio: https://transformaciones.iteso.mx/proyectos/movilidad-humana/

[4].    Como resultado de estos trabajos de investigación se publicó el número especial: Migration in Situations of Vulnerability: Human Mobility in the Context of the covid–19 Pandemic, Journal of Poverty, 25(7).  https://www.tandfonline.com/toc/wpov20/25/7

[5].    El análisis de estas tendencias se logró a partir del análisis de documentos emanados de organismos y organizaciones no gubernamentales internacionales (informes, pronunciamientos, comunicados de prensa, etc.) y de artículos académicos (González–Arias & Aikin, 2021).

[6].    Esta estrategia se refiere a que ciertos países de tránsito, generalmente, asumen encargarse de flujos de personas que se dirigían a “otro país” para solicitar protección internacional y así cumplir con el derecho internacional de refugiados.

[7].    Este programa es la puesta en marcha del Protocolo para la Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés). Acciones que han detenido a las personas en la frontera norte de México para hacer sus procesos de asilo correspondientes al gobierno de Estados Unidos.

El impacto de la pandemia por covid–19 en el manejo de los residuos sólidos urbanos en México

Nancy Merary Jiménez Martínez
Teresita Eliza Ruiz Pantoja

 

Resumen

En este capítulo nos aproximamos con una metodología cuantitativa a la comprensión de las prácticas y percepciones asociadas al manejo de los residuos sólidos urbanos durante la pandemia causada por el virus SARS–CoV–2. Los resultados permiten distinguir que los elementos intervinieron en la articulación del manejo de los residuos relacionados con la información disponible, los recursos y las capacidades de los individuos, sobre todo, con las configuraciones socioculturales previas.

Palabras clave: residuos, riesgo, manejo.

 

Abstract

In this chapter we apply a quantitative methodology to gain insight into the practices and perceptions associated with the management of urban solid waste during the pandemic caused by the SARS–CoV–2 virus. The results show that the elements that influenced waste management were the available information, individuals’ resources and capacities, and above all, previous sociocultural configurations.

Key words: waste, risk, management.

 

La pandemia por SARS–CoV–2 puso a escrutinio lo pernicioso de las formas de organización sobre las cuales se asienta nuestra vida cotidiana y que mantiene un orden social injusto, desigual y profundamente irracional, y en las ciencias sociales desató un proceso de reflexión sobre esas formas de organización y su orden, frente a lo que deseamos para el futuro.

El seminario internacional “Transformaciones y adaptaciones ambientales y socio–espaciales de los entornos urbanos y rurales a partir del covid–19” convocó a una reflexión sobre los cambios y transformaciones provocados en el mundo derivados de la pandemia, así como sus impactos y vulnerabilidades en el territorio y los procesos de adaptación y resiliencia desde las perspectivas ambiental, económico–social, político–institucional y cultural y sus dinámicas sociales. En respuesta a tal proceso reflexivo, en este capítulo nos aproximamos a dilucidar cómo se abordaron y equilibraron los riesgos en la vida cotidiana y cuáles elementos intervinieron en la articulación de nuestras prácticas sociales en el contexto de la pandemia por SARS–CoV2, y para ello enfocamos la atención en las percepciones y prácticas asociadas al manejo de los residuos sólidos durante la “segunda ola” de contagios por covid–19 en México; para hacerlo utilizamos una metodología cuantitativa que analizó los datos recogidos con una encuesta en línea, que tuvo por objeto conocer el manejo de los residuos durante la covid–19 en México.

 

La pandemia y el manejo de residuos

La pandemia hizo que los residuos y su manejo adquieran cierta importancia. La ONU llamó a considerar su gestión como un servicio público urgente y esencial para responder a la emergencia y minimizar los impactos sobre la salud y el medioambiente (PNUMA, 2020); es decir, lo ubicó como un elemento importante para ofrecer una respuesta efectiva. Se avizoró que con la pandemia se incrementaría la generación de residuos médicos y hospitalarios y que esto podría colapsar los sistemas de manejo de residuos; además, que la posibilidad de contagio no solamente dependía del contacto directo con personas enfermas, sino que se extendía a la manipulación de objetos, como los residuos (Gomes & Caldas, 2020), donde el virus había mostrado prevalencia y viabilidad (Von Doremalen et al., 2020).[1] Dado que muchas personas contagiadas con sintomatología leve podrían recuperarse en casa, sus residuos y los generados en las clínicas y hospitales representaban un riesgo (Rhee 2020), lo que colocó a los sistemas de manejo de residuos como un eslabón más en la cadena de contagio. Por ello, muchos países suspendieron temporalmente las actividades de separación y valorización de residuos y el manejo se restringió a la recolección y disposición final.

Una rápida mirada a la gestión de los residuos sólidos en América Latina y el Caribe advertía que la situación no sería favorable, pues el sector de los residuos está en crisis desde antes de la pandemia: su manejo se limita a la recolección y disposición final, en un circuito que no permite diferenciar entre residuos orgánicos e inorgánicos y, dentro de estos, a los valorizables y no valorizables; hay una carencia de infraestructura para su tratamiento y aprovechamiento, lo que arroja tasas de reciclaje inferiores a 10%, y que gran parte de ese porcentaje dependa del trabajo informal de aproximadamente cuatro millones de personas; además, 30% de la generación total de residuos se dispone en confinamientos con prácticas inadecuadas, lo que provoca graves consecuencias ambientales y serios problemas de salud para quienes ahí trabajan y las comunidades aledañas (PNUMA, 2018).

Con estos antecedentes, la pandemia planteaba un verdadero dilema para los gobiernos latinoamericanos: cómo lidiar con el incremento de residuos, mantener en operaciones el servicio y al mismo tiempo proteger a los trabajadores (formales e informales) del sector, quienes trabajan en condiciones muy precarias.

México no escapa a esa situación: únicamente 5% de los residuos se recolectan en forma separada; hay pocas plantas de separación, compostaje y tratamiento de residuos; 47.8% de los 2,203 sitios de disposición final no tiene celdas, cerca perimetral, báscula, geomembrana, control de acceso y tampoco captan lixiviados (Semarnat, 2020), por lo que no cumplen con la normatividad vigente, la NOM–083; y hay un importante grupo social que obtiene sus ingresos de la pepena, una actividad informal que implica recuperar los residuos reciclables a lo largo de la cadena de manejo.

En el marco de la “Jornada Nacional de la Sana Distancia”, la estrategia de política pública que frenó las actividades consideradas “no esenciales”, la prohibición de las actividades de separación y reciclaje fue un camino corto pero ineficaz para evitar el contagio de los trabajadores del sector, pues omitió otras dimensiones estructurales del problema, por ejemplo, que no hay separación de residuos en origen ni recolección selectiva y que muchas personas entran en contacto con nuestros residuos antes de ser confinados. Por ello esta medida no logró lo que perseguía y se vio rebasada por las prácticas y percepciones sobre las que se asienta el manejo de los residuos en México. ¿Cuáles fueron estas prácticas? ¿Qué racionalidades vehicularon? ¿Qué nos informan de la gestión del riesgo en un contexto pandémico? Estas preguntas nos animaron a elaborar una encuesta para levantar datos empíricos que pudieran dar luces sobre lo que ocurría con el manejo de los residuos durante la pandemia. Debido a la imposibilidad de hacer un trabajo de campo convencional, los datos fueron recogidos con una encuesta en línea que tuvo por objetivo identificar los cambios en las percepciones y en las prácticas de manejo de los residuos sólidos urbanos durante la “segunda ola”[2] de contagios en México.

La encuesta que se creó en Google Forms se envió por correo electrónico a todas las autoridades ambientales estatales del país y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a quienes se les pidió compartirla en sus páginas oficiales y redes sociales; se difundió también en la página del Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos Universitarios del Campus Morelos de la unam y en las redes sociales del campus.

La encuesta estuvo disponible en enero de 2021. Aunque se recibieron 1,575 respuestas de todas las entidades del país, 1,062 mujeres y 513 hombres cuyas edades varían entre los 12 y los 80 años, no se puede decir que se trata de una muestra representativa de la población mexicana, pues hay tres sesgos: los encuestados tienen una escolaridad que se concentra en los estudios superiores y de posgrado, contaban con acceso a internet y un dispositivo electrónico para responder a la encuesta. Para el procesamiento de los datos se utilizó la estadística descriptiva y se hicieron algunos análisis de correlación.

 

La covid–19 y los cambios en el manejo de los residuos en México

El efecto directo de la pandemia sobre el tipo de residuos generados en los hogares ha sido el incremento de los residuos biológico–infecciosos, resultantes de los cuidados brindados en casa a una persona contagiada, como guantes, jeringas, sueros, bolsas, envases de medicamentos, así como de los objetos que utilizamos para protegernos, básicamente cubrebocas y guantes. De acuerdo con los datos obtenidos, los encuestados informaron que del total de residuos generados en sus hogares antes de la pandemia, la suma de los orgánicos e inorgánicos equivalía a 80% y los residuos biológico–infecciosos alcanzaban apenas 10%; mientras que en los tiempos de la covid–19 percibieron una modificación en esa composición en la cual el conjunto de los orgánicos e inorgánicos se redujo a cerca de 55% y los biológico–infecciosos se incrementaron a 37%.

Sin embargo, no parece haber un acuerdo en la percepción de algún cambio en la generación de residuos en el hogar: 47% de los encuestados no percibieron modificaciones, mientras que 45% estimaron un aumento. No obstante, más de la mitad (54.3%) percibió el incremento de algún residuo en particular, principalmente la basura inorgánica (13%), probablemente producida por las compras a domicilio que abundan en empaques y embalajes; los cubrebocas (11.2%) y la basura orgánica (7.9%).

Interpretamos la percepción de un incremento de los residuos biológico–infecciosos como una respuesta al riesgo, entendido como una realidad objetiva, que es posible manejar racionalmente (Zinn, 2021) con el uso de determinados dispositivos, como los cubrebocas o los guantes. Esta manera de interpretar el riesgo derivó en conocimientos objetivados, por ejemplo, cómo usar correctamente un cubrebocas; en regulaciones, como el uso de gel o de cubrebocas en determinadas circunstancias, así como una serie de prácticas que respondieron a una racionalidad epidemiológica. Todo lo cual terminó siendo observable en la forma de desechos y en la percepción de su incremento.

Por otra parte, en cuanto a la separación de residuos, la proporción de personas que dijeron separarlos aumentó durante el confinamiento, pues a 71.8% de quienes lo hacían desde antes de la pandemia, sumaron casi cinco puntos porcentuales los que comenzaron a hacerlo en el confinamiento. Esta práctica fue más frecuente entre los encuestados con educación secundaria o estudios superiores, encontrándose evidencia estadística para asociar la separación de residuos con el nivel educativo de las personas, como se aprecia en la figura 8.1.

Al preguntar sobre lo que hacían con los residuos orgánicos antes de la pandemia, 6 de cada 10 personas dijeron que los entregaban al camión recolector, una buena proporción hacía composta y había quienes combinaban ambos destinos o bien los usaban como alimento de animales. Durante la pandemia, la práctica de darlos al camión recolector disminuyó 4.3 puntos porcentuales y la elaboración de compostas aumentó 5.2, aunque también aumentó la combinación de entregarlos al servicio de recolección y hacer composta.

Las modificaciones en las prácticas de separación y el incremento en el compostaje casero permiten dar cuenta de cómo el carácter incierto de la pandemia, que entorpeció nuestras actividades cotidianas, fue aparentemente útil para la emergencia de nuevas formas de adaptación; lo que no queda claro es si los cambios estuvieron vehiculados por una preocupación medioambiental o si respondieron a una estrategia de minimizar el contacto con otras personas, en este caso, con los recolectores.

En relación con los residuos inorgánicos, se tuvo especial interés en conocer el destino específico de cada uno de ellos, y aunque se afirmó que los residuos se separaban en origen, la práctica de eliminación más común antes de la pandemia fue entregarlos al camión recolector, particularmente el vidrio, otros plásticos y las latas de hojalata. La segunda y tercera opción más frecuente fue venderlos a un centro de acopio o regalarlos a los recuperadores informales. En el primer caso, sobresale el fierro viejo y las latas de aluminio, y en el segundo, ropa y textiles, el PET y el fierro viejo. Otras personas dijeron que los donaban a centros de acopio o asociaciones, principalmente ropa y textiles, así como el PET y las latas de aluminio. Una mínima proporción dijo que quemaba sus residuos o les daba un destino diferente. El detalle de estas respuestas se puede consultar en la figura 8.2.

La figura 8.2 también es útil para comparar las prácticas de desecho antes y durante la pandemia; encontramos que aumentó la proporción de personas que entregaron al camión recolector el papel y cartón, el PET, las latas de aluminio y la ropa y otros textiles, y se redujo la participación de quienes vendían en un centro de acopio o donaban sus residuos. Esta modificación da cuenta del carácter disruptivo y totalizante de la pandemia, tanto porque impidió la continuidad del orden social previo como porque alteró su funcionamiento (Espinosa, 2021); en este caso, al problematizar las interacciones con otras personas los generadores de residuos redefinieron sus prácticas de eliminación y dejaron de donar sus residuos o llevarlos a los centros de acopio; esta situación debilitó a los mercado de reciclaje[3] y vulneró la condición social y económica de quienes hacen de la venta de residuos reciclables un modo de vida.

Al explorar las formas de desecho de los residuos biológico–infecciosos, antes de la pandemia más de la mitad de las personas declaró que no generaba estos residuos y, entre quienes lo hacían, 6 de cada 10 los entregaban al camión recolector en una bolsa diferente a la del resto de los residuos, otros 3 los entregaban al camión recolector en la misma bolsa, y el resto dijo transferirlos a una empresa especializada para su eliminación. Durante la pandemia, más de la mitad de las personas (55%) declaró que los desechaba en bolsas cerradas separadas, la cuarta parte los disponía con el resto de los residuos; otros los depositaban en contenedores especiales, los rompían o desinfectaban para luego depositarlos en bolsas cerradas, aunque también hubo quienes reconocieron que no sabían qué hacer con ellos. Esta situación es importante, pues al momento del levantamiento de los datos los encuestados reportaron que en 2 de cada 10 hogares había habido una persona contagiada y, para ese entonces, a casi un año del primer caso de contagio en México menos de la mitad de los encuestados (47.7%) había recibido información sobre cómo manejar los residuos de una persona contagiada de covid–19, destacándose que entre las personas de menor escolaridad el porcentaje era más alto; quizá debido a que la “primera ola” afectó desproporcionalmente a las clases populares y la “segunda ola” a las clases medias y altas.

Lo que vale la pena destacar es que, de forma generalizada, había una alta percepción del riesgo asociada a los residuos de una persona contagiada, 89% respondió afirmativamente que eran un medio de contagio, la proporción fue más alta entre quienes tienen escolaridad media o superior, lo cual refleja una asociación estadística entre la escolaridad y la percepción de riesgo de contagio en los residuos, como se aprecia en la figura 8.3.

Lo anterior reafirma lo señalado por el enfoque culturalista del riesgo, a saber, que hay una variación sistemática en la selección y gestión del riesgo en función de las cosmovisiones socio–culturales de un grupo social, que están vinculadas con las prácticas y los valores que mantienen unida a una entidad social y varían según la posición social (Douglas y Wildavsky, 1982, en Zinn 2021).

Sin embargo, la percepción del riesgo asociado a los residuos de una persona contagiada se extendió a los residuos en general, lo que provocó cambios en su manejo al interior y al exterior del hogar. La mayoría de las personas señaló que había implantado alguna medida sanitaria para el manejo de los residuos dentro de su casa, como desinfectar el bote de almacenamiento, rociar los residuos con cloro y almacenarlos en casa por dos o tres días antes de entregarlos; aunque el porcentaje de quienes no habían modificado nada fue relativamente alto (23%). También adoptaron nuevas prácticas para entregar los residuos a los recolectores. De una larga lista, destacan: lavarse las manos después de entregarlos, evitar el contacto directo con los recolectores, usar guantes y cubrebocas al entregarlos y almacenar sus residuos en casa dos o tres días antes de entregarlos.

Modificaron también la manera de entregar sus residuos al camión recolector. Las respuestas más comunes fueron: en bolsas o costales cerrados (83%, porcentaje mayor al reportado antes de la pandemia), en bolsas o costales abiertos (de 13.3% se redujo a 8.6) y vaciándolos en tambos (de 10.7% cayó a 7.5%). Aunque hubo también quienes los ponían en contenedores, los vaciaban directamente al camión, los entregaban en bolsas, tambos o en cajas de cartón cerradas, y otras prácticas que no implican ningún cuidado sanitario.

Estas modificaciones en el manejo de los residuos al interior y al exterior dan cuenta de que el riesgo no es un ente material ni objetivo, pues aunque sí tienen que manejarse con cuidado los residuos de una persona contagiada, la extensión del riesgo al resto de los residuos nos habla de su construcción social, de un proceso social asentado en concepciones interpretativas previas que reactivaron categorías cognitivas; en este caso, aquella que construyó al desecho como un producto despreciable, que debe mantenerse lejos y fuera de la vista para garantizar la higiene y salubridad. Esto también da cuenta de la regularidad en los patrones de comportamiento y en la estigmatización de personas y objetos; como en otras epidemias, los desechos fueron infamados e imputados por “lentes calibrados” heredados de determinaciones culturales (García, 2005: 22).

Respecto del servicio de recolección de residuos, la mitad de los encuestados señaló que gozaba del servicio tres veces por semana, la cuarta parte diariamente y 17% una vez a la semana; 84% indicaron que el servicio estaba a cargo de la alcaldía o municipio, 12.5% que era independiente y el resto no sabía. Se destaca que el servicio no asumió las medidas de protección suficientes para salvaguardar a los recolectores, pues solo 46% de las respuestas indicaron que ellos utilizaban equipo de protección personal (gafas, guantes, cubrebocas), donde el uso combinado de guantes y cubrebocas fue lo más frecuente (42%), solo cubrebocas 30.7% y solo guantes 4.2%. Sin embargo, 34% señalaron que los recolectores no contaban con ninguna protección, porcentaje que aumentó a 42% cuando el servicio era independiente.

 

Conclusiones

En la comprensión de cómo se abordaron los riesgos en un contexto pandémico fue útil la distinción entre el riesgo entendido como una realidad objetiva y el riesgo como construcción social; sin embargo, ambas dimensiones, en aparente tensión y desencuentro, se combinaron en prácticas y construyeron respuestas sociales, entre las cuales el manejo de residuos fue una expresión concreta.

Los hallazgos apuntan que los elementos intervinientes en la articulación de esas respuestas tienen que ver con la información disponible, los recursos y las capacidades de los individuos, pero, sobre todo, de las configuraciones socio–culturales previas. En otras palabras, el manejo de los residuos sólidos urbanos durante la pandemia estuvo estructurado por la información que recibió la población que, aunque es un elemento indispensable para la gestión del riesgo, no se emitió con liderazgo desde la autoridad pública ni de forma generalizada, pues al momento de levantar los datos menos de 50% de los encuestados sabía qué hacer con los desechos de una persona contagiada y la forma en que obtuvieron tal información fue de los medios de comunicación (9%), el sector salud (9%) y sus propias búsquedas en internet (8.3%). La falta de información clara y masiva fue uno de los elementos que estructuró el manejo de residuos durante la pandemia, pues reformuló los riesgos asociados a los residuos e hizo que el manejo se organizara a partir de imprecisiones e ideologías.

Por otra parte, la pandemia impulsó el desarrollo de recursos y capacidades individuales para el manejo de los residuos. Así lo confirman elementos como la percepción, el razonamiento y la atención que reportaron los encuestados con respecto a sus residuos, quienes percibieron que estos eran un medio de contagio. Algunos razonaron que debían modificar las prácticas de manejo al interior de sus hogares y al momento de entregarlos, y les prestaron atención, es decir, desarrollaron un proceso susceptible de control voluntario que tomó forma tanto en los discretos incrementos porcentuales en la separación de residuos y el compostaje de orgánicos en el hogar como en las medidas sanitarias de desinfección del bote, de los residuos y en una breve “cuarentena” de almacenamiento de los residuos.

No obstante, no se hicieron grandes modificaciones en el manejo de residuos ni alcanzaron niveles generalizables a toda la población. Aquí entraron en juego las configuraciones socio–culturales previas, que frenaron las iniciativas, la creatividad y los impulsos de quienes desarrollaron prácticas emergentes, aunque estas problematizaciones y cuestionamientos fueron insuficientes para transformar el manejo de residuos. Dan cuenta de ello que más de la mitad de la población no sabía qué hacer con los residuos de una persona contagiada; casi una cuarta parte no modificó sus pautas de manejo al interior de su hogar, los porcentajes disminuidos en la venta o donación de residuos separados a centros de acopio o asociaciones y la anquilosada práctica de desechar los residuos biológico–infecciosos sin ningún cuidado, que pese a la gravedad de la situación no mostró modificaciones sustantivas. En otras palabras, algunos de los individuos encuestados problematizaron sus comportamientos sociales previos a la pandemia (separación, compostaje, eliminación), pero ello fue insuficiente para redireccionarlos y transformarlos.

Lo anterior nos lleva a las siguientes conclusiones. Si el servicio de manejo de residuos se consideró como esencial, ¿no debería haberse reconocido la importancia de quienes lo hacen posible, dada la naturaleza de su función? ¿Qué nos dice la desprotección de los trabajadores, quienes laboraron sin el equipo mínimo? Si una situación totalizante como la pandemia no permite evidenciar las enormes dificultades en que opera el sector de los residuos, tanto por las carencias estructurales que lo caracterizan como por la falta de buenas prácticas de los generadores, ¿qué lo hará? Si la disrupción provocada por esta pandemia, en la que la búsqueda de la sobrevivencia nos alejó de las buenas prácticas en el manejo de los residuos, ¿qué lo hará? Si esta pandemia, que nos llevó a adaptarnos para conservar la vida, no detonó la separación de residuos y el compostaje, y tampoco la empatía y el cuidado del otro, al exterior ¿qué lo hará?

 

Referencias

Espinosa, C. (2021). La configuración social de la pandemia por SARS–CoV–2. Un ensayo sociológico. Sociológica, 36(10), 279–290.

García, V. (2005). El riesgo como construcción social y la construcción social de riesgos. Desacatos (19), 11–24.

Gomes, M. P. & Caldas, S. (2020). Can the human coronavirus epidemic also spread through solid waste? Letter to the Editor. Waste Management & Research, 38(5), 485–486.  10.1177/0734242X20918312

PNUMA. (2018). Perspectiva de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe. https://www.unep.org/es/resources/informe/perspectiva-de-la-gestion-de-residuos-en-america-latina-y-el-caribe

PNUMA. (2020). Trabajar con el medio ambiente para proteger a las personas. Respuesta del PNUMA a la covid–19.  https://unsdg.un.org/es/resources/trabajar-con-el-medio-ambiente-para-proteger-las-personas

Rhee, S–W. (2020). Management of used personal protective equipment and wastes related to covid–19 in South Korea. Short Communication. Waste Management & Research, 38(8), 820–824. https://doi.org/10.1177/0734242X20933343

Semarnat. (2020). Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos. México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554385/DBGIR-15-mayo-2020.pdf

Von Doremalen, N., Morris, D. H., Holbrook, M., Gamble, A., Williamson, B., Tamin, A., Harcourt, J. L., Thornburg, N. J., Gerber, S. I., Lloyd–Smith, J. O., de Wit, E., & V. J. Munster. (2020). Aerosol and Surface Stability of SARS–CoV–2 as Compared with SARS–CoV–1. The New England Journal of Medicine. 10.1056/NEJMc2004973

Zinn, J. O. (2021). Introduction: Towards a sociology of pandemics. Current Sociology. Monograph 2, 69(4), 435–452. https://doi.org/10.1177/00113921211020771

 

[1].     Hoy sabemos que eso no es así y que la transmisión del virus es aérea. No obstante, los residuos como cubrebocas, pañuelos y caretas de las personas contagiadas deben manejarse con ciertos cuidados, como se reporta en la Cartilla de Mejores Prácticas para la Prevención del covid–19 en el Manejo de los residuos sólidos urbanos.

[2].    Desde el registro de la primera muerte por covid–19 en México, el 18 de marzo de 2020, hasta la fecha en que esto se escribe (julio de 2022), ha habido cinco olas de contagios y defunciones. La “primera ola” de mayo a julio de 2020, la “segunda ola” de diciembre de 2020 a enero de 2021, la “tercera ola” de julio a septiembre de 2021, la “cuarta ola” en enero y febrero de 2022 y la “quinta ola” en julio de 2022.

[3].    El cierre de actividades “no esenciales” provocó una importante disminución de residuos postindustriales y comerciales para el reciclaje, situación que, de la mano con la reducción del flujo de residuos valorizables proveniente de los hogares, colocó a la incipiente industria del reciclaje en una crisis.

Costa plástica. Crisis pandémica y cambio climático en el distrito costero–rural de la “franja transformada” en Sicilia: la carretera rural como clave de regeneración

Chiara Nifosì

 

Resumen

El título de este trabajo, “Costa plástica”, tiene un doble significado: reflexiona sobre la condición actual de las regiones rurales donde existe una fuerte economía agrícola de cultivos en invernadero, a partir del caso de estudio presentado, el distrito rural de la “franja transformada” en el sureste de Sicilia; anticipa un objetivo estratégico: la remodelación de los territorios rurales, informales y costeros para responder a los efectos impuestos por la pandemia y el cambio climático. Un análisis de los datos nacionales más recientes y un conjunto de entrevistas realizadas en abril de 2022 a escala local ayudan a comprender los cambios repentinos en los territorios rurales debidos no solo a los efectos inmediatos de la pandemia y a los efectos, ahora evidentes, del cambio climático, sino también a un estado de crisis ambiental y social de larga data. Por último, la necesidad de traducir los objetivos de las políticas europeas y nacionales, formuladas para hacer frente a la pandemia, en proyectos de adaptación del espacio físico y en acciones cuantificables, lleva a reflexionar sobre la “plasticidad” de los territorios rurales–costeros investigados, sobre las posibles formas capaces de despejar las diversas criticidades y opacidades con las cuales siguen conviviendo.

Palabras clave: rural–costero; cambio climático; pandemia

 

Abstract

The name of this paper, “Plastic Coast,” has a dual meaning: it reflects the current condition of rural regions whose economy is dominated by greenhouse crops, as presented in the case study of the ”transformed belt” in southeastern Sicily; and it anticipates a strategic objective, the remodeling of rural, informal coastal territories in response to the effects imposed by the pandemic and climate change. An analysis of the most recent national data and a series of interviews conducted locally in April 2022 sheds light on the sudden changes in rural areas due not only to the immediate impact of the pandemic and to the undeniable effects of climate change, but also to a state of longstanding environmental and social crisis. Finally, the need to translate the objectives of European and national policies, formulated to deal with the pandemic, into projects involving the adaptation of physical space and quantifiable actions sparks a reflection about the “plasticity” of the rural-coastal territories in question, i.e., possible ways to address the crises and the impenetrability that continue to weigh on the locals’ living and working conditions.

Key words: rural–coastal, climate change, pandemic

 

Pandemia, nuevos conflictos y crisis climática en las italias rurales

La emergencia de covid–19 determinó y determina una crisis socioeconómica mundial sin precedentes en la historia reciente. Las medidas adoptadas para contener la pandemia, por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, limitaron los movimientos y la vida social de la población y redujeron las actividades productivas.[1]

En general, el sistema agroalimentario italiano, frente a los retos que plantea la continua pandemia, emerge como uno de los sectores más resistentes y sigue siendo uno de los sectores líderes de la economía nacional[2] (ISTAT, 2020), confirmando algunos récords internacionales y europeos.[3] Este es el panorama general que se desprende del análisis del Anuario de la Agricultura Italiana del CREA[4] (datos 2019/21), al cual se refiere parte de las reflexiones a continuación.

Son muchos los factores que han condicionado el comportamiento del sector agroalimentario durante la emergencia, con diferentes repercusiones en los distintos distritos rurales. Las principales dificultades a las que se enfrentan muchas empresas están relacionadas con el cambio repentino de la demanda de bienes y servicios, los canales de distribución utilizados y la posibilidad de activar puntos de venta alternativos, pero también la dificultad objetiva, para algunas, de garantizar la continuidad de la producción debido a la falta de mano de obra o de materia prima básica, así como la perecibilidad, aspecto propio de este tipo de producción.

Puede decirse que la emergencia pandémica ha tendido un impacto más limitado en la cadena de suministro de hortalizas y frutas —menor de lo esperado que en la producción de vino—, mientras que ha presentado efectos muy diferenciados en los actores vinculados a los nuevos modelos de consumo y más negativos para los sectores agrícolas vinculados a canales de hotelería y servicio de alimentos.

La pandemia también ha acentuado fuertemente algunos elementos distintivos de la agricultura italiana: la brecha cada vez más evidente en el sistema de explotaciones, entre las grandes unidades que producen para el mercado de forma estable y prevalente y las unidades que, en cambio, mantienen relaciones de mercado ocasionales, si no exclusivamente orientadas al autoconsumo; el progresivo arraigo e intensificación de los procesos de diversificación de las actividades productivas.

El estado de emergencia pandémica se ve agravado por el actual conflicto ruso–ucraniano por el aumento del coste de la energía, el transporte y las materias primas necesarias para la producción, así como por los efectos ya evidentes del cambio climático en términos, sobre todo, de aumento de las temperaturas, incendios, vientos y lluvias extremas, inundaciones, salinidad de las tierras costeras, eventos y escasez de agua.

El impacto en las zonas rurales de las “diversas crisis” en curso aún no es claro. Mientras tanto, los gobiernos han intervenido con medidas y programas de ayuda[5] destinados, por un lado, a apoyar las dificultades inmediatas provocadas por la emergencia pandémica y, por otro, a relanzar la economía y los sectores más afectados. Sin embargo, entre las líneas de los distintos “planes” poco o nada se puede discernir sobre las formas físicas pensadas para “aterrizar” estas medidas–objetivo en los territorios concretos, pero queda abierto el espacio para variadas interpretaciones. Los territorios rurales, como en el pasado, se enfrentan a este periodo entre “luz y sombra”.

 

El sistema rural Ibleo en el sureste de Sicilia

El estudio de caso que pretendemos relacionar con el tema de los Territorios postpandémicos se refiere al sistema rural Ibleo, en el sureste de Sicilia. Un territorio articulado que ha tallado su sistema social y económico en el suelo, a través de un complejo conjunto de signos que dan testimonio de una identidad rural estratificada y específica.

El paisaje Ibleo se caracteriza por una compleja estructura geomorfológica y urbana: una meseta calcárea frente al mar Mediterráneo, que alberga un paisaje agrario tradicional marcado por las delimitaciones geométricas de los muros de piedra seca, los cultivos arbóreos y el extendido sistema de masserie (fincas), enmarca una estructura urbana policéntrica de ciudades tardobarrocas asentadas entre las “canteras”, profundas incisiones excavadas por torrentes, cuya difícil accesibilidad ha preservado a menudo ecosistemas de alto valor medioambiental (Nifosì, 2021).[6] En la franja costera se alternan lugares de excepcional valor medioambiental —las desembocaduras de los torrentes, perpendiculares a la costa y retazos de matorral mediterráneo—, franjas de agricultura intensiva de invernadero mezcladas con retazos de zonas de edificación informal y poblados marinos consolidados.

Una rica agricultura, aunque menos próspera, sigue constituyendo el principal motor económico de la zona de Iblea, y un creciente flujo de turistas, confirman el dinamismo sociocultural de esta zona en comparación con el resto de Sicilia, definida por varios estudiosos como “una isla dentro de una isla” (Distefano, Raniolo, 2017).[7]

 

Fábricas de plástico de la “franja costera transformada”

El llamado “oro verde”[8] del cultivo de frutas y verduras da forma a la “franja costera transformada”,[9] una zona que, desde la década de los sesenta, alberga la mayor extensión de invernaderos del país[10] y de la cual proceden la mayoría de los productos frescos que diariamente llenan los estantes de los supermercados.

Las principales productoras de tomates son una miríada de pequeñas y medianas empresas agrícolas, que en su mayoría no superan las dos hectáreas de superficie útil. El sistema de producción local, fuertemente orientado a la exportación, se caracteriza por una necesidad estructural de mano de obra inmigrante. Para traducirlo en algunas cifras, la “franja transformada” cuenta con unas 9,000 empresas con unos 26,000 empleados, de los cuales dos tercios se dedican a la horticultura de invernadero. Respecto a este sector, existen 3,331 empresas y 5,700 hectáreas de SAU —superficie agrícola utilizada (cerca de 75% del total regional de invernaderos y 30% del total nacional)—, con 65% de la producción atemporal de tomate (ISTAT, 2016).

Este espacio rural costero heterogéneo es el resultado de una especie de “estado de excepción”, como lo han definido Francesco Lo Piccolo y Vincenzo Todaro, refiriéndose a Agamben.[11] Un espacio que, a lo largo de la historia, desde la antigüedad, ha vivido según sus propias reglas, que ha continuado a lo largo del tiempo dando lugar a transformaciones progresivas y consistentes, autónomas de la lógica urbana, o que la lógica urbana a lo largo del tiempo ha tratado de corroer. Además de las transformaciones espaciales —el paisaje de invernadero ha sustituido a los tradicionales paisajes de dunas del litoral, ha erosionado y ocultado el sistema hídrico perpendicular a la costa y ha alterado los suelos mediante el uso de productos fitosanitarios—, desde la primera década de 2000 también se ha producido una profunda reestructuración social del “cosmopolitismo rural” (Aguayo, 2008; Popke, 2011; Lo Piccolo y Todaro, 2018) que caracteriza a estos territorios. De hecho, se están produciendo tres transformaciones principales: una sustitución progresiva de la mano de obra norafricana, que ha estado presente durante más tiempo, por inmigrantes de Europa del Este; un segundo cambio en la composición de la mano de obra, que antes estaba formada casi exclusivamente por hombres jóvenes pero que ha visto aumentar gradualmente su componente femenino con el tiempo (esto se debe en gran medida a que los trabajadores de Europa del Este se emplean más a menudo en pareja), y un tercer cambio en las condiciones de alojamiento de los trabajadores extranjeros. Mientras que los migrantes norafricanos solían encontrar alojamiento en los pequeños núcleos urbanos de la zona (segundas residencias), los trabajadores del Este residen cerca o dentro de las empresas agrícolas, creando así una situación de coincidencia entre los espacios y los tiempos de vida y de trabajo, pero aun recurriendo a microfenómenos de reapropiación del espacio, en un intento de responder a una simplificación extrema de la vida que se vive a diario en el campo (Piro &a Sanò, 2017).[12]

En las tierras en las que todavía rige en parte la enfiteusis, un mercado masivo de tierras agrícolas ha buscado y busca convertir los regímenes informales en tierras de habitación.

Actualmente, este híbrido urbano–rural a lo largo de la costa no es capaz de fomentar la agricultura, cada vez más fragmentada, ni de hacer ciudad, en términos de servicios o de calidad uniforme de la vivienda. En los territorios rurales de la franja costera, los retazos de ciudad mutilados, que equivalen a un gran espacio “sin terminar”. El progresivo proceso de urbanización informal, la consiguiente fragmentación de los suelos productivos y las más recientes economías de mercado a gran escala han provocado una alteración del palimpsesto histórico. La última temporada —se espera— de construcción masiva y generalizada en el territorio rural Ibleo, que tuvo lugar a principios del nuevo siglo y que no parece frenar en lo más mínimo en la actualidad, ha dejado sobre el terreno un stock de artefactos, infraestructuras y subservicios sobreabundantes, incompletos o incoherentes con las condiciones culturales y socioeconómicas de la sociedad, además de críticos desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental. Se trata de un enorme capital fijo territorial, tanto histórico[13] como reciente, que espera ser reinterpretado, reutilizado, mantenido, innovado en relación con la economía verde y la transición ecológica.

 

Algunas entrevistas de campo en la zona costera transformada de Scicli sobre la pandemia y la emergencia climática

Los datos sobre la tendencia nacional son confirmados a escala local por algunas entrevistas realizadas por la autora en abril de 2022, con algunas empresas que operan en la zona rural–costera de Scicli, una parte pequeña pero relevante de la llamada “franja transformada” que caracteriza la costa de Ragusa entre los territorios de Acate y Pachino. Las empresas entrevistadas sobre el tema “territorios rurales, efectos de la pandemia y cambio climático” son cinco y de diferentes tipos y tamaños (desde más de 600 empleados hasta 10 empleados y con extensiones de terreno que van de 150 a 5 hectáreas) y se dedican a la producción en invernadero con una cuota adicional de cultivo en campo abierto. El tipo de producción también difiere: tres de ellas producen bienes primarios ecológicos (hortalizas, frutas y algunos productos derivados), mientras que las otras dos pertenecen al sector de la floricultura y se ocupan de la venta de plantas en maceta destinadas a la gran distribución, o de la venta de plantas en maceta y en tierra destinadas al sector turístico–receptivo. Confirmando los datos nacionales, las mayores pérdidas relacionadas con la pandemia se registraron en este último sector.

Por otra parte, la evolución de la producción en el sector agroalimentario sigue profundamente afectada y penalizada por la sucesiva alza de temperaturas y los fenómenos climáticos adversos.[14] Por lo tanto, surge una fuerte vulnerabilidad en el sector agrícola vinculada a la crisis climática. Según estimaciones recientes de la Comisión de Cambio Climático, Infraestructuras y Movilidad Sostenible del MIMS,[15] en términos relativos, el aumento del riesgo climático será más evidente en las regiones del sur de Italia, como consecuencia de los cambios más pronunciados en los fenómenos meteorológicos extremos que dependen directamente de la temperatura y las precipitaciones.

Ya se está produciendo un cambio en la biodiversidad de los territorios a través de la migración de especies animales y vegetales (las que viven a temperaturas más elevadas están compitiendo con las más adaptables que llegan de zonas de temperaturas más bajas). Asimismo, se produce una serie de fenómenos que conducen a la disminución o desaparición de la productividad biológica del suelo (desertificación, intrusión salina). A estas áreas en particular debemos dirigir nuestra atención proyectual, observando en primer lugar el “equilibrio” del agua y su interacción con el suelo.

De las entrevistas realizadas en el ámbito local se desprende que todos los empresarios han empezado ya a experimentar de forma autónoma un conjunto de medidas para reducir los riesgos relacionados, en particular, con las temperaturas extremas del periodo de verano en sus lugares de trabajo y por la escasez de agua. En resumen, se registra lo siguiente: una diversificación y experimentación de nuevos productos capaces de cubrir más intensamente las temporadas menos calurosas y una reducción de la producción en la temporada de verano; un alejamiento progresivo de la producción de los territorios costeros en favor de los montañosos (para evitar la creciente intrusión salina, los daños causados por las fuertes lluvias, las temperaturas demasiado elevadas); la sustitución del plástico en los meses de verano por redes para reducir las temperaturas; un control meticuloso del consumo de agua a través de tecnologías a veces sofisticadas; una búsqueda de especies (en el caso de la floricultura) que requieran poca agua; una tendencia a la autosuficiencia en términos de producción de energía a través de las energías renovables (esto es principalmente todavía una intención), y un reciclaje total de los productos no vendidos o desechados como base para productos derivados o como fertilizante.

 

Un escenario rural para el futuro de la zona de Scicli, dentro de la franja transformada

En el contexto más amplio de la campiña de Iblea y de la “franja transformada” se propone una reflexión sobre el distrito de invernaderos costeros de Scicli. La oportunidad de estudiar este territorio rural específico proviene de una investigación más amplia titulada “Scicli Rigenera. Un manifesto per la città di domani”, encargado en 2020 por el Ayuntamiento de Scicli al Departamento de Arquitectura y Estudios Urbanos del Politécnico de Milán y recientemente concluido, así como varias exploraciones educativas. El objetivo general de la investigación es orientar el territorio de Scicli hacia prácticas y proyectos de regeneración que sirvan de anticipación al programa de revisión de los instrumentos de gobierno territorial local y como experimentación de la nueva Ley Regional de Urbanismo activa a partir de 2020. El marco estratégico propuesto en el documento de indicaciones (documento di Indirizzo) se divide en cuatro escenarios que corresponden a los principales retos para el territorio de Scicli. Los títulos atribuidos a los diferentes escenarios enmarcan las “cualidades” que se desea ver instrumentadas a través de las futuras transformaciones: Scicli Verde, Scicli Accesible, Scicli Inclusiva y Scicli Productiva expresan las principales imágenes programáticas, las cuales se deben derivar a través del proyecto del territorio.

En este marco, la investigación se centra en la reurbanización de zonas especialmente frágiles en las que se ha consolidado y se manifiesta un fuerte empobrecimiento social y medioambiental, y en particular el territorio rural costero.

 

Una lectura por las franjas rurales, la espacialización de las acciones estratégicas y la carretera rural–costera como clave de la regeneración

La estructura productiva agrícola del territorio de Scicli se lee por franjas, definidas tanto por aspectos geomorfológicos como por sus asentamientos. El territorio de Scicli, al igual que otras partes de la costa meridional de Sicilia, ha visto a lo largo de estas décadas una diferenciación en el papel de los distintos tipos de suelo que, partiendo de los terrenos de la “franja transformada”, implica también la parte de las colinas ubicadas hacia el interior.

Por lo tanto, los contextos rurales se han reinterpretado como una síntesis de sistemas complejos que connotan de forma integrada las identidades ambientales y de los asentamientos que conforman una gran parte del territorio.

Este escenario persigue el objetivo de crear las condiciones para frenar el consumo de suelo rural, junto a la protección del contexto, tanto como recurso productivo como para la necesaria mitigación y prevención de riesgos hidrogeológicos. Por ello, se investigan varias intervenciones estratégicas y acciones específicas que se propone desarrollar en fases temporales. En primer lugar, la reescritura del paisaje agrario en la franja costera, caracterizado por un híbrido urbano–rural fragmentado y de usos múltiples, mediante la propuesta de reordenación del paisaje costero de la primera franja que se asociará a la reutilización de los suelos abandonados y que se convertirá (tras su recuperación si fuese necesario) en nuevas formas de agricultura multifuncional, de diversificación de productos o en servicios básicos (sin recurrir a nuevas construcciones) para habitar, para uso turístico y de playa o como servicios ecosistémicos. En segundo lugar, el paisaje de las colinas es objeto de un proyecto de protección y revitalización que fomenta el cultivo de árboles al aire libre y, al mismo tiempo, la recuperación de las ruinas agrícolas, la reutilización de los residuos agrícolas, las cadenas de suministro cortas y las actividades de agroturismo. En comparación con el plan actual, se prevé una simplificación/restricción de los índices agrícolas; mientras que, para las zonas de producción intensiva, en parte obsoletas y degradadas, se prevé un despeje/reubicación y una agrupación, reutilización y regeneración de edificios, especialmente con vistas a una recuperación progresiva y una reconversión medioambiental–energética. Un carril para bicicletas a lo largo de la costa también está destinado a servir a los trabajadores de los invernaderos, que se desplazan casi exclusivamente en bicicleta, mientras que las carreteras rurales–costeras están orientadas como apoyo de la regeneración.

Las franjas “homogéneas”, paralelas a la costa, identificadas para el territorio rural y que permiten articular y diferenciar las estrategias de intervención, son cuatro: la franja de regeneración (el frente marítimo), la franja costera urbana–rural, en segunda línea; la franja de concentración de invernaderos, donde se registra la mayor productividad y, por último, la franja de colinas de cultivos arbóreos al aire libre y “esclusas”.

 

Franja de regeneración costera. La primera línea

La presión de los asentamientos, por un lado, y el abandono de los cultivos, por otro, han provocado la degradación del campo cercano a la costa, con evidentes daños ambientales, pero también sociales y económicos. En este marco, para frenar la progresiva urbanización y apostar por la potenciación de los espacios naturales, incluso en las parcelas agrícolas no utilizadas, la administración deberá desplegar un esfuerzo claro (la demolición y demo–reconstrucción o sustitución, además de sólidas estrategias de potenciación del entorno natural). Las operaciones de transformación deberán conseguir una renovación general de la edificación con la dotación de espacios públicos mínimos y servicios básicos que den calidad a los entornos residenciales existentes y cualifiquen la oferta turística. En esta primera franja se evaluarán los cambios de uso con funciones compatibles dentro de las parcelas agrícolas y que se ubican hacia la primera línea de costa, y los cuales deberán actuar como una eficiente “infraestructura ecológica ambiental” en respuesta al cambio climático, así como una “infraestructura social” destinada a una mayor integración de los trabajadores rurales.

 

La “ciudad rural” y la diversificación de cultivos, el despeje de los invernaderos y por cadenas de suministro de proximidad y de “nicho”

Entre la franja de regeneración y la carretera provincial de la costa y en otras zonas dispersas del territorio rural, la segunda franja de la “ciudad rural” se caracteriza por la presencia de invernaderos, tanto activos como en desuso, entrelazados con tejidos urbanos informales concentrados a lo largo de los caminos agrícolas. Este tipo de asentamiento tendrá que adaptarse no solo a las necesidades de producción, sino también a las necesidades de vida. La estrategia de reurbanización prevé, por tanto, la reestructuración de la red de las vías de acceso informales actualmente presentes, así como una revisión contextual de la urbanización primaria coherente con una idea de reurbanización mínima, pero funcional, del espacio público, que en este contexto está constituido principalmente por escasas vías no asfaltadas. La innovación en este ámbito está estrechamente vinculada a las actividades de servicios turísticos de playa existentes y previstas, para las que vemos la posibilidad de permitir cambios de uso de los terrenos agrícolas y en desuso, que en todo caso deben ser compatibles con el paisaje rural costero. Se fomentan las intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de las relaciones sociales y las propuestas para una mejor integración de los edificios existentes, especialmente en lo que compete a la gestión de infraestructuras, residuos, agua y energía. En esta parte del territorio también se fomenta la transformación de los cultivos de invernadero en cultivos al aire libre —un proceso que ya está parcialmente en marcha y que retoma la tradición histórica del cultivo de la vid— y hacia nuevos cultivos que podrán y tendrán que experimentar el aumento de las temperaturas y la intrusión salina.

Agricultura intensiva y extensiva

La tercera franja de intensificación agrícola consiste en la modernización de la producción en invernadero, que tiende, a partir de ahora, a desplazarse hacia terrenos al interno y menos sujetos a la intrusión salina, sobre la carretera provincial del litoral. La estrategia para estas zonas ofrece la posibilidad de construir invernaderos con un mayor índice agrícola que permita la ubicación de empresas más grandes y competitivas. Sin embargo, se prevé regular el tamaño de los invernaderos para proteger el paisaje general y garantizar al mismo tiempo la posibilidad de realizar instalaciones innovadoras. Las urbanizaciones difusas ubicadas en esta zona son tratadas como áreas de regeneración partiendo de la red de carreteras y caminos rurales; la vivienda solo se permite como aspecto complementario a las actividades agrícolas, aunque este tipo de restricción en el pasado no ha frenado el abuso de la construcción “no rural”. En estas zonas, la reorganización del manejo de aguas residuales y, en general, la reestructuración de los servicios públicos subterráneos es fundamental. Para ello, una serie de intervenciones tiene por objeto la reorganización de las infraestructuras existentes y previstas, que se estructuran según una red de “malla ancha” para garantizar una mayor accesibilidad (de los vehículos pesados que se dirigen a los mercados generales) a las zonas de producción intensiva y preservarlas de la presión de la construcción.

 

Agricultura de ladera

La cuarta franja, la más septentrional, se caracteriza por formas de ruralidad difusa cuya matriz estructurante está constituida por los paisajes históricos de la campiña de Iblea y los elementos de la cultura material (fincas, muros de piedra seca, etcétera). La valorización fundamental de estos elementos y la promoción de programas de reutilización de lo existente y en desuso, incluso a través de prácticas de agroturismo, son los objetivos fundamentales para convertir la producción de calidad presente en estas porciones del territorio. Esta parte del territorio se presenta como una campiña todavía eficaz, un paisaje a preservar con cultivos principalmente arbóreos y al aire libre. En esta vasta zona, la protección del paisaje existente también se lleva a cabo mediante la adhesión a programas europeos de financiación específicos, a través de la provisión de un índice agrícola mínimo que aún permite la recuperación de los volúmenes y artefactos existentes (muros, caminos), la protección de la calidad general del asentamiento agrícola, el apoyo a las intervenciones de construcción rural y de piedra en seco, el favorecimiento de las actividades de agroturismo y la desincentivación de la expansión de los invernaderos.

 

Una costa “plástica” (dinámica)

A partir de la investigación realizada en este territorio y de la experiencia interpretativa y de diseño puesta en marcha para la elaboración de la investigación “Scicli Rigenera”, surge en primer lugar la necesidad de un enfoque experimental y abierto en la redefinición del tema rural. Aunque los invernaderos son estructuras ligeras y fácilmente desmontables, su disposición laberíntica en el territorio los plantea como masas, bloques infranqueables, exactamente como ocurre en las secuencias de galpones dentro de la zonificación industrial, pero con la diferencia de que en las vastas zonas rurales informales no se ha previsto ningún tipo de servicio (carreteras, aparcamientos, instalaciones, etcétera) improvisados para la vida informal o para la actividad productiva y logística. Este laberinto privatizado resulta ser un eficaz instrumento de control y manipulación espacial y social.

Desde el punto de vista espacial, estas fábricas de plástico se han impuesto con innegable violencia sobre el ecosistema natural y el paisaje tradicional, refundando una fuerte economía de largo recorrido sobre las ruinas de la anterior, que eran de libre acceso, de corto alcance, de gestión familiar y tendencialmente destinadas para el autoconsumo… Pero esta economía de más de 50 años no ha producido un paisaje moderno e innovador. Desde el punto de vista social, los invernaderos representan una buena referencia de empleo para los flujos nacionales e internacionales de trabajadores, pero, incluso en este caso, esta oportunidad no siempre corresponde con la integración esperada. Este tipo de territorio se transforma a diario y en silencio, permaneciendo igual a sí mismo.

Una reflexión general sobre las posibilidades de reconfiguración de los territorios rurales costeros investigados nos lleva a identificar algunos movimientos principales a seguir: reconceptualizar el territorio rural partiendo de nuevo de la materialidad del proyecto para definir políticas multiescalares y multidisciplinares y espacializarlas en posibles escenarios, sabiendo que para la innovación rural es necesario superponer infraestructuras civiles, medioambientales, socioeconómicas y administrativo–institucionales en el proyecto/proceso; establecer un diálogo directo con los usuarios del campo (empresarios, trabajadores, ciudadanos).

El intento de construir, escenarios y pautas de regulación, a través de la imagen de un litoral más “plástico”, modelable y dinámico, representa una de las formas para socavar este inmovilismo y proporcionar salidas, alternativas para adaptar las diversas actividades aquí superpuestas a lo contemporáneo y al futuro.

 

Referencias

A.A.V.V. (2014). Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Abbate, G. (2016). Processi di rigenerazione nei centri urbani della Sicilia sud–orientale. Urbanistica informazioni. www.urbanisticainformazioni.it/IMG/pdf/02_ii_sessione.pdf

Barone, G. Le tre rivoluzioni agrarie e l’“oro verde” del modello Ragusa. https://www.ragusaoggi.it

Bollini, G., Laniado, E., & Vittadini, M. R. (2018). Valutare la rigenerazione urbana, Regione Emilia–Romagna.

Dal Zotto, E., Lo Cascio, M., & Piro, V. (2021). The Emergency Management of Migration and Agricultural Workforce during the Pandemic. The Contradictory Outcomes of the 2020 Amnesty Law. En F. Della Puppa & G. Sanò (Eds.), Stuck and Exploited Refugees and Asylum Seekers in Italy Between Exclusion, Discrimination and Struggles, 8, 331–342.

Distefano, S., & Raniolo, F. (2017), Ragusa e gli Iblei; Cartoline dall’Italia. Il Mulino. https://www.rivistailmulino.it/a/ragusa

Lo Piccolo, F. & Todaro, V. (2021), Landscape of exception: Power inequalities and ethical planning challenges in the landscape transformation of south-eastern Sicily. Planning Theory, 21(1), 1–27.

Lo Piccolo, F. & Todaro, V. (2014), L’invisibilità sociale degli immigrati nella Sicilia postrurale: il caso della ‘fascia trasformata’ del ragusano. En F. Lo Piccolo, M. Picone & V. Todaro (Eds.), Transizioni postmetropolitane Declinazioni locali delle dinamiche posturbane in Sicilia. Franco Angeli/Urbanistica.

MATMM–Regioni. (2018). Linee Guida per la Difesa della Costa dai fenomeni di Erosione e dagli effetti dei Cambiamenti climatici. Versión 2018 – Documento elaborado por Tavolo Nazionale sull’Erosione Costiera.

MIMS. (2022, 14 de febrero). Rapporto della Commissione cambiamenti climatici, infrastrutture e mobilita sostenibili.

Nifosì, C. (2021). Interpretare e riscrivere i territori rurali–costieri Iblei. Scenari in costruzione. En A. Di Campli, C. Cassatella & D. Poli (Eds.), Il ritorno delle foreste e della natura, il territorio rurale, 8. Planum Publisher e Società Italiana degli Urbanisti.

Nifosì, C. (2021). Territori rurali oltre una visione urbanocentrica. Il caso degli Iblei e di Scicli. En Contesti – Città Territori Progetti, 2, Firenze University Press.

Pavia, R. (2019). Tra suolo e clima. La terra come infrastruttura ambientale. Donzelli Editore.

Piro, V., & Sanò, G. (2017). Abitare (ne)i luoghi di lavoro: il caso dei braccianti rumeni nelle serre della provincia di Ragusa. Sociologia del lavoro, 146, 40–55. http://dx.doi.org/10.3280/SL2017-146003

Pluchino, G. (2018). Città informali. Il caso di Scoglitti / Idee di progetto per una riqualificazione del territorio. https://issuu.com/giorgiopluchino91/docs/tesi_giorgio_pluchino_media_risoluz

Vanni, F. (2014). Agriculture and Public Goods. The role of collective action. Springer.

 

[1].     Datos de Ismea Agrimercati a finales de 2020. Uno de los pilares de la diversificación italiana está representado por el agroturismo, cuyo continuo crecimiento ha sufrido un duro golpe por los efectos de las restricciones a la movilidad y la sociabilidad de las personas provocadas por la pandemia. Sin embargo, el sector ha mostrado una buena capacidad de reacción, sustentada en un importante incremento de presencias vinculadas a clientes nacionales, más que extranjeros, y en el desarrollo de innovaciones en la oferta de servicios, que pueden continuar y consolidarse en el futuro (CREA, 2020).

[2].    Si bien es cierto que el valor añadido combinado de la agricultura y la industria alimentaria es algo más de 4% del PIB nacional, si se incluyen los sectores derivados, esta incidencia aumenta considerablemente. El conjunto del sistema agroalimentario en todos sus componentes —agricultura, agroindustria, servicios relacionados con la alimentación— representa más de 15% del PIB italiano, como media de los últimos años.

[3].    El sector agrícola italiano sigue siendo el primer productor mundial de vino (en volumen) y recientemente ha alcanzado el primer puesto en el ámbito europeo en producción de hortalizas (en valor), superando a España.

[4].    Que consolida las tendencias del sistema agroalimentario italiano desde 1947.

[5].    De igual forma, imprevisibles son los efectos provocados por las numerosas medidas puestas en marcha para hacer frente a las dificultades desencadenadas por la pandemia, tanto a escala nacional como de la ue: los dos decretos nacionales “Cura Italia” y “Rilancio”, la medida 21, y otras formas de apoyo pueden provenir de un uso específico del Fondo de Recuperación, en el cual el sector agroindustrial podrá seguir beneficiándose, aunque de forma más indirecta.

[6].    Nifosì, C.(2021), “Interpretare e riscrivere i territori rurali–costieri iblei. Scenari in costruzione”, en Di Campli, A., Cassatella, C., Poli, D. (a cura di, 2021) “Il ritorno delle foreste e della natura, il territorio rurale”, Atti della XXIII Conferenza nazionale SIU DOWNSCALING, RIGHTSIZING. Contrazione demografica e riorganizzazione spaziale, Turín, 17–18 de junio de 2021, vol. 07, Planum Publisher e Società Italiana degli Urbanisti, Roma–Milán, 2021.

[7].    Distefano, S., Raniolo, F., Viaggio in Italia. Ragusa e gli Iblei. Il Mulino. Rubrica: Cartoline dall’Italia/Sicilia, https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:3932

[8].    Para saber más sobre la historia rural de Iblea véase Barone, G., “Le tre rivoluzioni agrarie e l’“oro verde” del modello Ragusa” en https://www.ragusaoggi.it o anche C.Nifosì (2021), “Territori rurali oltre una visione urbanocentrica. Il caso degli Iblei e di Scicli”, en “Contesti — Città Territori Progetti” n. 2, 2021, Firenze University Press | issn 2035–5300.

[9].    Es el término utilizado para indicar una amplia zona territorial, constituida por un predominio del cultivo en invernadero, que abarca las franjas costeras de los municipios de Vittoria, Acate, Santa Croce Camerina, Ragusa y Scicli para la provincia de Ragusa y Gela para la provincia de Caltanissetta.

[10].    En 1999, con sus 8,400 hectáreas (Pluchino, 2018).

[11].    Véase al respecto una lectura crítica de la “franja transformada” de la costa de Iblea por Lo Piccolo, F. y Todaro, V. (2021).

[12].    Véase su reciente estudio etnográfico realizado en la zona de Vittoria, mencionado en las referencias.

[13].    En el caso de las fincas abandonadas o de las ruinas agrícolas más antiguas.

[14].    Basta decir que solo en el periodo mayo–julio de 2019 se registraron 533 eventos extremos en el país, entre ellos 26 tornados, 49 lluvias violentas, 278 granizadas y 180 episodios de vientos fuertes (CREA, 2019; ISPRA).

[15].    Escenarios climáticos delineados por el Informe de la Comisión sobre Cambio Climático, Infraestructura y Movilidad Sostenible (MIMS, febrero de 2022).

 

El acceso a espacios verdes públicos en el área metropolitana de Guadalajara. Impacto de la pandemia covid–19 en hábitos y percepciones de la población

Stephanie Zúñiga Esparza
Marinés de la Peña Domene

 

Resumen

Los espacios verdes públicos proveen amplios beneficios ambientales, sociales y culturales a la población. Además, son fundamentales para fortalecer el equilibrio entre la naturaleza y lo construido en contextos urbanos. Sin embargo, su cantidad y distribución en el territorio determina el grado de acceso que puede alcanzar la población para su disfrute. El área metropolitana de Guadalajara posee un déficit de espacios verdes públicos y una distribución poco uniforme de los existentes, lo que implica un acceso desigual entre sus habitantes. Además, la pandemia por covid–19 trajo consigo diversas restricciones de movilidad que influyeron en los hábitos de uso y en la percepción que la población posee de esos espacios.
Con la finalidad de caracterizar la percepción y el uso de la población respecto de los espacios verdes públicos, antes y durante la pandemia covid–19, se realizaron encuestas en el área metropolitana de Guadalajara y en una colonia identificada con particular alto déficit de estos. A partir de ello, fue posible determinar las distancias en promedio que recorre la población para acceder a estos espacios públicos, y de qué manera influyó la pandemia en la frecuencia de visita y en la percepción que poseen de estos.
Incluir los hábitos, las preferencias y percepciones de la población con respecto a la cantidad y distribución de los espacios verdes públicos es esencial para conducir la toma de decisiones y la gestión del territorio urbano hacia una planeación sostenible.

Palabras clave: espacio verde público, pandemia covid–19, servicios ecosistémicos culturales.

 

Abstract

Public green spaces provide the population with a wide range of environmental, social and cultural benefits. They play a key role in safeguarding the balance between nature and the built environment in urban settings. However, their extension and distribution in the territory determine the population’s level of access to enjoy them. The Guadalajara Metropolitan Area currently registers a deficit of public green spaces, and those that exist are unevenly distributed, which implies unequal access for its inhabitants. In addition, the covid–19 pandemic led to different restrictions on mobility that changed the way the population perceived and made use of these spaces.
With the aim of characterizing the population’s perception and use of public green spaces before and during the covid–19 pandemic, surveys were conducted in the Guadalajara Metropolitan Area and in one neighborhood with a particularly high deficit of such spaces. The results served to determine the average distances the population needs to travel to reach these public spaces, and how the pandemic influenced the frequency of the population’s visits and their perceptions. A consideration of the population’s habits, preferences and perceptions of public green spaces is essential to sustainable urban planning.

Key words: public green space, covid–19 pandemic, ecosystemic–cultural services.

 

En la actualidad, 56% de la población mundial vive en ciudades (ONU–Hábitat, 2022), y, de acuerdo con Naciones Unidas (2018), se estima que esta proporción aumentará hasta 13% de cara a 2050. Esto representa diversos retos para las sociedades mundiales, y uno de ellos es procurar el equilibrio entre lo construido y la naturaleza. Por su parte, ONU–Hábitat, en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015), con su objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles, destaca el valor de los espacios verdes públicos mediante la meta 11.7: Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. En ese contexto, los espacios verdes públicos son esenciales para articular el territorio y acercar a la población a los beneficios que brinda la naturaleza.

Para el desarrollo de este trabajo se considerará como definición de espacio verde público la propuesta por Gómez (2017):

[…] entre los espacios verdes se incluyen diferentes tipos de elementos urbanos como parques, plazas, plazoletas, espacios verdes pequeños, peatonales y reservas naturales. Todos ellos tienen como rasgo común que son espacios abiertos con presencia de árboles, arbustos y césped. Su fin es permitir el esparcimiento, el contacto con la naturaleza y la sociabilidad de los habitantes. Las diferencias entre ellos son mayormente la superficie, la forma, las actividades que se pueden realizar y los equipamientos (Gómez & Mesa, 2017, p. 80).

A la fecha, ha sido ampliamente documentado que los espacios verdes públicos ofrecen una extensa cantidad de beneficios, que comprenden, de acuerdo con Córdova y Martínez–Soto (2014), la dimensión social, la ambiental y la económica. Para su categorización, esos beneficios suelen ser expresados con el concepto servicios ecosistémicos, que, de acuerdo con la Evaluación de los ecosistemas del milenio (2004), son los beneficios que aporta un ecosistema natural a la sociedad, y se dividen en servicios de provisión, regulación, de sustento y culturales. En particular, los servicios ecosistémicos culturales se definen como aquellos servicios no materiales que contribuyen al mantenimiento de la vida humana al proveer oportunidades de salud, crecimiento espiritual, desarrollo cognitivo, recreación, identidad cultural y experiencias estéticas (Camacho & Luna, 2012; Milcu et al., 2013). Una manera de caracterizar los servicios ecosistémicos culturales que proveen los espacios verdes es a través de técnicas cualitativas mediante las cuales la población expresa con sus propias palabras el valor no monetario que percibe de estos espacios (Gould, 2014, p. 577).

En años más recientes, el término valores relacionales fue introducido por la Plataforma Intergubernamental Científico–Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), como una categoría bajo la cual define todas las contribuciones positivas o beneficios y aquellas contribuciones ocasionalmente negativas, pérdidas o prejuicios que las personas obtienen de la naturaleza (IPBES, 2018). Ambos conceptos, servicios ecosistémicos culturales y valores relacionales, ofrecen la oportunidad de evidenciar el valor de los espacios verdes públicos de acuerdo con la percepción social, y son considerados como el marco conceptual de referencia para el presente trabajo.

Por otro lado, la pandemia de covid–19, declarada como tal el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), ha representado diversos retos para los hábitats urbanos, y, particularmente, ha dejado en evidencia sus debilidades: las ciudades son en gran parte vulnerables como resultado de la forma en que están organizadas y cómo las personas viven, trabajan y viajan dentro y alrededor de ellas (ONU–Hábitat, 2020). Con este fenómeno, la calidad del espacio público, la existencia o carencia de espacios verdes, así como la estructura urbana, se han convertido en indicadores que permiten analizar de qué manera los modelos urbanos influyen en las posibles respuestas frente a una emergencia sanitaria. Así, la pandemia transformó la cotidianidad y resaltó la importancia de los espacios verdes públicos y su papel en el bienestar de la población, como se lee a continuación:

Con la pandemia de covid–19 los espacios verdes de calidad son más necesarios que nunca en las ciudades porque ofrecen menor riesgo de transmisión de covid–19 al aire libre, espacio para el distanciamiento social, beneficios para la salud física y mental, y reducción de los niveles de contaminación atmosférica y ruido (Instituto de Salud Global, 2020).

Por lo tanto, considerar el impacto que ese fenómeno ha tenido en la percepción, el uso y acceso de la población al espacio verde público es relevante, y es el objetivo principal de la presente investigación.

Este trabajo tomó como caso de estudio el área metropolitana de Guadalajara, que con 5’268,642 habitantes es la tercera área metropolitana más poblada de México (Inegi, 2020, p. 15). En la actualidad, posee un déficit de espacios verdes públicos y de los servicios ecosistémicos que proveen (Imeplan, 2016, p. 189), aunque la percepción de la población al respecto no ha sido documentada. Por tal razón, un enfoque con particular atención en los servicios ecosistémicos culturales y en los valores relacionales será útil para comprender el estado actual, y podría ser una herramienta de apoyo para la planeación de nuevos espacios verdes públicos en la urbe.

Los habitantes urbanos tienen cada vez menor oportunidad de establecer contacto con la naturaleza y los espacios verdes públicos son fundamentales para cultivar tal relación. Fortalecer el equilibrio entre la naturaleza y lo construido es una necesidad primordial para las urbes actuales, y empezar con la identificación de cuáles beneficios proveen estos espacios a la población es esencial para conducir la toma de decisiones y la gestión del territorio hacia una planeación sostenible.

 

Método

Con el objetivo de identificar la percepción, el uso y el acceso de la población de los espacios verdes públicos en las áreas de estudio, antes y durante la pandemia covid–19, se estableció una metodología mixta con métodos cualitativos y cuantitativos. Para la obtención de información se utilizó la técnica de encuesta, tomando como referencia la metodología propuesta por Gould (2014) y por Tovar (2020). Así, se diseñaron dos encuestas en la plataforma digital SurveyMonkey que, debido a las restricciones de movilidad por la pandemia covid–19, se difundieron a través de medios digitales como WhatsApp, Facebook e Instagram.

En primer lugar, se diseñó una encuesta dirigida a la población de los municipios centrales del área metropolitana de Guadalajara (Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto). El requisito principal fue nombrar el espacio verde público que visitan con frecuencia para, a partir de ello, profundizar en el tema. Por otro lado, con el propósito de comparar los resultados, para la aplicación de la segunda encuesta se seleccionó una colonia que carece en su totalidad de espacios verdes públicos. El territorio seleccionado fue la colonia San Antonio, ubicada en el oriente del municipio de Guadalajara. En este caso, el cuestionario fue dirigido a la población en general sin importar si suelen visitar espacios verdes públicos con frecuencia o no. En la figura 6.1 se muestran las características principales de ambas zonas de estudio.

La encuesta dirigida a la población del área metropolitana de Guadalajara incluyó 25 preguntas de opción múltiple y 5 abiertas. Por su parte, la encuesta aplicada en la colonia San Antonio se conformó por 24 preguntas de opción múltiple y 3 abiertas. Ambas encuestas abarcaron características demográficas de los participantes (edad, género, grado de estudios y situación laboral), hábitos de visita a espacios verdes públicos (frecuencia de visita y medio de transporte utilizado), preferencias entre espacios, percepciones y valor que otorgan a estos espacios en relación con diversos aspectos.

Para identificar el valor que la población otorga a los espacios verdes públicos se consideraron los principales valores relacionales propuestos por IPBES y retomados por Valle (2020). Además, se consideró como referencia este último para definir escalas de valor mediante las cuales los encuestados otorgan valor entre muy importante y nada importante a una lista de diversos aspectos (véase la tabla 6.1).

En relación con la pandemia covid–19, con ambas encuestas se buscó identificar su impacto en la frecuencia de visita de los participantes. Para ello se solicitó mencionar frecuencia de visita a espacios verdes públicos antes y durante la pandemia. Por otro lado, se presentó una serie de afirmaciones con respecto al valor percibido de estos espacios antes y durante la pandemia, y en referencia a si deben permanecer abiertos durante emergencias sanitarias de este tipo.

Por último, para definir el grado de acceso de la población a espacios verdes públicos se tomó en cuenta las distancias que recorren y el tiempo que les toma llegar a ellos. Para esto, se solicitó a los participantes mencionar colonia, código postal de residencia y nombre o ubicación del espacio verde público que suelen visitar, además de mencionar el tiempo de traslado que realizan y el medio de transporte utilizado. Los datos se analizaron a través de Anovas de una vía donde la variable independiente fueron las localidades (área metropolitana de Guadalajara y San Antonio), y las variables dependientes fueron la frecuencia de visita a los parques y los tiempos recorridos para llegar. Todos los datos fueron analizados en Statistica 13.3.

 

Resultados y hallazgos

Los resultados de la encuesta aplicada en el área metropolitana de Guadalajara fueron analizados con 535 respuestas en total. Por su parte, la encuesta aplicada en la colonia San Antonio fue analizada con 90 respuestas. En la tabla 6.2 se describen las principales características de los resultados obtenidos.

Ambas encuestas se realizaron con la apertura de espacios públicos al 50% de su capacidad, entre los cuales se incluyen parques, jardines, bosques urbanos, canchas deportivas y áreas naturales protegidas. La encuesta del área metropolitana de Guadalajara estuvo abierta del 12 de abril de 2021 al 11 de mayo de 2021. Por su parte, la aplicada en la colonia San Antonio estuvo abierta del 21 de junio de 2021 al 20 de julio de 2021. En la figura 6.2 se observa una línea de tiempo con las restricciones de uso de los espacios abiertos en el área metropolitana de Guadalajara durante la pandemia, así como la ubicación del levantamiento de encuestas bajo ese contexto.

A continuación, se presentan los principales hallazgos obtenidos y en comparativa entre ambas encuestas, de acuerdo con cinco temas: acceso, preferencias, hábitos de visita, valor percibido de los espacios verdes públicos y percepciones a partir de la pandemia covid–19.

 

Acceso

A partir de la pregunta ¿Cuánto tiempo te toma llegar al espacio verde público? se buscó identificar el tiempo que la población invierte para acceder a espacios de este tipo. Con referencia a esto, los resultados mostraron que la población de la colonia San Antonio realiza recorridos significativamente mayores que el general de la población del área metropolitana de Guadalajara (F (1, 605) = 50.463, P < 0.001). Como se observa en la figura 6.3, el resultado de mayor representación para la colonia San Antonio fue de 10 a 20 minutos (con 36% de las respuestas), mientras que para el cuestionario del área metropolitana de Guadalajara fue menos de cinco minutos (con 35%). En ambas encuestas, de 5 a 10 minutos obtuvo el segundo lugar, con 33% de las respuestas en el área metropolitana de Guadalajara y 35% en la colonia San Antonio.

Por otra parte, se solicitó a los participantes mencionar la colonia de residencia y el nombre del espacio verde público que visitan. Con esta información se registraron las distancias recorridas por los participantes para acceder a esos espacios. En la figura 6.4 se observa una comparativa entre la colonia San Antonio y la colonia Santa Elena Alcalde, la cual obtuvo alta representación en la encuesta aplicada en el área metropolitana de Guadalajara. En ambos casos se mapearon las distancias desde el centro de la colonia a los cinco espacios verdes públicos más mencionados. De esto, destacan las distancias de hasta cinco kilómetros que realizan los participantes de la colonia San Antonio en comparativa con distancias de un kilómetro o menos para la colonia Santa Elena Alcalde.

Preferencias

Con la pregunta ¿Por qué prefieres visitar este espacio verde público? se indagó en el tema de preferencias. Por encima de otras razones, como por su amplitud o vegetación abundante; en ambos cuestionarios la población manifestó preferir espacios verdes públicos cercanos a su domicilio, como se muestra en la figura 6.5. Particularmente con los resultados de la colonia San Antonio, con 68% del total de las respuestas.

Hábitos de visita

Para identificar la frecuencia de visita se solicitó a los participantes indicar cómo era su frecuencia previa a la pandemia, y cómo había sido durante esta. A partir de los resultados obtenidos en ambas encuestas fue posible identificar que la frecuencia de visita disminuyó significativamente en el marco de la pandemia covid–19 (F(1, 623) = 39.14, p < 0.001), ya que antes de la pandemia los habitantes reportaron una visitación promedio de 6.9 veces al mes y, durante la pandemia, el promedio bajó a 3.6 visitas al mes. Sin embargo, disminuyó aún más entre los participantes de la colonia San Antonio, de 5.7 a 2.5 visitas por mes (véase la figura 6.6).

Valor percibido de los espacios verdes públicos

Con la escala de valor previamente descrita se solicitó a los participantes calificar de muy importante a nada importante el valor que otorgan a los espacios verdes públicos en relación con diversos aspectos. Resalta que, con los más altos valores, califican aquellas características que se relacionan con su vida personal, como son la salud mental, la salud física y el contacto con la naturaleza (véase la figura 6.7). Por otro lado, otorgan el menor valor a estos espacios en relación con el aspecto social: fomentan la convivencia entre vecinos (véase la figura 6.8).

Percepciones a partir de la pandemia covid–19

A la pregunta ¿A partir de la pandemia covid–19 cambió tu percepción sobre la importancia de tener parques cerca de tu domicilio? los participantes en ambos cuestionarios contestaron de manera afirmativa con más de 60% de las respuestas: 68% en la encuesta del área metropolitana de Guadalajara y 67% en la encuesta de la colonia San Antonio. Por otra parte, se solicitó complementar la respuesta con algunos comentarios. De esto, destacó la importancia de poder acceder a este tipo de espacios de manera peatonal y su valor para fortalecer la salud física y mental durante los periodos de aislamiento.

 

En el área metropolitana de Guadalajara, de manera similar a otros contextos urbanos, una de las principales medidas para detener el contagio del virus fue limitar el uso del espacio público, incluyendo aquellos espacios verdes como parques y jardines. Al respecto, se solicitó a los participantes responder si consideran que esos espacios deben permanecer abiertos durante ese tipo de emergencias sanitarias. En ambos cuestionarios cerca de 60% respondió de manera afirmativa. Sin embargo, entre los comentarios resaltó la importancia de respetar las medidas de distanciamiento social para el disfrute en común de estos espacios.

 

Conclusiones

Los habitantes urbanos tienen poca oportunidad de establecer contacto con la naturaleza, y los espacios verdes públicos son fundamentales para ello. Sin embargo, diversas características, como la cantidad de espacios y su ubicación, influyen directamente en la oportunidad que la población puede tener para disfrutar de los beneficios que proveen. Por esto, identificar cómo son los hábitos de uso de la población, así como sus preferencias y percepciones del estado actual es fundamental.

A partir de dos encuestas dirigidas a la población de los municipios centrales del área metropolitana de Guadalajara y a la población de la colonia San Antonio, respectivamente, se establecieron algunos hábitos de uso y percepción de los espacios verdes públicos. Con ello se comprobó que el acceso en el área metropolitana de Guadalajara es desigual y se refleja principalmente en la cantidad de tiempo que invierte la población para visitarlos, sobresaliendo la diferencia entre el promedio del área metropolitana de Guadalajara, que va de menos de cinco minutos a 10 minutos, en comparativa con la colonia San Antonio, que en su mayoría realizan recorridos de hasta 20 minutos. Lo anterior, junto con el hecho de que la población encuestada manifestó en alta proporción preferir espacios verdes públicos que considera cercanos a su domicilio, son evidencias útiles para guiar la toma de decisiones en referencia a la planeación de estos espacios, ya que pone de manifiesto la importancia de garantizar el acceso peatonal de la población a estos.

Con el objetivo particular de identificar de qué manera influyó el fenómeno de la pandemia covid–19 en el uso y la percepción de la población de estos espacios, los resultados obtenidos con ambas encuestas demuestran que la pandemia provocó la disminución de frecuencia de visita y particularmente entre aquellos que venían realizando recorridos más largos. Esto refleja el impacto de la desigualdad de distribución de estos espacios públicos en el territorio, la cual influye directamente en la oportunidad que tiene la población de acceder a los servicios que proveen. Por otra parte, los participantes expresaron que la pandemia los motivó a reconocer la importancia de tener espacios verdes públicos cercanos a su domicilio a los que pueden acceder de manera peatonal. Con los resultados de ambas encuestas se identificó que la población en general otorga alto valor a los espacios verdes públicos en relación con diversos aspectos que influyen directamente en su calidad de vida, como son su salud física y mental.

Incidir en la cantidad de espacios verdes públicos del área metropolitana de Guadalajara es de enorme importancia para impulsar la regeneración sostenible del territorio e incluir los hábitos, las preferencias y percepciones de la población con respecto al uso y acceso de estos espacios públicos; es esencial para conducir la toma de decisiones y la gestión del territorio hacia una planeación integral que, además, impulse una mejor calidad de vida entre la población.

 

Referencias

Chan, K. (2012). Where are Cultural and Social in Ecosystem Services? A Framework for Constructive Engagement. BioScience, 62(8), pp. 744–756. https://doi.org/10.1525/bio.2012.62.8.7

Córdova, A., & Martínez–Soto, J. (2014). Beneficios de la naturaleza Urbana. En L. Ojeda & I. Espejel (Coords.), Cuando las áreas verdes se transforman en paisaje urbano. La visión de Baja California. El Colegio de la Frontera Norte.

Gould, R. K., Klain, S. C., Ardoin, N. M., Satterfield, T., Woodside, U., Hannahs, N., Daily, G. C., & Chan, K. M. (2015). A protocol for eliciting nonmaterial values through a cultural ecosystem services frame. Conservation biology: the journal of the Society for Conservation Biology, 29(2), 575–586. https://doi.org/10.1111/cobi.12407

Gómez, J., & Mesa, A. (2017). Análisis de los hábitos de la población como herramienta para la planificación de los espacios verdes públicos. Caso Área Metropolitana de Mendoza. Universidad Nacional del Litoral–Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Arquisur, 7(12), 79–89.

Imeplan (2016). Programa de Desarrollo Metropolitano del Área Metropolitana Guadalajara, 2042.

Inegi. (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. Presentación de resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Principales_resultados_ejecutiva_EUM.pdf

Instituto de Salud Global. (2020). Por qué las ciudades necesitan espacios verdes más que nunca. https://www.isglobal.org/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/-por-que-las-ciudades-necesitan-espacios-verdes-mas-que-nunca-/4735173/0

IPBES. (2018). Resumen para los responsables de formular políticas del informe de la evaluación de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas de Europa y Asia Central. https://www.ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_es.pdf

Organización de las Naciones Unidas. (2018, 16 de mayo). Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo. https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html

OMS. (2020, 11 de marzo).  Alocución de apertura del director general de la OMS en la rueda de prensa sobre covid–19 celebrada el 11 de marzo de 2020.

ONU–Hábitat (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

ONU–Hábitat. (2020, 3 de agosto). Políticas del covid–19 en un mundo urbano, por el Secretario General de la ONU. https://onuhabitat.org.mx/index.php/politicas-del-covid-19-en-un-mundo-urbano-por-el-secretario-general-de-la-onu

ONU–Hábitat. (2022). World Cities Report 2022. https://onuhabitat.org.mx/WCR/

Reid, W. V., Mooney, H. A., & Cropper, A. (2004). Evaluación de los ecosistemas del milenio. Las relaciones entre el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano. Ecosistemas, 16(3), 2007, pp. 134–144.

Tovar, Y. P. (2020). Evaluación de servicios, diservicios ecosistémicos y motores de cambio a partir de valoración sociocultural en Coyaima, Colombia. [Trabajo presentado como requisito para optar por el título de Bióloga en la Universidad de Rosario, Bogotá].

Valle, J. S. (2020). Aportes de la valoración sociocultural y los valores relacionales en la comprensión de conflictos ambientales de conservación de áreas verdes urbanas. [Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de Magister en Medio Ambiente y Desarrollo. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá].

Aplicaciones de políticas públicas para el uso del espacio público y movilidad a partir de la pandemia de covid–19

Gabriel Michel Estrada

 

Resumen

Se presentan algunas de las políticas públicas para la recuperación del espacio público y favorecer la movilidad activa reflejadas desde el ámbito internacional al local que se establecieron como respuesta a la pandemia del covid–19, contextualizando la problemática del hábitat a partir del crecimiento desmedido de las ciudades y el proceso de industrialización con su correspondiente degradación ambiental, así como los propósitos de desarrollo planteados por organismos internacionales que se han presentado a inicios del siglo XXI a fin de mitigar el grave deterioro ambiental que padece el planeta, ampliando el concepto de los derechos humanos hacia términos correspondientes al derecho a un hábitat saludable. Como respuesta a la pandemia el Gobierno de México ha instaurado leyes y normas oficiales y ha planteado propuestas de establecimiento de estrategias en el plano de los gobiernos locales para incentivar la recuperación del espacio público y la mejora de los sistemas de movilidad mediante el transporte público y sustentable, logrando en varias ciudades la puesta en marcha de infraestructura para la movilidad activa. Una de las estrategias que se proponen es la del establecimiento en las localidades del programa de vías recreativas, con la finalidad de favorecer tanto el cuidado de la salud física y mental, habilitando espacios abiertos que permiten la activación física y la socialización de la población en entornos seguros y de bajo riesgo ante la pandemia. Estas acciones nos presentan la visión de que un hábitat más humano, sano y sustentable es posible si se trabaja de manera coordinada entre todos los actores de la sociedad.

Palabras clave: espacio público, movilidad urbana, vías recreativas.

 

Abstract

The paper presents some of the public policies aimed at recovering public space and fostering active mobility, ranging from international to local contexts, that were implemented in response to the covid–19 pandemic, contextualizing the issue of habitat in the context of the runaway growth of cities and the process of industrialization with the resulting environmental deterioration. The paper also considers the development goals proposed by international organizations at the turn of the 21st century to mitigate the environmental devastation afflicting the planet, as well as the expansion of the concept of human rights to include the right to a healthy habitat. In response to the pandemic, the Mexican Government has passed laws and official norms, and proposed strategies at the local government level to encourage the recovery of public space and the improvement of mobility systems in the form of sustainable public transportation; several cities have responded by planning and inaugurating infrastructure for active mobility. One of the strategies proposed is the establishment of vías recreativas, or recreational routes, aimed at promoting physical and mental health by rehabilitating open spaces where the population can engage in physical activity and socialization in safe surroundings with a low risk of contagion. These actions show that a healthy and sustainable habitat at a more human scale is possible when all of society’s actors coordinate their efforts.

Key words: public space, urban mobility, recreational routes.

 

El proceso de urbanización del planeta a partir de mediados del siglo xx ha tenido un rápido crecimiento. En la mitad del siglo XX el 70.4% de la población vivía en el ámbito rural y el resto en áreas urbanas, teniendo que solamente 1.3% de la población vivía en ciudades de más de 5 millones de habitantes, y ninguna ciudad superaba los 10 millones. Es en siglo XXI cuando la población urbana pasa a ser mayoría, y en la actualidad solo 43% de la población habita en los ámbitos rurales y, de la población urbana, 7.6% vive en megaciudades mayores a 10 millones de habitantes, con una proyección para el año 2030 de 40% de población que habitará en localidades rurales y el resto en comunidades urbanas, de entre los cuales destacará 8% de la población mundial que vivirá en metrópolis de más de 10 millones de habitantes (Martínez, 2015). Ante esta situación advertimos un enorme deterioro ambiental del planeta y grandes focos de contaminación del medio ambiente producto del uso irracional de los recursos en todos los asentamientos humanos, pero de manera exponencial en los grandes centros urbanos, donde día a día se deteriora la calidad del aire, se incrementa la contaminación de los cuerpos de agua, como ríos, lagos y costas, y el grave problema del manejo de la basura y el uso desmedido de agroquímicos, y es el conjunto de esta problemática lo que ocasiona el calentamiento global, que cada día es más evidente.

Desde hace años diversos organismos internacionales nos han venido advirtiendo con detalle la problemática descrita con el objetivo de incitar a los gobiernos de las naciones a establecer estrategias y protocolos para contener el severo daño ambiental que padecemos, tratando de reconceptualizar el ámbito de los derechos humanos al introducir el tema del hábitat como un derecho, con el que se garantice, además del acceso a servicios básicos de protección, alimentación, salud y educación de la población, un hábitat ambientalmente sustentable para generar y mantener entornos saludables. Esto ha llevado a considerar la problemática desde un nivel sistémico en el cual se aborden las dificultades a partir de diversas ópticas y perspectivas disciplinares en las que se estudie la interrelación del proceso de urbanización con otros problemas que nos aquejan, como el conflicto del acceso al agua potable, y se contemple que los problemas del hábitat afectan a la vida global del planeta, y por ende a todos los seres vivos, vislumbrando que las ciudades desempeñan un papel muy importante en el cambio climático. La visión que sintetiza este arduo trabajo efectuado por numerosos organismos e instituciones, tanto gubernamentales como de la sociedad civil organizada, se adoptó en el año 2015 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que hacen “un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad” (UNDP, 2015), que se presentan en 17 objetivos integrados que “reconocen que la acción en un área afectará los resultados en otras áreas y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Los países se han comprometido a priorizar el progreso de los más rezagados”. Los ods pretenden acabar con la pobreza global impulsando el desarrollo que involucre a todos los sectores de la sociedad. De acuerdo con este llamamiento de la onu en términos urbanos, en 2016 se planteó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat iii, en Quito, Ecuador, la Nueva Agenda Urbana (NAU), que es la guía global más importante que orienta de forma clara cómo la urbanización bien planificada y gestionada puede ser una fuerza transformadora para acelerar el logro de los ODS. Por otro lado, en 2020 la Iglesia católica presenta la Carta Encíclica Fratelli Tutti, que propone la urgencia de trabajar desde las iglesias en el cuidado del planeta, la fraternidad y la amistad social (Santo Padre, 2020).

Es a mediados del siglo pasado cuando el proceso de industrialización experimenta un crecimiento exponencial que afecta a las ciudades en su traza urbana y transforma el espacio público, que era usado tanto para la movilidad activa como para el encuentro y la socialización de los habitantes, en un sistema de vialidades que da preferencia a los sistemas de automotores para la movilidad de personas, en especial a los de uso individual, con lo que se genera un grave crecimiento de la taza de motorización y, con ello, graves problemas de contaminación ambiental, ruido, accidentalidad y una pérdida del espacio público que era utilizado para el uso y disfrute de la población y la movilidad desde la perspectiva de la escala humana.

El automóvil se ha convertido, para la sociedad, en un factor de ideología social en el cual se privilegia el individualismo sobre la comunidad, ya que “tanto en su concepción como en su propósito original, el auto es un bien de lujo. Y el lujo, por definición, no es democracia” (Gorz, 2009), con lo que se pondera al hombre exitoso, aquel que puede moverse en su propio automóvil porque este se ha convertido en un objeto de deseo, cuando en realidad lo que sucede es que ese objeto de deseo atrapa al sujeto y lo convierte en su presa, causando daños tanto de salud a su persona como a la sociedad en su conjunto, generando problemas de salud pública, ya que este tipo de vehículos son uno de los principales causantes del calentamiento global. La ideología del automóvil ha penetrado tanto en la sociedad que, aun en la actualidad, la llamada “moda verde” está inmersa en la misma industria automotriz al pretender liderar el tema del cuidado del medio ambiente con la adaptación tecnológica a modo de los “autos ecológicos”, cuando son los propios vehículos, verdes o no, los que acaparan el espacio público, demandando un gran porcentaje de los recursos públicos para la construcción y mantenimiento de una infraestructura que nunca llegará a usar la mayoría de la población. Es imperante cambiar este paradigma porque

[…] precisamente para poder amar el ‘territorio’ será necesario que este sea habitable y no circulable, que el barrio o la comunidad vuelvan a ser el microcosmos, diseñado a partir y en función de todas las actividades humanas, en que la gente trabaja, vive, se relaja, aprende, comunica, y que maneja en conjunto como el lugar de su vida en común (Gorz, 2009),

transformando el espacio público que se utiliza para la movilidad, de vialidades preferentemente para el uso del automóvil particular, a un espacio distribuido equilibradamente para los diversos sistemas de movilidad, dando preferencia al transporte público, sustentable y de modalidad activa.

Transitar de una ciudad gris de asfalto, congestionada, ruidosa y contaminada por los vehículos automotores, a una ciudad verde, libre de autos, donde se da cabida al espacio público para el tránsito seguro de peatones y ciclistas y se generan lugares de encuentro y de calidad ambiental, conlleva la instrumentación de políticas públicas en el ámbito urbano que deberán ser afrontadas sistémicamente y que aborden las políticas económicas, ambientales y de seguridad pública. En términos económicos, deberá incentivarse todo tipo de movilidad sustentable, aplicable a los sistemas de transporte públicos y de movilidad no motorizada, tanto para su puesta en marcha como en la misma generación de empleos en estos rubros, incluido el sector turismo, que puede ser un gran impulsor de esta perspectiva.

En términos ambientales, es mediante la búsqueda del desarrollo sostenible impulsado por Hábitat iii como se podrá revertir el cambio climático, impulsando la cultura de un hábitat sustentable desde esta nueva perspectiva de derechos humanos, permitiendo el cuidado de la salud al mejorar la calidad del medio ambiente y al promover la actividad física que conlleva la movilidad activa, con lo que se podrá reducir la huella de carbono, obteniendo en conjunto una mejoría en la calidad de vida y del espacio público. En cuanto a seguridad pública, se deberá contemplar que la accidentalidad provocada por el tránsito de automotores es un asunto de grave afectación a la salud, y por ello es un tema de seguridad pública, que puede moderarse en gran medida tanto con la instrumentación de elementos físicos de diseño urbano que intervienen la disposición y calidad del espacio público, como por una legislación y fiscalización del tráfico que pasa también por la aplicación de altos impuestos por el uso de vehículos particulares.

El proceso de transformación de las ciudades mediante la recuperación del espacio público comenzó en los Países Bajos en los años setenta del pasado siglo a causa de la crisis energética y la violencia generada por el tráfico, con una serie de protestas masivas que demandaban políticas públicas para la mejora de la movilidad de las personas, así como recuperar los espacios públicos cedidos al automóvil. En la actualidad ciudades como Ámsterdam son referentes mundiales en términos de movilidad urbana sustentable, sin embargo, como excusa para impedir el cambio que las ciudades requieren, algunos grupos sociales afirman: “No podemos hacer eso, no somos Ámsterdam”, desconociendo el proceso histórico del movimiento para generar ciudades humanas, pues fue una gran lucha ciudadana para lograr lo que hoy es la capital holandesa, que mantiene un proceso continuo de reconstrucción de sí misma como una ciudad donde la movilidad sustentable es un derecho humano.

A raíz de la pandemia de covid–19 para seguir con los protocolos de bioseguridad y establecer medidas emergentes tanto para la movilidad urbana como para la recuperación económica de las ciudades, a la vez de estimular la recuperación de la sociedad por los efectos en la salud física y mental que la pandemia trajo como consecuencia, en muchas ciudades se establecieron programas emergentes de movilidad sustentable y de encuentro social en la calle, donde el urbanismo táctico ha sido una herramienta eficaz para reconfigurar el espacio público de manera prácticamente inmediata y de bajo coste. Entre tales acciones se observó la disposición de carriles de las vialidades para uso exclusivo de ciclistas, pero también la toma ordenada de la calle para el uso de restaurantes, venta de productos, áreas de juegos infantiles, etc., lo que dio por resultado un cambio en la apreciación de la población en el uso posible de la calle mucho más amable que el de tránsito de automóviles, por lo que muchas de estas acciones han pasado de ser emergentes y temporales a permanentes, consolidando su infraestructura. Ciudades como Mánchester, Nueva York, París, Barcelona, Bogotá y Ciudad de México pusieron en marcha programas exitosos al respecto, de tal manera que a este fenómeno se le ha denominado el “comienzo de la revolución del transporte del siglo XXI” (Lois, 2021). En el plano nacional el Gobierno de México ha planteado el concepto denominado Sistemas Integrados de Transporte Público (SITP), esto es, “un conjunto articulado de los diferentes medios de transporte de pasajeros que hay en una ciudad, estructurado de tal manera que ofrezcan al ciudadano un servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro, que permita que se puedan desplazar con altos estándares de calidad, acceso y cobertura en toda la ciudad” (Comisión Ambiental de la Megalópolis, 2018), y que busca generar centros urbanos ordenados, conectados con todos los rumbos de la ciudad, ofreciendo servicios de mayor calidad, reducción de los tiempos de viaje, con un sistema de tarifas acordes al tipo de viaje y condición social, con sustantivas mejoras en la seguridad de los usuarios y transeúntes.

Ante la pandemia las secretarías de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), de Salud (SSA), Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), apoyadas por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y acompañadas por una diversidad de organismos ciudadanos, establecieron el plan de movilidad denominado Movilidad 4S para México: Saludable, Segura, Sustentable y Solidaria; plan de movilidad para una nueva normalidad que vincula cuatro ejes: salud, seguridad, sustentabilidad y solidaridad, con 12 estrategias vinculadas entre sí que proponen generar entornos seguros en el espacio público, eficientar el transporte público, reducir el uso del auto particular y la puesta en operación de ciclovías emergentes y recreativas, a fin de responder a los retos económicos y de movilidad que la emergencia sanitaria exigía.

Para esto se elaboraron cuatro documentos, entre los cuales están la Guía de Implementación Movilidad Emergente 4S, ampliación de banquetas, ciclovías emergentes y pacificación del tránsito; la Guía para los servicios de transporte y gestión de la demanda de viajes, y la Guía para la activación de Vías Recreativas durante la emergencia sanitaria. En estos documentos se establecen como indicadores de éxito, entre otros, la red de banquetas que se llegará a ampliar en los centros históricos y las intervenciones en espacios de alta demanda peatonal; la disminución del flujo vial y de concentración de contaminantes ambientales; reconversión de áreas destinadas para estacionamiento en el espacio público en zonas para el consumo de restaurantes, tianguis y demás actividades que requieren distanciamiento social, mediante la instrumentación del urbanismo táctico o activo; la mejora en la frecuencia de paso del transporte público y redistribución de horarios para el transporte de mercancías; el incremento en la red de ciclovías así como del flujo de ciclistas; intervención de los entornos de los espacios públicos; incremento de empleos bajo la modalidad de teletrabajo, y mejoramiento de la seguridad vial. Para lograr esto se plantea la conveniencia de establecer cuatro fases de instrumentación de los proyectos: planeación, diseño, puesta en marcha y operación y evaluación, a fin de instrumentar la infraestructura emergente con la visión de consolidarse en el mediano y largo plazo, la cual debe establecerse como una política pública desde los gobiernos locales y que, una vez instrumentadas físicamente, se opere y monitoree para un seguimiento que defina su consolidación y mantenimiento respectivo. Una de las características de estas estrategias es que su puesta en marcha debe ser rápida, así como socializada y comunicada con los vecinos y la sociedad en su conjunto, visualizándolas como un tema que responde a la contingencia sanitaria pero también de justicia social, que ayuden tanto al cuidado de la salud y como apoyo para la reactivación económica.

Estrategia fundamental recomendada por el Plan de Movilidad 4S para el cuidado de la salud física y mental es la puesta en marcha de Vías Recreativas, ya que es una actividad que se desarrolla en el espacio público al aire libre y que permite mitigar los riesgos sanitarios, y fomenta la salud al desarrollar actividad física moderada. La Sedatu, además de elaborar la Guía para la activación de Vías Recreativas durante la emergencia sanitaria, desarrolló el “Taller de capacitación a gobiernos locales para la apertura de Vías Recreativas”, en el que invitaba y motivaba a los gobiernos locales a poner en marcha este programa de salud pública para facilitar la recuperación física y mental de la población.

Por otro lado, un logro significativo a escala nacional fue que durante el primer semestre del 2022 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que busca incentivar la movilidad no motorizada en el país, y la Norma Oficial Mexicana de los Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos, que insta a establecer las características para el ordenamiento y generación de espacios públicos de calidad.

En el ámbito local, en el área metropolitana de Guadalajara, y como respuesta a la pandemia, se avanzó en el reordenamiento y modernización del servicio de transporte de pasajeros colectivo, poniendo en marcha el sistema de transporte BRT (autobús de tránsito rápido, por sus siglas en inglés) denominado Mi Macro Periférico, con lo que se busca generar una movilidad integrada, ordenada y segura; se habilitaron cruces seguros en diversos puntos de la ciudad para fortalecer la seguridad de los peatones; se avanzó en la consolidación del Plan Maestro de Movilidad Urbana No Motorizada del área metropolitana de Guadalajara mediante el programa de ciclovías emergentes, habilitándose tanto en vialidades el concepto de zona 30, compartiendo el carril vial con unidades de transporte público y calandrias, así como en carriles exclusivos para el tránsito ciclista, con la finalidad de reducir la probabilidad de contagios en el transporte público, disminuir los emisiones contaminantes de los vehículos automotores, ahorrar tiempo en los traslados y asegurar la sana distancia entre las personas. En el área metropolitana de Guadalajara, de contar con 207 kilómetros de ciclovías se incrementaron a 15 más por medio del programa emergente, ubicándose en las avenidas Guadalupe, Las Torres y México del municipio de Zapopan, y en las avenidas México y Gigantes de Guadalajara, contando siempre con la voluntad política de las autoridades locales; sin embargo, este proceso no estuvo exento de la oposición de algunos pocos vecinos, que incluso llegaron a bloquear el proceso de las obras, problema que fue atendido mediante el diálogo por la autoridades locales, logrando los acuerdos necesarios para su terminación.

 

Conclusiones

Es una realidad que las ciudades del siglo XXI padecen de exceso de espacio público que se destina para el automóvil particular, por lo que es necesario no solamente repensar de nuevo la ciudad, sino aplicar estrategias que favorezcan la recuperación del espacio público; que se incentive la movilidad activa, integral y multimodal, donde la calle sea un espacio, más que para la movilidad, un sitio de encuentro, generando espacios agradables, incrementando la masa vegetal con especies endémicas, revirtiendo décadas de errores en el manejo del espacio público, preguntándonos constantemente qué ciudad y región queremos desarrollar, buscando generar una ciudad con un entorno adecuado, donde se posibilite el desarrollo del sujeto y su comunidad, se fortalezca la convivencia, la comunicación y la cohesión social, a fin de lograr una ciudad ordenada, adecuada a los diversos sectores de la sociedad y favoreciendo la inclusión social. Edificar una ciudad más humana, de oportunidades para su población y que favorezca la equidad, la protección y cuidado del patrimonio cultural y ambiental; una metrópoli atractiva para generar empleos y un desarrollo social equilibrado, en resumen, una ciudad saludable. Para lograr esto es necesario ser conscientes de que el hábitat es todo lugar; que la responsabilidad del hábitat no es únicamente de los gobiernos, es una corresponsabilidad compartida de toda la sociedad en su conjunto: gobiernos, profesionistas, universidades, iniciativa privada, organización civil, iglesias, vecinos, medios de comunicación, y que para lograrlo hay que trabajar de manera integral con todas las áreas gubernamentales y sociales en un mismo eje de desarrollo con visión comunitaria, cuestionándose permanentemente sobre el costo–beneficio de las acciones que se ponen en marcha, qué infraestructura se requiere construir, dónde construirla, para quiénes y para qué. El espacio público es el sitio donde se establece una comunicación horizontal, abierta y amplia, productor de democracia y generador de cultura. Vivir la ciudad es una oportunidad de continuar construyéndola, de rehabilitarla para rescatar los valores sociales propios de cada comunidad. Tomar la calle, vivir el barrio y recuperar la ciudad son herramientas para ser constructores de la sociedad.

Referencias

Comisión Ambiental de la Megalópolis. (2018). ¿Qué son los sistemas integrados de transporte? https://www.gob.mx/comisionambiental/articulos/que-son-los-sistemas-integrados-de-transporte?idiom=es

Gorz, A. (2009). La ideología social del automóvil. Letras Libres, 14–19.

Hábitat III (2019). Nueva Agenda Urbana. Naciones Unidas.

Leal. A., Carreón, A., Orozco, M., Tapia, M., & Cortés, R. (2020). Movilidad 4S para México: Saludable, Segura, Sustentable y Solidaria, Plan de movilidad para una nueva normalidad. Sedatu/SSA/SCT/Semarnat/OPS–OMS México.

Leal, A., & Treviño, X. (2020) Guía de Implementación Movilidad Emergente 4S, ampliación de banquetas, ciclovías emergentes y pacificación del tránsito. Sedatu/SSA/SCT/Semarnat/OPS–OMS México.

Leal, A., & Orozco, M. (2020). Guía para los servicios de transporte y gestión de la demanda de viajes. Movilidad 4S Tomo II. Sedatu/SSA/SCT/Semarnat/OPS–OMS México.

Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (2022). Diario Oficial de la Federación.

Lois, D. (2021). Obtenido de https://twitter.com/dloisga

Martínez Gaete, C. (2015). Mapas: La urbanización en el mundo entre 1950 y 2030. Obtenido de Archdaily. https://www.archdaily.mx/mx/763057/mapas-la-urbanizacion-en-el-mundo-entre-1950-y-2030

Norma Oficial Mexicana NOM–001–SEDATU–2021, Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos (2022). Diario Oficial de la Federación.

Orozco, M. y Castorena, A. (2020), Guía para la activación de Vías Recreativas durante la emergencia sanitaria. Movilidad 4S Tomo III, Sedatu/SSA/SCT/Semarnat/OPS–OMS México.

Papa Francisco (2020). Carta Encíclica Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Vaticano: Librería Editrice Vaticana.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. UNDP: https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2020). Portada de la “Guía para la activación de Vías Recreativas durante la emergencia sanitaria. Tomo III Estrategia de Movilidad 4S para México: Saludable, Segura, Sustentable y Solidaria”. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/632634/TOMO_III_GUIA_VR_M4S_.pdf

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2020). “Movilidad 4S para México: Saludable, Segura, Sustentable y Solidaria. Plan de movilidad para una nueva normalidad”. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558043/ESTRATEGIA_M4S.pdf

Sedeur (2010). Plan Maestro de Movilidad Urbana No Motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara (2010). Sedeur–Gobierno de Jalisco.