La intervención social universitaria en el campo de la transparencia en Jalisco

José Bautista Farías

 

 

Resumen

Este texto da cuenta de la participación social universitaria en el derecho a la información y la rendición social de cuentas en Jalisco, centrado en las actividades de intervención y divulgación. Se alude a la conformación de algunos organismos civiles integrados y promovidos por universitarios del ITESO, de la Universidad de Guadalajara, del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad del Valle de Atemajac. En específico, se hace referencia a aquellos donde el ITESO ha tenido una participación relevante, por ser una de las instituciones que incluye estos temas en su agenda de vinculación formativa.

Palabras claves

intervención social universitaria, derecho a la información, transparencia, rendición social de cuentas

 

Abstract

This text offers an account of university social participation in the right to information and social accountability in Jalisco, with a focus on the activities of intervention and dissemination. It looks at the formation of different civil organizations that include members of the university communities of ITESO, the University of Guadalajara, the Tecnológico de Monterrey, and the Universidad del Valle de Atemajac. It focuses specifically on those in which ITESO has had a significant participation as one of the institutions that include these issues in its educational outreach agenda.

Key words

university social intervention, right to information, transparency, social accountability

 

Este texto da cuenta de la participación social universitaria en el tema del derecho a la información y de la rendición social de cuentas en Jalisco, centrado en las actividades de intervención y divulgación. Se hará referencia a la conformación de algunos organismos civiles integrados o promovidos por universitarios, entre ellos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), de la Universidad de Guadalajara, del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), relacionados con la transparencia y el derecho a la información. Por razones de espacio e información aludiré a algunas experiencias en donde el ITESO ha tenido una participación relevante, por ser una de las instituciones que destacan en la promoción y participación de observatorios de rendición social de cuentas.

Más que aludir al trabajo que realizan estos organismos, se hará referencia a dos de los cuatro elementos del plan estratégico de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina 2019–2025: la formación integral y la incidencia social a través de ejercicios de rendición de cuentas en materia de transparencia en la que se han involucrado diversos actores sociales.

 

La intervención social universitaria en el derecho a la información

La función social de las universidades se ha entendido y se ejerció tradicionalmente como “extensión universitaria”, esto es, la proyección del quehacer universitario hacia la comunidad y durante un tiempo, en la década de los ochenta, estuvo vinculada con el establecimiento de relaciones con el sector productivo en la promoción de un determinado “modelo de desarrollo” (Rodríguez, De la Peña y Hernández, 2011). Esa función social en las instituciones de educación superior va más allá de la llamada “extensión” y de relaciones con lo productivo, ya que en el caso de América Latina algunas universidades desempeñaron un papel protagónico en el impulso de un conjunto de transformaciones que han impactado tanto al Estado como a la sociedad, en alianza con sectores que promueven la innovación y el cambio democrático. Así, desde hace varias décadas la intervención social ha sido considerada una función sustantiva de las instituciones de educación superior, junto con la docencia y la investigación.

Las universidades, al ser espacios privilegiados para la formación de profesionistas donde se promueve el conocimiento científico y el desarrollo de la conciencia crítica, la opinión y actuación de los académicos y activistas universitarios suele llamar la atención de los sectores vinculados al poder, tanto del gobierno como de la sociedad. En ciertas coyunturas y problemáticas sociales los universitarios agrupados en colectivos ciudadanos autónomos y en alianza con otros organismos civiles se han constituido en actores relevantes del espacio público por su capacidad de análisis y de propuesta a determinados problemas públicos con los que se vinculan.[1]

De esta manera, las universidades han cumplido un papel activo en el debate de ciertas problemáticas sociales y temáticas como los derechos humanos, la igualdad de género, la transición democrática, el medio ambiente, la seguridad pública, la movilidad urbana, la transparencia y el combate a la corrupción, entre otros. Desde el campo de la intervención social universitaria se han impulsado una gran diversidad de acciones, que han involucrado alumnos y maestros, que van desde la creación de agrupaciones sociales y nuevos organismos públicos hasta el apoyo a iniciativas y reformas de leyes, foros de debate, entre otros.

En el tema del derecho a la información es reconocida la incidencia notable que tuvo el Grupo Oaxaca y el Colectivo Juan Ciudadano en la elaboración de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en vigor en junio de 2013. El Grupo Oaxaca surgió a raíz de un seminario (Derecho a la Información y Reforma Democrática) en esa entidad, el 25 de mayo de 2001, en el que confluyeron cuatro tipos de integrantes: académicos e investigadores de la comunicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana y la Universidad Anáhuac; activistas sociales y miembros de organismos civiles: las Fundaciones: Información y Democracia y Konrad Adenauer; la Fraternidad de Reporteros de México; Libertad de Información–México; periodistas de 80 diarios nacionales interesados y comprometidos con el tema, agrupados en la Asociación Mexicana de Periódicos y la Asociación de Editores de los Estados, y editores de periódicos y empresarios representantes de medios de comunicación impresos: El Universal, Grupo Reforma, La Jornada, Proceso y El Informador de Guadalajara (Ramírez Sáiz, 2008, pp. 49–50).

De acuerdo con Ramírez Sáiz (2008), en México no se tienen registros de una intervención ciudadana de este nivel (federal) en la elaboración de una ley. A este respecto, apunta: “Jamás se había negociado un ordenamiento jurídico en una mesa de trabajo con intervención de los ciudadanos, solo entre diputados y senadores” (Navarro, citado en Ramírez Sáiz, 2008, p. 32). En Jalisco se presentó la primera iniciativa popular de ley a través del Colectivo Voces Unidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en 1998, en la que participaron organismos civiles y el ITESO.

 

Antecedentes y organismos promotores de la transparencia en Jalisco

El derecho a la información alude a un derecho humano referido a la obtención de información (noticias, datos, hechos, opiniones) que están en poder de las dependencias públicas. La información pública es una de las materias primas del trabajo universitario en varias áreas y se ha constituido en un objeto de estudio relevante de los últimos tiempos por diversas razones: por ser la base para el ejercicio de otros derechos como el de expresión, comunicación, participación, petición, entre otros; por ser una garantía individual contemplado como un derecho constitucional; por su vinculación estrecha con la comunicación pública y el ejercicio del poder, y por ser un elemento fundamental para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, entre otros.

Los antecedentes del abordaje del derecho a la información y la transparencia en las universidades datan de principios del año 2000 con materias relacionadas con la legislación de la comunicación (y posteriormente el derecho de la comunicación y derecho a la información). En el caso del ITESO, a través de la Licenciatura de Comunicación del Departamento de Estudios Socioculturales, se empezó abordar el derecho a la información, a través de la materia Legislación de la comunicación (como optativa en el plan de estudios de 1994), luego se incluyó como asignatura obligatoria con el nombre Derecho de la comunicación (en el plan de estudios de 2004) que incluía la reforma constitucional del artículo 6o, así como las leyes de acceso a la información estatal y federal.

Además de la docencia, la transparencia y el derecho a la información se han puesto en marcha en las universidades diversas actividades de intervención, formación y difusión en coordinación con actores sociales por medio del servicio social y de los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) en el caso del ITESO. Ejemplo de esto es la conformación de observatorios u organismos de contraloría social, como el Observatorio Metropolitano de Guadalajara; Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) Jalisco; la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) Capítulo Jalisco; QMedios (antes Quid de Medios y, a partir de 2018, Etius, Observatorio de comunicación y cultura); el Observatorio Legislativo; el Observatorio Jalisco Cómo Vamos; el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua; la Academia Jalisciense de Transparencia y Acceso a la Información; Profesionales por la Ética, Tómala, entre otros. Como veremos más adelante, en todos estos organismos destaca la participación de universidades como el ITESO, la Universidad de Guadalajara, el Tecnológico de Monterrey y la Univa, además de diversas organizaciones ciudadanas y empresariales.

De los organismos citados los que abordan de manera más directa los temas de transparencia, derecho de acceso a la información y rendición social de cuentas son: Cimtra–Jalisco; la Amedi–Jalisco; el Observatorio Legislativo del ITESO; la Academia Jalisciense de Transparencia y Acceso a la Información, Profesionales por la Ética, Tómala, el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco (OPSEAJ) y Presupuesto Bajo la Lupa (exWikis).[2] ¿Cuáles son las principales acciones que se han instrumentado en el Estado por parte de estos organismos? ¿De qué manera han afectado estas acciones el ámbito de lo público?

Por cuestiones de espacio y por la vinculación con la intervención social universitaria me centraré en tres actividades vinculadas a la rendición social de cuentas de los organismos citados en las siguientes líneas de acción: los procesos formativos de los actores sociales, los ejercicios de rendición social de cuentas y la incidencia en el marco normativo del derecho a la información.

 

Los procesos formativos de los actores sociales

Las actividades de formación de los actores sociales han tenido como destinatarios: los integrantes de los organismos civiles, los alumnos y profesores,[3] los periodistas y profesionales de la comunicación, y los servidores públicos.

En el caso de Cimtra–Jalisco, conformado en abril de 2004, integrado por organismos civiles, empresarial y universidades,[4] ha utilizado básicamente el formato de curso–taller para promover la formación, dirigidos principalmente a los integrantes de su organización, así como a los alumnos, profesores y servidores públicos municipales. En el caso de los alumnos, algunos se han involucrado en los ejercicios de evaluación, a través del servicio social (los del ITESO, través de los pap), otros han participado como evaluadores de manera puntual, sin involucrarse con la organización, y otros se han integrado a esta por un periodo. También han realizado foros y diplomados junto con el ITESO y otras universidades,[5] entre los cuales destacan los diplomados promovidos por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) y la Universidad de Guadalajara, así como la Maestría en línea sobre Transparencia y Protección de Datos Personales de la Universidad de Guadalajara Virtual. Sus contenidos, en algunos casos, abordan el marco conceptual y normativo del derecho a la información, la problemática de los gobiernos locales, la metodología, herramientas e indicadores de evaluación del programa en cuestión.

La Amedi–Jalisco, creada en marzo de 2008, integrado por profesionistas y periodistas del ITESO, la Universidad de Guadalajara, la Univa y ciudadanos, ha privilegiado el formato de seminario, foros y cursos, dirigido a sus integrantes, los periodistas, comunicólogos y organismos civiles. Los temas aluden al marco conceptual y normativo del derecho a la información, telecomunicaciones y radiodifusión, redes sociales, violencia a periodistas, entre otros. En los cursos sobre derecho a la información han participado alumnos, maestros y miembros de organismos civiles con la finalidad de ampliar sus conocimientos sobre estos tópicos.

El Observatorio Legislativo del ITESO, integrado por profesores y alumnos, empezó a operar en 2007; promueve la formación a través del formato curso–taller, dirigido a estudiantes, principalmente. Los temas están referidos a políticas públicas; teoría del poder legislativo, al marco normativo del Poder Legislativo, la metodología y los indicadores de evaluación. Desde un principio se han involucrado solamente alumnos a través de los pap y eventualmente profesores que tienen una participación en el observatorio. En algunas ocasiones, los estudiantes y profesores de este observatorio se han involucrado en la evaluación del Poder Legislativo de Jalisco en alianza con Cimtra–Jalisco.

La Academia Jalisciense de Transparencia y Acceso a la Información está conformada por profesionistas de la Universidad de Guadalajara, ha centrado su actividad en la organización de foros sobre el derecho a la información, ha realizado encuestas sobre la corrupción en los municipios del área metropolitana de Guadalajara, que incluye los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y Zapopan, junto con Profesionales por la Ética, y ha participado en los debates sobre el marco jurídico del derecho a la información. Su última aparición pública fue en 2014.

Fundada en 1992, Profesionales por la Ética tiene presencia en algunos países como España, México, Argentina, Chile y Colombia. En México inició trabajos en 2003, está conformado por profesionistas, estudiantes y maestros de varias universidades interesados en los temas de combate a la corrupción, la transparencia y la ética. En Jalisco fue impulsada por académicos y alumnos de la Univa. La formación ha estado centrada en cursos y foros, su público son los estudiantes y profesores, los temas que manejan son: combate a la corrupción, transparencia y ética política. Desarrollaron una metodología para medir la corrupción y la percepción sobre esta en el ámbito municipal, en el área metropolitana de Guadalajara. Su última aparición pública fue en 2014.

Tómala se conformó en marzo de 2013 por activistas de varias agrupaciones civiles, empresarios y académicos, con el propósito de visibilizar el trabajo que realizan los organismos civiles, colectivos y personas orientados a promover transformaciones sociales. Sus actividades de formación están relacionadas con foros públicos, los “diálogos de frente” y los informes ciudadanos (“nuestras miradas”), en los que participan activistas de organismos civiles, académicos, empresarios y funcionarios públicos. El público al que se dirigen es amplio y diverso, los temas que han abordado son gestión integral del agua, movilidad urbana, combate a la corrupción, la desigualdad social y las relaciones gobierno–sociedad, entre otros.

El Opseaj se conformó a raíz de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco (SEAJ). Está integrado por algunas agrupaciones y colectivos ciudadanos.[6] Realizan reuniones periódicas y han llevado a cabo talleres de planeación estratégica. Su actividad se ha centrado en el monitoreo de la instrumentación y el funcionamiento del SEAJ, con el que mantienen una relación estrecha, con la finalidad de identificar los problemas coyunturales y estructurales en el desempeño de los organismos que forman parte del sistema y coadyuvar en el diseño y puesta en práctica de posibles soluciones. De abril de 2018 a agosto de 2019 han generado seis informes sobre la marcha del SEAJ.[7]

En resumen, las actividades de formación que realizan los organismos civiles tienen diversas modalidades, son apoyados y en ocasiones realizados por académicos y están dirigidos a los propios integrantes de esos organismos, así como a otras agrupaciones sociales y servidores públicos. Entre los temas que se abordan destacan los aspectos normativos e institucionales, los conceptos, metodologías de trabajo y problemáticas vinculados a sus temas de su interés. Gran parte de la actividad formativa está orientada a favorecer las capacidades de acción y fortalecimiento de los propios organismos.

 

Ejercicios de rendición social de cuentas

En este apartado interesa destacar las acciones de rendición social de cuentas que llevan a cabo los organismos citados, sus herramientas y metodologías. Es difícil dar cuenta cabal de los impactos que tienen estos ejercicios en las instituciones del gobierno y en la sociedad, pero sí se podrá advertir de algunas acciones inmediatas de mejora que se observan y que son mencionados por los propios actores.

Cimtra–Jalisco, realiza una auditoría social respecto a la información publicada por los gobiernos municipales del estado de Jalisco en su página web, cada seis meses en promedio, a través de un cuestionario (Cimtra–Municipal) estructurado en tres campos: acceso a la información, comunicación gobierno–sociedad y atención ciudadana, en el que se revisan nueve bloques de información y se evalúan 45 aspectos que contienen 168 variables. Proporciona los resultados de sus evaluaciones de transparencia municipal a través de conferencias de prensa (boletín y presentación en PowerPoint) que suelen ser concurridas y tener una amplia difusión en medios impresos y electrónicos, así como en redes sociales.[8] Generalmente los medios resaltan el ranking de calificaciones de los aprobados y reprobados, así como las áreas más transparentes y opacas de las administraciones municipales. Esta difusión cobra mayor interés en las coyunturas electorales por la competencia entre los aspirantes de los diferentes partidos.

En la evaluación del periodo agosto–septiembre de 2019 se evaluaron 37 municipios de Jalisco. El promedio de calificación fue de 55.1% en un rango de cero a cien (0–100). El mayor impacto que registra este organismo, es un incremento de los niveles de transparencia en los municipios entre las primeras y las subsecuentes evaluaciones. Se ha incrementado de manera sustancial el número de convenios de colaboración entre Cimtra–Jalisco y los gobiernos municipales (un total de 25 en el primer año de las administraciones municipales 2018–2020), así como las reuniones de capacitación en las que participan los responsables de las unidades de transparencia.

La Amedi–Jalisco no cuenta con un instrumento de contraloría social estructurado como otros organismos. Sin embargo, realiza un monitoreo efectivo de la política de comunicación y de transparencia del gobierno del estado y ha logrado visibilizar, denunciar irregularidades y violaciones al derecho a la información de los ciudadanos, además de incidir de manera importante en el marco normativo de la transparencia, en el proceso de designación de los titulares del ITEI y en las decisiones que tienen que ver con la comunicación social del gobierno. Al respecto destacan tres grandes acciones: la exigencia de transparencia y legalidad en la elección de los vocales ciudadanos del consejo consultivo y del defensor de la audiencia del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRYTV), que derivó en reuniones con el director de este organismo, la inclusión de integrantes de la Amedi en el consejo ciudadano, así como en reuniones con el defensor de audiencias;[9] la denuncia y el rechazo del convenio de colaboración entre el SJRYTV con Radio Fórmula que permitía retransmitir contenidos noticiosos (de Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola y Christian Martinoli) que ya estaban disponibles en el cuadrante local[10] y que derivó en una fuerte crítica mediática hacia el gobierno del estado que terminó por cancelar el convenio citado, y la denuncia, junto con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la unilateral y arbitraria decisión del exdirector del SJRYTV (2013–2015), Sergio Ramírez Robles, de eliminar la información sobre el proceso electoral local ordinario de 2014–2015 de sus noticieros (del 5 de abril al 8 de julio de 2015), violentando el derecho de los ciudadanos a la información (artículo 6o segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). La queja se hizo llegar al gobernador, al contralor del estado, al Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, al Relator Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como al defensor de audiencias del SJRYTV, Julio César Hernández Gutiérrez, quien obtuvo la promesa del director de ese organismo, Sergio Ramírez Robles, de atender las recomendaciones sobre este tema. Al mes de junio de 2020 los organismos defensores de los derechos humanos de Jalisco y nacional no habían dado respuesta.

El Observatorio Legislativo del ITESO evalúa la calidad de las iniciativas de ley presentadas por los diputados a través de la plataforma de información legislativa del estado de Jalisco. La metodología se orienta a medir la probabilidad de esas iniciativas de contribuir a la solución de un problema público. Se evalúan los siguientes aspectos: la claridad y coherencia; la armonía con las leyes ya existentes; los mecanismos que permitan cumplir
la ley; la relevancia del problema o de los cambios institucionales; la fundamentación de la propuesta (técnica, científica y social); la identificación de población objetivo; la previsión de la evaluación de los objetivos; el análisis de costo–efectividad; el presupuesto requerido y fuentes de financiamiento, y un análisis de impacto regulatorio que permita prever si la población acatará o no la legislación propuesta. Las evaluaciones se realizan cada año y se presentan informes trianuales. El último periodo evaluado fue el de noviembre de 2013 a abril de 2015, se evaluaron 233 iniciativas de ley, de un total de 304 consultadas (76.6%).
Los resultados de la evaluación se presentaron en forma individual, por bancadas de los partidos y por el conjunto del Congreso.

El promedio de evaluación del total de iniciativas del conjunto del Congreso, en el periodo citado, fue de 54% en calidad.[11] Los resultados se difunden a través de conferencia de prensa (boletín) y por medios electrónicos. El tema es de interés de los medios de comunicación que suelen resaltar las deficiencias del trabajo legislativo y la comparación entre los partidos con representación en el Congreso (Arenas, 2015).

La Academia Jalisciense de Transparencia y Acceso a la Información y Profesionales por la Ética elaboraron un índice municipal de corrupción que han aplicado en tres ocasiones (2010, 2011 y 2014), con el propósito de medir el grado de corrupción que se presenta en los municipios del área metropolitana de Guadalajara e identificar las áreas susceptibles de más y menos corrupción. El estudio contempló las siguientes áreas: significado de la corrupción; experiencias de corrupción; última experiencia de corrupción; actitudes frente a la corrupción; daño de la corrupción, y cultura de la transparencia.

En 2014 se aplicaron 1,922 encuestas, 80% a ciudadanos y 20% a funcionarios. Los resultados se dieron a conocer en conferencia de prensa. Las áreas que reportaron mayor corrupción fueron seguridad pública, licencias e inspección. Las que reportaron menos: secretaría general, servicios públicos y sindicatura (Villaseñor, 2014). En las conclusiones se destaca la percepción de un retroceso en el combate a la corrupción: 93% de los encuestados señaló que la corrupción está peor o igual que antes (8% más que los datos registrados en la encuesta del 2012) (Del Castillo, 2014).

Al igual que la Amedi–Jalisco, Tómala no cuenta con un instrumento de contraloría social, aunque han llevado a cabo una especie de “contra–informe” (titulado “Nuestras Miradas”, denominado el año de la sociedad civil) al informe oficial del Gobierno del Estado, en abril de 2018), en el que participan integrantes de diversos organismos que aborda diversas problemáticas: prevención para la seguridad, niñez, cultura de paz y derechos humanos, igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, gestión integral y agua, ciudad y territorio, pobreza y desigualdad, movilidad, designaciones públicas y rendición de cuentas, participación ciudadana y sistemas locales anticorrupción. Han celebrado “diálogo con alcaldes” del área metropolitana de Guadalajara sobre tópicos relacionados con la ciudad (planes de desarrollo municipal, plan maestro de Huentitán, #Ciudadppgdl y han llevado a cabo foros sobre pobreza y desigualdad, así como las relaciones gobierno–sociedad. Tómala difunde sus foros y actividades a través de conferencias de prensa, acciones directas en el espacio público y en las redes sociales desde una perspectiva lúdica. En marzo de 2019 Tómala, junto con diversos organismos de la sociedad civil y el ITESO, llevaron a cabo el foro: “Co–incidencia” sobre sociedad civil y transformación social en el que abordaron la problemática relación del gobierno con las organizaciones sociales, a escala federal y en Jalisco (https://www.tomala.mx/).

Al igual que el anterior, el opseaj no cuenta con una metodología ni indicadores definidos para evaluar el funcionamiento y el desempeño del seaj. En el sexto informe que realizó, del 28 de agosto de 2019, dio seguimiento de las observaciones pendientes de atención centrado en tres ejes: el presupuesto y los recursos humanos; normatividad y armonización jurídica, y coordinación integral del sistema y su vinculación con sociedad civil. Los avances y pendientes de cada eje se presentan en la tabla 6.1.

Las acciones de contraloría social llevadas a cabo por estos organismos son diversos, y destacan los mecanismos estructurados (cuestionarios, encuestas, estudios), los semiestructurados (foros, mesas de diálogo, encuentros) y los de formato abierto centrados en el análisis de coyuntura. En todos los casos hay una utilización del recurso mediático (conferencias de prensa) y las redes sociales con la intención de influir en la opinión pública y en los tomadores de decisión de los diferentes órganos y niveles de gobierno, algunos con mayor claridad, contundencia y efectividad que otros que se observa en la atención inmediata por parte de la autoridad (como son los casos de la Amedi–Jalisco y Cimtra–Jalisco).

Además de los ejercicios de rendición social de cuentas citados, algunos de los organismos aludidos (Amedi–Jalisco; Cimtra–Jalisco; Tómala y, en menor medida, la Academia Jalisciense de Transparencia y Acceso a la Información) han centrado su atención en la incidencia del marco normativo del derecho a la información. En este apartado, a diferencia de los anteriores, se destacan los cambios y aspectos jurídicos de las leyes de transparencia de la entidad que han generado mayor debate entre los diputados y los organismos ciudadanos. En esta confrontación, el papel de los académicos ha sido decisivo, como se verá a continuación.

 

La incidencia ciudadana en el marco normativo del derecho a la información

La primera ley

Con la entrada del siglo XXI Jalisco ha contado con al menos cinco leyes de acceso a la información (2001, 2005, 2011, 2013 y 2015); este tema ha sido el que más iniciativas de reforma han presentado los diputados en las últimas tres legislaciones. En mayor o menor medida todos los organismos citados en el punto anterior han tenido una intervención directa o indirecta en la elaboración, defensa y modificación del marco normativo del derecho a la información del estado de Jalisco. Desde la primera ley en la materia, aprobada el 20 de diciembre de 2001, hasta la de noviembre de 2015, la participación de los académicos de varias universidades y de organismos de la sociedad civil se ha hecho patente a través de foros, los medios de comunicación y las redes sociales (Bautista Farías, 2019).

De la primera Ley de Transparencia e Información Pública del Estado, en vigor el 24 de mayo de 2002, no hubo gran discusión pública pues solo se registró un foro el 26 de octubre de 2001 en el Instituto Cultural Cabañas, en el que participaron académicos de la Ciudad de México, Sergio López Ayllón, de la UNAM,[12] y Cristina Romo Gil, del ITESO, entre otros. La atención de la primera ley se concentró al interior del Congreso en donde se presentaron iniciativas por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con Enrique Ibarra Pedroza, coordinador de ese partido, y el Partido Acción Nacional (PAN), con Fernando Guzmán Pérez Peláez al frente.

La primera ley era confusa en su redacción y limitada en la tutela del derecho a la información, ya que en sentido estricto no obligaba a las autoridades a transparentar ni difundir información, pues dejaba en estas la posibilidad de hacerlo o negarlo (“pueden”), no existía un órgano garante autónomo: el recurso de revisión se ejercía primero ante el superior jerárquico de la oficina donde se hizo el trámite y como segunda instancia al Tribunal Administrativo del Estado (TAE), que tampoco establecía sanciones específicas y cuya resolución podía llevar años en resolverse.[13]

 

Por una ley de vanguardia

Desde el inicio de sus funciones la LVII Legislatura de Jalisco se comprometió a revisar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y sus Municipios, conformó la Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información Pública,[14] a través de la cual se convocó a foros de consulta ciudadana en varias regiones del estado, además de un foro metropolitano, se efectuaron encuentros con académicos en la Univa y el ITESO, así como con los medios de comunicación.

Derivado de este trabajo el Congreso recibió cerca de 100 propuestas que sirvieron de base para elaborar un proyecto de ley que se sometió a un estudio comparativo con las legislaciones de los estados del país y con los parámetros sobre acceso a la información establecidos por la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (Alonso González, 2007, pp. 80–125).

El 6 de enero de 2005 fue publicada en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco la segunda Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco (LTAIPEJ), pero quedó sujeta a una reforma constitucional (la creación de un órgano garante autónomo) que se hizo paralelamente en diciembre de 2004. Una vez concluido la aprobación de la mayoría de los municipios el Ejecutivo del estado Francisco Ramírez Acuña (2000–2006) publicó el decreto el 26 de marzo de 2005, para la entrada en vigor de la nueva ley seis meses después, el 23 de septiembre de 2005.

A diferencia de la primera ley, la segunda introdujo cambios que dieron un giro importante a favor del derecho a la información de los jaliscienses, entre los que destacan elevar a rango constitucional el derecho a la información; la creación de un órgano constitucional autónomo con resoluciones vinculantes, definitivas e inatacables; la ampliación de los sujetos obligados; la obligación de publicar información fundamental en los portales de los sujetos obligados; establece el principio de máxima revelación; dispone que toda reunión donde se tomen decisiones deberán ser “abiertas”; establece sanciones a los sujetos obligados que no entreguen, oculten o destruyan la información, y reduce el plazo para la entrega de información (de 15 a cinco días), entre otros.

Ramírez Acuña nunca estuvo a favor de una ley de transparencia en los términos aprobados, y menos cuando fue amonestado y acusado penalmente por el ITEI por negarse a acatar una resolución del pleno de este instituto, que le ordenó entregar una copia del cheque de su salario a un ciudadano, el 30 de noviembre de 2005, convirtiéndose en el primer gobernador del país sancionado por no entregar información. El Ejecutivo, a través del diputado José María Martínez Martínez (PAN), intentó bloquear y modificar aspectos sustantivos de esa ley sin conseguirlo.[15]

 

La defensa de la ley

El 13 de julio de 2006, con el argumento de que “toda ley es perfectible”, los coordinadores parlamentarios de la LVII Legislatura, José María Martínez (PAN), Enrique García Hernández (PRI), Salvador Cosío Gaona (Partido de la Revolución Democrática) y Luis Alejandro Rodríguez (Partido Verde Ecologista de México) presentaron una iniciativa de reforma a la LTAIPEJ, “que no sólo habían preparado con antelación, sino que desde el Ejecutivo habían recabado propuestas entre las distintas dependencias para ‘mejorar la ley’” (Alonso González, 2007b, p.122). Entre las principales modificaciones destacaban: quitar al ITEI la facultad definitiva, inacatable y vinculante de sus decisiones e involucrar al tae; limitar el principio de “máxima revelación”; ampliar el plazo de cinco a 10 días la entrega de información; incorporar como información reservada las auditorías a los recursos públicos efectuados por la ASEJ, y facultar al ITEI para que sesione sin su presidente, entre otras.

El 14 de julio de 2006 más de 20 organismos civiles, empresarios y académicos hicieron público su inconformidad frente a lo calificaron como un retroceso a la ley de transparencia (la nombraron “ley opaca”). El ITEI, por su parte, también se pronunció en contra de los cambios denominándola una “contrarreforma” el 15 de julio de 2006; ambos pronunciamientos tuvieron una repercusión amplia en los medios de comunicación (Larrosa–Fuentes, 2019).

Ante los cuestionamientos de los ciudadanos y del órgano garante la Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información del Congreso organizó un foro de consulta el 8 de septiembre de 2006, en el que se recibieron más de 60 ponencias de universidades, organismos civiles, así como representantes de los tres poderes y los municipios (Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Jalisco, 2006). Frente a la presión de la opinión pública por parte de los académicos, organismos empresariales, periodistas y organizaciones civiles, los diputados decidieron no hacer cambios a la ley.

 

El retroceso

Sin consultar a los ciudadanos y de manera sorpresiva, el 9 de diciembre de 2011 el Congreso del Estado abrogó la LTAIPEJ y creó la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Ante esta situación la Amedi–Jalisco condenó el procedimiento bajo el cual se dio esta aprobación, señalando la ausencia de una consulta a los ciudadanos y los expertos en esta materia, así como a la indiferencia a una propuesta presentada por este organismo a los diputados el 16 de abril de 2010; la incongruencia del Congreso de no involucrar al ITEI en la creación de la nueva ley; la celeridad en la aprobación de la ley, sin discusión y violentando procedimientos legislativos (no apareció el tema en el orden del día); la aprobación de esta ley a cambio de 200 millones de pesos que entregó el gobernador, Emilio González Márquez (2006–2012), al Congreso para subsanar su crisis financiera, y el desconocimiento de los diputados del contenido de la ley aprobada. La Amedi–Jalisco solicitó al Ejecutivo no publicar la ley y al Congreso realizar un foro público para crear una ley democrática que respete los derechos humanos.[16]

Representantes de organismos civiles (Amedi–Jalisco, Cimtra–Jalisco, la Academia Jalisciense de Transparencia y Acceso a la Información) y académicos de la Universidad de Guadalajara y del ITESO sostuvieron una reunión con Jorge Gutiérrez Reynaga, presidente del ITEI, en la que se acordó respaldar la petición de la Amedi–Jalisco. El gobernador no atendió la solicitud y publicó la nueva ley el 22 de diciembre de 2011 en un claro “madruguete” vacacional. El ITEI no cuestionó ni buscó una solución alternativa frente a este retroceso, ya que, en opinión de su presidente, salieron beneficiados al otorgarles más facultades y duplicarles el presupuesto a partir de 2012.[17]

 

La ley vitrina

El 10 de diciembre de 2012 la agrupación autodenominada Guadalajara para Todos, integrada por diferentes organizaciones civiles, académicos y empresarios, que luego conformarían Tómala, presentaron a los diputados de la lx Legislatura del Congreso una propuesta de “Agenda Ciudadana Legislativa” que contemplaba, entre otros temas, abrogar la ley de transparencia y realizar una consulta ciudadana para la creación de una nueva.[18] El diputado Hernán Cortés Berumen (PAN) atendió la petición y convocó a un grupo de ciudadanos para trabajar en el diseño de una nueva ley. El grupo se conformó por Ignacio González (coordinador estatal de Cimtra–Jalisco); Sergio Padilla (Accede); Juan Larrosa Fuentes y Graciela Bernal (ambos de la Amedi–Jalisco); José Bautista (académico del ITESO) y Vicente Viveros (consejero del ITEI). Por parte del Congreso, participaron Hernán Cortés, Francisco Castillo (asesor jurídico del Congreso) y Paulina Rubio (asistente del diputado Cortés). A la iniciativa de ley se le denominó “ley vitrina”. El grupo se propuso recuperar lo más avanzado de las leyes de transparencia de Jalisco y otros estados; se revisó y discutió artículo por artículo, se llevó a cabo el “Primer Foro de Consulta Virtual para la dictaminación de la Ley Vitrina” del 22 de marzo al 15 de abril de 2013, las ponencias fueron publicadas en la Internet.[19]

Dentro de los aspectos más relevantes de la “ley vitrina” sobresalen: se concibe a la información como un bien público; se crea un Consejo Consultivo para la elección de los consejeros del ITEI; se establece la promoción de la cultura de la transparencia en las escuelas; se introduce la obligación de hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios; se obliga a los partidos a transparentar sus padrones de militantes; se elimina la sanción penal por divulgar información reservada; se incorporan criterios de interpretación de la ley con base en tratados internacionales, y se incluye a los sindicatos como sujetos obligados, entre otras. El 23 de julio de 2013 Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador del estado de Jalisco (2012–2018), publicó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), con el decreto número 24450/LX/13, que entró en vigor al día siguiente de su publicación.

 

Polémica intervención del Ejecutivo en reforma a Ley de Transparencia

Derivado de la creación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), publicada el 4 de mayo de 2015, que estableció el plazo de un año para la armonización de las leyes estatales de transparencia, por iniciativa del diputado Hernán Cortés Berumen (pan) se convocó a las mismas personas y organismos involucrados en la “ley vitrina”, sumándose además el Consejo para el Desarrollo Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (Cesjal) para elaborar una iniciativa de reforma de la LTAIPEJM del 2013 con la finalidad de homologarla con la citada LGTAIP. Se efectuaron dos foros, uno celebrado el 19 de mayo de 2015 en el congreso con invitados locales[20] y otro el 10 de julio del mismo año con invitados del ámbito nacional: Óscar Guerra Ford, comisionado nacional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Laura Rojas Hernández, senadora de la república; Agustín Ramírez, presidente de la Amedi, y Ricardo Jiménez, coordinador de Cimtra. La redacción del dictamen se consensó y dejó en manos de la Comisión de Puntos Constitucionales y Reglamentos del Congreso, que hizo suyo el documento con aportaciones de todos los miembros de la comisión y de las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Así, el dictamen de decreto para su primera lectura se presentó ante el pleno del Congreso el 23 de julio de 2015.

Cuando el dictamen de decreto entró a su segunda lectura fue retirado del orden del día en sesiones, ante la petición de más tiempo para hacer observaciones de parte de los legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. El 8 de septiembre de 2015 el dictamen entró ante el Pleno del Congreso en segunda lectura, pero junto a ella diversas propuestas anexadas en el orden del día de la sesión que plantearon más modificaciones que no aparecieron en el dictamen circulado entre diputados y dispuesto de manera pública en el sitio de internet del Congreso. Las propuestas de modificación incorporadas en el dictamen de segunda lectura fueron firmadas por el diputado José Luis Munguía Cardona (PAN). Según versiones periodísticas, estas modificaciones de última hora fueron realizadas por el Ejecutivo y tenían la particularidad de retroceder en avances importantes del derecho a la información (Mellado 2015a y 2015b; De Dios Corona, 2015), lo que generó el rechazo de los organismos involucrados en su elaboración que solicitó al gobernador del estado ejercer su facultad constitucional de realizar observaciones (veto) sobre la minuta del decreto (Cimtra, Amedi–Jalisco y Cesjal, 2015).

Ante la fuerte crítica de algunos periodistas, del Consejo Consultivo del ITEI, órgano conformado por empresarios, académicos y ciudadanos, y de los organismos involucrados en la elaboración de la reforma,[21] el secretario general de gobierno del estado, Roberto López Lara (2013–2018), convocó a una reunión con los integrantes de la Amedi–Jalisco, Cimtra– Jalisco, el Consejo Consultivo del ITEI, Cesjal y el ITEI para atender los señalamientos. Producto de esta mesa de diálogo, el Consejo Consultivo del ITEI convocó a una sesión pública y abierta, efectuada el 24 de septiembre de 2015, con el fin de analizar y proponer modificaciones a la LTAIPEJM con expertos y organismos civiles relacionados con esta materia. Se emitieron 71 propuestas de diverso tipo que fueron remitidas al Congreso del Estado y el Ejecutivo para su consideración.[22]

El 15 de octubre de 2015 el gobernador envió al Congreso 15 observaciones para su consideración, entre las cuales destacan: que los informes de las auditorías públicas sean catalogados como información fundamental, que el Colegio de Notarios se incluya como sujeto obligado, ampliar el plazo para presentar el recurso de revisión, se precisa la información que deben contener los cheques emitidos, se incorpora el concepto de transparencia focalizada, entre otros. El 10 de noviembre de 2015 el Congreso del Estado aprobó las modificaciones de reforma a la LTAIPEJM (Nuño, 2015).

 

A manera de conclusión

La intervención social de los académicos en alianza con organismos civiles en la transparencia y derecho a la información no es nueva en Jalisco, desde antes de la alternancia política en este estado, en 1983, se tienen registros de participación e incidencia en el campo electoral (Bautista Farías, 2007). Lo que sí parece una novedad es la intervención cada vez más constante y sistemática en la elaboración, reformas y defensa de leyes de transparencia a través de los organismos civiles y académicos.

La participación de los universitarios en los procesos formativos de actores sociales, así como en los ejercicios de rendición social de cuentas puede cobrar una dimensión mayor con el uso de las tecnologías de información y comunicación (como la plataforma virtual “Haz Tu Ley”), siempre y cuando se conecten con las necesidades y los intereses de los ciudadanos y se utilice para atender los graves problemas que enfrentamos como sociedad. Hay mucho por investigar e impulsar en este campo.

 

Referencias

Alonso González, J.R. (2007a). Leyes de transparencia y acceso a la información pública gubernamental locales: la emergencia del derecho a la información. Cuadernos para la Democratización, 9. México: CIESAS / Universidad Veracruzana.

Alonso González, J.R. (2007b). La ruta de la ley de transparencia en Jalisco. Acceso a la Información, un derecho de avanzada en Jalisco. Guadalajara: ITEI / ITESO.

Arenas, V. (2015, 28 de mayo). Diputados de Jalisco, reprobados en calidad legislativa. El Informador. Recuperado de https://www.informador.mx/Jalisco/Diputados-de-Jalisco-reprobados-en-calidad-legislativa-20150528-0029.html

Bautista Farías, J. (2007). Ciudadanos por la transparencia: surgimiento de un nuevo derecho en Jalisco. Acceso a la Información, un derecho de avanzada en Jalisco. Guadalajara: ITEI/ITESO.

Bautista Farías, J. (2019). La lucha por el derecho a la información en Jalisco. El papel de los organismos civiles. Bernal Loaiza, G. y Lay Arellano I.T. (Coords.). Diez años de lucha por el derecho a la información en Jalisco: 20082019, Guadalajara: Amedi–Jalisco, 151–177.

Cimtra, Amedi–Jalisco y Cesjal (2015, 20 de septiembre). Pronunciamiento de Cimtra, Amedi–Jalisco y el Cesjal sobre la reforma a la ley de transparencia. Recuperado de http://www.amedijalisco.org.mx

Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Jalisco (2006). Memorias del Foro de Consulta para las Reformas a la Ley de Transparencia e Información Pública.

De Dios Corona, S.R. (2015, 15 de septiembre). Transparencia cara… disfraza opacidad. Diario NTR.

Del Castillo, A. (2014, 29 de octubre). La corrupción domina la vida pública tapatía. Milenio Jalisco. Recuperado de https://agustindelcastillo.blogspot.com/2014/10/la-corrupcion-domina-la-vida-publica.html

Larrosa–Fuentes, J.S. (2019). Defensa integral de la transparencia como parte del derecho a la información en Jalisco: el periodo 2010–2013. Bernal Loaiza, G. y Lay Arellano I.T. (Coords.). Diez años de lucha por el derecho a la información en Jalisco: 20082019, Guadalajara: Amedi–Jalisco. 35–39.

Mellado, P. (2015a, 10 de septiembre). Gobierno falso. Mural.

Mellado, P. (2015b, 11 de septiembre). Gobierno sin luces. Mural.

Nuño, A. (2015, 17 de octubre). Recula y propone cambios a la ley. Diario NTR.

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Ramírez Sáiz, J.M. (2008). El acceso a la información pública gubernamental. La gestación de una ley desde las organizaciones civiles. Tlaquepaque: ITESO / Universidad Iberoamericana.

Rodríguez, C.L.; De la Peña, M.S., y Hernández, O.G. (2011, agosto). La intervención social universitaria: un campo de estudio emergente. Complexus, 11. Tlaquepaque: ITESO. Recuperado de https://formacionsocial.iteso.mx/documents/10901/0/Complexus1.pdf/8781be6d-6283-41d2-8f9e-028ab3a7d9bb

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[1].    En el tema de la transparencia y rendición de cuentas a escala nacional destacan: la Red de Rendición de Cuentas; Transparencia Mexicana, AC; Fundar, AC; Artículo 19; Gestión Social, AC; Libertad de Información en México; el Instituto Mexicano para la Competitividad; la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi); “Ciudadanos por Municipios Transparentes” (Cimtra), entre otros.

[2].    El Consejo Económico y Social para el Desarrollo y la Competitividad (Cesjal), conformado por organismos civiles, empresarios, universidades y sindicatos ha presentado iniciativas de reforma y creación de leyes de transparencia. El Observatorio Jalisco Cómo Vamos anunció en conferencia de prensa el 15 de junio de 2016 el proyecto “Alcalde Cómo Vamos”, en coordinación con los municipios de Guadalajara y Zapopan, así como organismos empresariales y civiles (Observatorio Jalisco Cómo Vamos, 2016).

[3].    En el caso de los alumnos la formación está orientada no solo a conocer sino a sumarse a las diversas actividades de intervención que se llevan a cabo desde los organismos, en el caso de los maestros, en cambio, generalmente es a nivel de difusión y, ocasionalmente, a retroalimentar la docencia y publicación de artículos.

[4].    Cimtra–Jalisco actualmente está conformado por Acción Ciudadana para la Educación, la Democracia y el Desarrollo, ac; Emprendimiento Social México; Tú y Yo en Sinergia; el Colegio Estatal de Estudios Políticos y de Gobierno; el Consejo para la Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno de Puerto Vallarta; el Colectivo Desarrollo Social Latinoamericano; la Confederación Patronal Mexicana Jalisco; el ITESO y la Univa.

[5].    La Universidad Veracruzana y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social.

[6].    En su página web se mencionan como miembros: Tómala, Cimtra–Jalisco, la Amedi–Jalisco, el Observatorio Legislativo del ITESO, la Escuela Mexicana de Participación Ciudadana, fm4, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, ac, Las Otras Caras de la Ciudad y #MagistradaYa. A octubre de 2019, la mayoría de estos organismos había dejado de participar.

[7].    Los informes se pueden consultar en: http://www.observatorios.org/#informes

[8].    Los resultados de las evaluaciones realizadas a los municipios de Jalisco y de otros estados se pueden consultar en: http://www.cimtra.org.mx/portal/

[9].    Véase el boletín de prensa de la Amedi–Jalisco del 8 de abril de 2014.

[10].  Véase el comunicado de la Amedi–Jalisco del 9 de diciembre de 2015.

[11].  Véase el boletín de prensa del Observatorio Legislativo del ITESO, del 28 de mayo de 2015, en https://www.iteso.mx/documents/2041858/0/Bolet%C3%ADn200150528.pdf/d666b3da-a054-4b86-9ee3-517bf6111d4f

[12] .  Del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde 2004 Sergio López Ayllón labora como profesor e investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Del periodo 2013–2018 fue nombrado director general de este centro y ratificado para un segundo periodo, de 2018–2023.

[13].  Para una información más amplia sobre las características de la primera Ley de Transparencia e Información Pública del Estado véase Alonso González (2007, pp. 71–80).

[14].  La comisión fue presidida por el diputado José Antonio Muñoz Serrano e integrada por María Joann Novoa Mossberger y Mario Reyna Bustos (PAN), Francisco Javier Hidalgo y Costilla y Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (PRI), con la participación en las discusiones de María del Rocío Corona Nakamura (PRI), Rodolfo Ocampo Velázquez (pan) y Celia Fausto Lizaola (Partido de la Revolución Democrática).

[15].  Véase el periódico Público Milenio del 16 de diciembre de 2004.

[16].  Véase la inserción pagada en el periódico El Informador del 15 de diciembre de 2011, p.10–b.

[17].  Jorge Gutiérrez Reynaga fue electo consejero presidente del ITEI 30 de junio de 2009 en medio de fuertes críticas y cuestionamientos al procedimiento y la legalidad por parte de organismos civiles que solicitaron su renuncia. A cambio de su complicidad con el gobierno en la nueva ley, le duplicaron el presupuesto en 2012 (Romo Gil, 2011).

[18].  Los temas presentados fueron: el caso del auditor Alfonso Godoy Pelayo; la ley de transparencia y acceso a la información pública; la situación de los derechos humanos y la participación ciudadana. Véase la Exposición de motivos del dictamen de Decreto de las comisiones de Participación Ciudadana y Acceso a la Información Pública, y de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado de Jalisco, junio de 2013, p.4.

[19].  Se presentaron 16 ponencias que incluyeron 239 propuestas, de las cuales 130 fueron aceptadas y 109 se consideraron inviables. Véase la ficha de ponencias recibidas, mimeo, s.f.

[20].  El foro se tituló “Un Jalisco Transparente, trabajo de todos los días”, en el que participaron Ignacio González (Cimtra–Jalisco); José Rubén Alonso González (Amedi–Jalisco); Gilberto Tinajero (Cesjal); José Bautista (Consejo Consultivo del ITEI y académico del ITESO); Cynthia Cantero Pacheco (presidenta del ITEI); el diputado Hernán Cortés (pan); la diputada Gabriela Andalón Becerra, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y, en representación del gobernador, Fabián Villaseñor Rivera, director de Estudios legislativos y Acuerdos Gubernamentales del Gobierno del Estado (Serrano y Coronado, 2015).

[21]   Con excepción del ITEI, su presidenta Cynthia Cantero Pacheco respaldó la versión aprobada por el Congreso, mientras que el comisionado Francisco González Vallejo, presentó propuestas de modificación.

[22]   Véase el acta de la sesión extraordinaria del Consejo Consultivo del ITEI del 24 de septiembre de 2015.